¿Tiene derecho un periodista o ciudadano a quien el Estado estafó expropiándole abusivamente un bien, mueble o inmueble, a reclamarlo y sin importar los años que hubiesen pasado de semejante percance que llevó a toda una familia a la quiebra más abusiva?

0
76

De acuerdo con la ley de expropiación, si el Estado y a través del gobierno de turno no ha resarcido a la familia perjudicada pagando el justo precio por el bien expropiado, este y aún cuando el titulo original de propiedad y como sucediera en este caso, por extorsión del entonces ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, al propietario original le corresponde legalmente su reclamo y mucho más, tomando en cuenta el ajuste por inflación o indexación que a la reparación económica debería de acompañarle.

Sin embargo, por sinvergüencería y corrupción política  de la mayoría de los gobiernos y desde los años setenta del pasado siglo y hasta ahora, muy pocas veces el robo perpetrado por el Estado delincuente ha sido resarcido y por lo contrario, la mayoría de los gobiernos y prevalidos del factor político de animosidad absoluta en contra del periodista que ejerce su profesión dentro del más estricto espíritu de decencia, orden y civilidad, por años ha habido una fuerte resistencia a honrar la ley de expropiación.

En consecuencia, al perjudicado y por el “delito” de ser un profesional de criterio propio que hace uso de su profesión para criticar la corrupción reinante y sin temor ni favor y mucho menos pasando factura, se ha visto sometido al escarnio moral y chantaje de pura extorsión por parte de políticos de gobierno, quienes envidiosos por un lado y sinvergüenzas por el otro, han librado batallas propagandísticas terribles y con miras de que la ciudadanía entendiera que el periodista perjudicado no tenía razón a reclamo alguno.

Lo del pasado gobierno fue paradigmático, por más de dos años se hizo creer que el propietario perjudicado sería resarcido y cuando menos se supuso y de acuerdo con el reporte del abogado actuante, un hermano del expresidente Medina, planteó la exigencia de una desorbitante condición para obtener el pago de la deuda y en base a quedarse con las tres cuartas partes del dinero a cubrir el daño inferido y al perjudicado solo entregarle una cuarta parte, pretensión que fue rechazada a lo inmediato.

Por supuesto, a Medina Sánchez directamente o a su valido Montalvo o al otro, Peralta, todavía no se tienen evidencias de que tal variable de pago estuviera en sus conocimientos, por lo que hasta ahora la presunción que existe, es que el llamado “pulpo” actuó por si mismo y a nivel de los abogados actuantes, pero tal actitud sí demostró, que, en el pasado gobierno, la mafia de corrupción a gran escala llegaba a las cercanías de los principales despachos del Palacio Nacional.

¿Podría presumirse que en el nuevo gobierno del licenciado Luis Abinader, se repetiría la historia que comentamos? Y a lo que decimos, que no hay posibilidad alguna del surgimiento de semejante tipo de inconducta y por la sencilla razón, de que tanto Abinader, como los ministros Paliza y Macarrulla, son ciudadanos de una profunda educación de hogar y aceradas muestras de conducta personal de gran probidad y decencia, lo que obliga a descartar, que actitud tan nauseabunda pudiera presentarse y esto así, por la simple razón, de que los tres personajes mencionados son personas de clase media hacia arriba y sin necesidad alguna de practicar las mismas fallas morales de muchos funcionarios del gobierno anterior.

Naturalmente, son tantos los abusos perpetrados, bien que, en el entorno del periodista y ciudadano perjudicado, podría pensarse lo peor, pero basta observar el comportamiento decente y necesariamente integro que a los tres personajes mencionados se entiende que practican, que, y en el caso de que burocráticamente hubiese que tocar sus puertas, no se duda de que el comportamiento será otro y la acción de justicia reparadora que se espera podría ser salvada.

Además, después de tanto luchar frente al Estado delincuente y con 77 años a cuesta y para colmos, con un nuevo cáncer en perspectiva y habiéndosele generado un terrible daño moral y económico, al periodista y ciudadano perjudicado no le cabe la menor duda, de que esta vez su reclamo será atendido y toda vez que el justo pedido de reparación económica y moral y por razón del tiempo, se ha disparado en numero y en función de la inflación o indexación, por lo que el perjudicado aguarda una solución racional fundamentada en el profundo estado de necesidad que le aqueja.

También hay que destacar, que con el daño continuo que al perjudicado se le ha hecho durante más de treinta años y provocado por Balaguer, Leonel Fernández y Danilo, quienes realmente se burlaron impiadosamente del justo reclamo, se evidencian los extremos a los que llega la irresponsabilidad política más marcada y profundamente indecorosa, a la vez que de ataque político inmisericorde y clandestino contra un periodista independiente a todos los poderes públicos y privado, contra quien el poder político presidencial se ha cebado e injustamente durante todos estos años, marca la terrible cuota de resentimientos que acompaña a ciertos o determinados funcionarios.

Igual ocurre contra otra mucha buena gente a quien el Estado delincuente ha expropiado y sin pagarle antes el justo precio por sus propiedades y las que con buena voluntad, seguro que el Estado podría resarcir por tres vías asequibles: Pago en efectivo, permuta o bonos de Hacienda. Solo es asunto de que haya buena voluntad y de que en el gobierno traten por ponerse en la piel del perjudicado periodista y ciudadano tan terriblemente afectado y solo porque ese profesional, en su ejercicio periodístico, no ha delinquido y mucho menos se ha corrompido.

Desde luego, también sabemos, que, al puntualizar de esta forma, habrá gente nada dispuestas a facilitar las cosas para que a quienes el Estado ha expropiado y no pagado sus propiedades, a estos se les redima, pero también decimos, que ya es hora de que por lo menos de aquí en adelante, el gobierno en ejercicio reoriente al Estado Dominicano dentro del nivel de decencia y autoridad moral que de él se espera y en particular al momento de expropiar y no haber hecho el pago correcto. Abinader sin duda alguna y sin presiones, debería tratar de hacer lo correcto y marcar una noble diferencia con sus antecesores.

De ahí que preguntemos: ¿Tiene derecho un periodista o ciudadano a quien el Estado estafó expropiándole abusivamente un bien, mueble o inmueble, a reclamarlo y sin importar los años que hubiesen pasado de semejante percance que llevó a toda una familia a la quiebra más abusiva? La respuesta es sí. (DAG)