El nuevo año ha empezado con la perspectiva de llevarnos hacia dos apasionantes procesos electorales: municipales y autonómicas en mayo, y generales en noviembre o diciembre, salvo que Moncloa decida sorprendernos con un adelanto. Estamos, por tanto, ante el último año del primer mandato completo de Pedro Sánchez. Y el presidente alcanza este hito en el momento más deslumbrante y apabullante de su poder.
Tiene en sus manos el mando absoluto del poder ejecutivo, si exceptuamos el detalle –no menor– de que las ministras y los ministros de Unidas Podemos conforman un pequeño gobierno dentro del Gobierno, y ni su nombramiento ni su destitución dependen del presidente, lo que supone el flagrante incumplimiento de un precepto constitucional muy claro. El artículo 100 establece que poner y quitar ministros es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Pero, en lo que se refiere a los ministros y ministras de Unidas Podemos, Sánchez ha delegado esa función en alguien que no ejerce cargo público ni orgánico alguno.
Haciendo esta salvedad, además del ejecutivo Sánchez tiene bajo su égida el poder legislativo dedicado, casi en exclusiva, a refrendar los innumerables decretos leyes que se redactan en los despachos Moncloa, con pocos o ningún informe de las instituciones constitucionales y, en ocasiones, sin apenas debate.
Desde hoy, además, el presidente dispone de la tutela efectiva del Tribunal Constitucional, cuya mayoría ya es progresista y lo será durante los próximos nueve años, como poco. Si Sánchez perdiera las elecciones o abandonara voluntariamente el poder antes de una década, aun así las fuerzas de la izquierda podrán disfrutar de ese legado que les dejaría su actual líder.
El único estorbo que Pedro Sánchez no ha conseguido quitarse de encima todavía es la incómoda y perturbadora mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, atrincherada en sus despachos –cumplidos ampliamente los plazos constitucionales– como galo frente a romano, con el apoyo del PP en la retaguardia. Los vocales conservadores del CGPJ son los últimos de Filipinas. Quizá aguanten en sus posiciones, pero será sin competencia alguna. Y Sánchez no tiene por costumbre hacer prisioneros. Por: Vicente Vallés [La Razón]
