El proyecto Romero, un yacimiento de oro al que la minera canadiense GoldQuest ha dedicado más de 40 millones de dólares y un montón de años en su exploración, está en el limbo más extraño de la burocracia estatal.
No es que las autoridades duden en dar o no el permiso de explotación. Es que el permiso para hacer el obligado estudio ambiental rebota de despacho en despacho.
En Hondo Valle, la pequeña comunidad más cercana al yacimiento, los campesinos se extrañan de que el permiso no llegue, “para tener conocimiento, sabe usted, de si se puede explotar la mina o no.”
Recogiendo aquí en la capital y allá en las lomas de la Cordillera y en San Juan las conversaciones se puede reconstruir el tortuoso enredo:
1. El anterior ministro Isa Conde apoyaba la iniciativa y consiguió una negociación muy favorable para el Estado: la empresa pagaría un 8% adicional de impuestos que se destinarían a proyectos para la comunidad.
2. El proceso se estancó en Palacio. Nunca se obtuvo la firma del presidente Medina, necesaria para que Medio Ambiente siguiera con el estudio de impacto ambiental. (Demasiados interesados en “un peaje”, dicen.)
3. Ahora es la nueva oposición la que se opone a hacer el estudio ambiental y el PRM no define.
La Academia de Ciencias lo cree necesario y se ofrece a ayudar. En el Ministerio de Energía y Minas ven muchas bondades en el proyecto, ya que ni es a cielo abierto, ni utilizará el agua del río San Juan ni ejecuta procesos químicos, porque lo que se exporta es el material extraído y triturado, pero no procesado. En Palacio adelantan que es factible una reunión esta misma semana.
El senador Félix Bautista (Fuerza del Pueblo), al que no han visto por Hondo Valle, es el más férreo opositor, no ya a la mina, sino… ¡a que se haga el estudio ambiental! Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
