Un país, en el que sus comerciantes no respetan las leyes normales, en tanto los políticos y al convertirse en comerciantes, han incentivado la corrupción generalizada que abate a la clase gobernante, nadie puede suponer, que la nueva ley de lavado de activos será bienvenida

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Con franqueza hay que decirlo, si en la actualidad, el 95 por ciento de la actividad comercial, empresarial y financiera ha sido afectada por el nacimiento de esa extrema actividad económica y financiera de los allegados al poder político vía todo tipo de negocios de contratos de obras y de servicios, es imposible suponer, que después de que por más de 22 años se ha vivido como en el viejo oeste estadounidense, sin apego a ley ni reglamentación alguna, que de buenas a primeras se acepte un instrumento legal totalmente importado y contrario al quehacer de negocios dominicanos.

            Por lo tanto, para este periódico digital POR EL OJO DE LA CERRADURA, no tiene ninguna extrañeza, que la creación y aprobación super acelerada de la nueva ley de lavado de activos, un instrumento legal importado y totalmente alejado del uso y costumbre comercial y empresarial dominicana, se hubiese convertido en una especie de provocación, que se acentúa más y debido a las presiones que el gobierno estadounidense ha utilizado sin sonrojo alguno y para imponerla en los estados vasallos limítrofes y por lo que a partir de esta realidad, haya que entender, que Washington va a encontrarse con una situación inédita, de toda la clase gobernante de un país, negada a aceptar tal tipo de coacción y control.

         En este aspecto, sabemos que más de 125 empresas han suspendido sus programas o planes de mayor inversión, así como  que otras muchas se apresuran a movilizar sus dineros en bancos estadounidenses hacia terceros países en los que se sientan menos perseguidos y acosados y lo más curioso, que muchos empresarios que son ciudadanos estadounidenses nacionalizados y quienes aquí pasan como dominicanos por haber nacido en el territorio nacional o ser descendientes de intereses foráneos, prácticamente se han decidido por reestructurar sus negocios, activos e inversiones y con tal de que la nueva ley no termine de afectarles de pleno por las actividades de enriquecimiento acelerado que hubiesen practicado.

            Y si lo pensamos bien, el temor no deja de tener fundamento. En primer lugar, porque los políticos y empresarios criollos y en una fuerte mayoría, son dóciles voluntades que no resisten perder los favores o atenciones de los diplomáticos y agentes consulares estadounidenses y segundo, que con “la narrativa” de que la susodicha ley se enmarca en acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado Dominicano, acuerdos y del tipo de los que nacieron al amparo de la primera cumbre de Las Américas con el pretexto del combate al narcotráfico, que el empresariado y en lo que casi todos sus miembros se encuentran identificados, sienten, que al final serán victimas del despotismo y presión de agentes estadounidenses y peor, de la parte de estos que entienden y con el presidente Donald Trump a la cabeza y esto, solo viendo la paja en el ojo ajeno,  que República Dominicana es un estado corrupto y complaciente con el narcotráfico.

            Desde luego, no es que el empresariado dominicano no quiera prestarle atención a la ley del lavado de activos y hasta tratar de acomodarse a la misma, pero ¿cómo hacerlo? Se preguntan muchos, cuando la mayoría de los narcotraficantes sudamericanos, centroamericanos y mexicanos, su principal actividad es proveer de drogas ilícitas a consumidores estadounidenses y de paso, comprobándose, que al ser clientes de bancos estadounidenses, son estos los que reciben las macro ganancias de ese formidable comercio ilegal y de ahí que también se pregunten ¿y por qué nuestros socios estadounidenses pueden continuar con la actividad y abastecimiento a más de 25 millones de estadounidenses drogadictos, en tanto Washington solo se fija en lo que hagamos “los negritos come coco caribeños” y en particular los dominicanos y por cuyos pensamientos, ciertamente que a estos últimos no les faltaría la razón?

            Inclusive, otros asumen, que EEUU y con su peculiar lucha contra el narcotráfico, parecería, que lo que pretende, es que la producción sudamericana de cocaína, barbitúricos y marihuana, que pasa por República Dominicana como país puente, sea descontinuada, en tanto Washington se hace de la vista larga y con tal de hacer del territorio estadounidense una inmensa zona franca productora de todo tipo de drogas ilícitas y casi en el mismo estilo del interés estadounidense por liquidar los paraísos fiscales en el resto del globo y para salvar y fortalecer a los cuatro estados estadounidenses que efectúan la misma función.

            Es decir, nadie es tonto y todo el mundo conoce y como lo saben los principales periódicos y plantas de radio y televisión, así como agencias de prensa estadounidenses, que solo por el tráfico y consumo de marihuana dentro de las fronteras estadounidenses, son más de 300 mil millones de dólares que ingresan a la economía del país del norte y para no hablar de otra suma mayor por tráfico y consumo de cocaína y heroína o que hasta hace poco, cuando a finales de los años ochenta cayera el Muro de Berlín y luego se viniera abajo la Guerra Fría, las principales entidades de seguridad nacional estadounidenses, mantenían los ejércitos o grupos de fedayines en base a la comercialización de drogas ilícitas y del terrible tráfico de armas.

            Razonamiento que ha llevado a muchos empresarios, a entender, que la tal guerra contra las drogas ilícitas, no es mas que el escenario perverso que EEUU tiene para lograr monopolizar la producción y consumo de drogas ilícitas, a la par que por medio de sus instituciones financieras, descalabrar a las entidades bancarias al sur del río Grande y en particular dominicanas y con el mismo objetivo imperial, de monopolizar e impedir que estas naciones puedan disponer de sistemas financieros y comerciales realmente autónomos.

            Justo por ello, es que se presenta la hasta ahora apenas oculta resistencia y oposición dominicana a la nueva ley de lavado de activos y porque el empresariado dominicano, la entiende como el mayor pretexto que EEUU dispone, para desarticular, tanto la economía y la actividad financiera dominicana, como obligar a esta economía a depender a más de la estadounidense.

            Por supuesto, tampoco es que podamos creer, que lo que se murmura o se discute entre dientes y en conciliábulos políticos y empresariales, sea del todo cierto, pero hay una realidad innegable, con la nueva ley de lavado de activos. Que EEUU  y con el chantaje de los acuerdos internacionales suscritos, más el apoyo de sus agentes dormidos dominicanos, busca realmente frenar el formidable crecimiento sostenido de la economía dominicana y ante lo cual y cada quien sintiendo que es hijo y parte de un país soberano e independiente, presenta las naturales resistencias y frente a una imposición, que en definitiva, no va acorde a la idiosincrasia dominicana y no precisamente por la corrupción existente, sino porque lo que se nota y que lo manifiestan quienes así piensan, es que si las autoridades dominicanas no marcan territorio y buscan la materialización de una conferencia binacional o internacional al respecto, al final, será esta nación la que podría perder a lo absoluto.

            Entonces y cuando se llega a los grupos empresariales nacionales, es evidente que hay un clima de desasosiego y también de miedo, por el que se pudiera afectar sensiblemente el clima de negocios en este país. Sobre todo, cuando una ley como la que se rechaza está redactada en términos propios estadounidenses y que nada tiene que ver con la mentalidad y el uso dominicano y por añadidura, viendo, como elementos de las fuerzas Armadas y la Policía Nacional y organismos anti drogas y de inteligencia dominicanos, todos, dirigidos por uniformados cien por ciento obedientes a Washington, siempre estos están dispuestos aplicar todo lo que los agregados militares y policiales estadounidenses les ordenen.

            De esta forma y con el espíritu de casi sentirse atrapado y sin salida, el empresariado dominicano busca el apoyo de los políticos en el Congreso Nacional y de los otros tan determinantes dentro del Poder Ejecutivo, pues al fin de cuentas, República Dominicana y aun cuando sea en el papel, es una nación tan independiente y soberana como la estadounidense y a partir de ahí, se espera que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez encare esa realidad y aun cuando sea por una vez, defienda como se debe  los intereses permanentes de esta nación.

            Pues en un país, en el que sus comerciantes no respetan las leyes normales, en tanto los políticos y al convertirse en comerciantes, han incentivado la corrupción generalizada que abate a la clase gobernante, nadie puede suponer, que la nueva ley de lavado de activos será bienvenida y mucho menos, que no se le plantará oposición y hasta lograr que sus efectos perniciosos disminuyan y sus disposiciones sean manejable. Total, el principio de toda ley, es que sea propia de la mentalidad donde se aplicará y no, que, por los intereses de otro país, una ley importada le sea impuesta a rajatablas. Con Dios. [DAG. Sábado, 20 de enero de 2018. Año XVI. Número 6,156]