Una atrevida como artera acusación emitida por el jefe de la curia católica en el Distrito Nacional y que unida al malestar militar por lo del caso Coral, parecería, que de buenas a primeras el Gobierno es víctima de ataques desmesurados y francamente injustos

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Todavía no salimos del asombro, al conocer la última declaración del arzobispo metropolitano católico, Francisco Ozoria, quien por coincidencia y en lo militar, tiene el rango de mayor general y quien sin sustentar su criterio en pruebas verificables, lanzó la temeraria acusación de que el gobierno esconde la magnitud de los muertos por coronavirus.

Semejante imputación, tan ligera como atrevida, por obligación abría que unirla y como reacción ultima, al creciente malestar militar originado en la lucha gubernamental contra la corrupción y tanto a nivel público civil y también militar, que por lo visto, tomó al alto mando militar por sorpresa y al conocerse el ultimo caso delictivo que envuelve al sector militar, que para el ministerio público central implica nada menos que un soberbio desfalco, cohecho, prevaricación, trafico de influencias y robo al Estado de más de tres mil millones de pesos.

Por la implicación del caso CORAL, por primera vez un mayor general en activo del Ejército, no solo que es imputado, sino que también se le apresa y una juez le impone una medida cautelar de 18 meses en lo que termina por investigársele para llevarle a un juicio de fondo.

Con el apresamiento del jefe militar en activo, Adán Benoni Cáceres Silvestre y por hechos que han ocurrido estando este en prisión, se entendió, que como nunca el alto mando militar se estremeció de arriba hasta abajo, al entender que el accionar de la Procuraduría General de la República, no simplemente que había pasado todo limite de prudencia, sino que por primera vez un gobierno colocaba a todo el aparato militar en el banquillo de los acusados.

Desde luego, no es que si hay algún militar que transgrede, normas y leyes, no se le pueda imputar y eventualmente someterle a juicio, pero evidentemente, se esperaba que el día que sucediera, el ministerio público a cargo, en este caso el perseguidor contra la corrupción, debía de tener y por razones de Estado, determinado trato  no ultrajante  y del que pudiera terminar siendo víctima, tanto Cáceres Silvestre como otros siete oficiales más, al tiempo que paralelamente y por parte de algún sonado juicio paralelo mediático implementado con premura por parte de periodistas y medios "en cooperación intima" con los fiscales y subprocuradores actuantes, la mayoría nada simpáticos hacia el sector militar, que al mismo tiempo y eventualmente, llevara al paredón público y con toda la maliciosa carga de emotividad deformada que ello implica.

Y es que el paredón público mediático en proceso, ese que la justicia administrativa a cargo de las indagatorias contra cualquier procesado y que es lo que se estila desde los subprocuradores a cargo de la corrupción (Pepca) y que  a partir del pasado 16 de agosto, se ha estado imponiendo, no da oportunidad para que la ciudadanía entienda que a los imputados se les cuide su derecho a un debido proceso y considerárseles inocentes, por lo menos,  hasta tanto un tribunal de fondo no se pronuncie a contrario.

Semejante comportamiento y actitud, absolutamente poco profesional a nivel de justicia y ultrajante en grado impensable a nivel mediático, ha generado y que es lo que se desprende del caso CORAL, una fuerte inquietud militar, que como muchos estamos viendo, parecería, que si el mismo presidente Luis Abinader no interviene y para en seco tanto despropósito, al final, sería él y nadie más, quien y si las pasiones se dislocan, pudiera pagar los platos rotos.

Estamos hablando, de que por los excesos propios de fanáticos seudo izquierdistas y seudo socialistas de abogados metidos a fiscales y de comportamiento personal de resentidos comunistas de cuando la Guerra Fría y creyendo de a verdad ellos tienen licencia libre para hacer lo que les venga en ganas y más con lo dicho por Abinader, de que supuestamente, él como presidente de la República, no tiene que meterse en asuntos de Justicia, criterio extraño como equivocado, del que seguramente ahora el primer mandatario, se habría dado cuenta  de su equivoco.

Lo que debe puntualizarse, porque la vida pública dominicana desde el ámbito de la justicia desde la Procuraduría General de la República, últimamente tiene una carga de resentimientos personales propias de pequeños burgueses de tiempos de la guerra Fría de la que muy pocos funcionarios hayan podido desprenderse.

Justo en esta situación, viene ahora el arzobispo metropolitano y mayor general en activo, De Ozoria, a plantear una situación políticamente venenosa, al arrojar dudas sobre las políticas del gobierno en materia de enfrentar el Covid-19 y, dicho sea de paso, a poner en dudas la integridad personal del mismo presidente Abinader, quien metido de lleno y por culpa de su ministerio público central, en un nada sutil desencuentro con el sector militar, el prelado se presenta como gasolina suficiente para encender toda una pradera. E indirectamente, ahondar las desavenencias ya evidentes entre gobierno y sector militar.

Tema que debe ser tratado descarnadamente y como el único modo de que el alto mando militar entienda que debe frenar sus ímpetus y no caer en el grave error de que los dominicanos asuman que la guardia está en contra del gobierno, pues de esto suceder, pocos dentro del sector de poder podrían salir indemnes de la tormenta que parecería se avecina.

Al contrario, creemos que debe imponerse una autocritica a fondo desde el sector militar y de cuido y responsabilidad por parte de la Pepca y de juicio frío y sereno por parte del Poder Ejecutivo, de forma que lo más rápido posible las emociones se recojan y un sano espíritu de colaboración, disciplina y orden jerárquico pudiera prevalecer.

Por lo pronto y para no avivar más disparidades, entendemos, que si por razones de Estado estas son útiles, consideramos que desde el sector Justicia debe darsele una vuelta al expediente CORAL y a todos los implicados hacerles cumplir  las medidas de coerción desde sus propios hogares y lo más importante, que los barones mediáticos dueños de los medios, ordenen a sus subalternos parar en seco los juicios mediáticos paralelos que tanto daño le han hecho a la aplicación de la justicia administrativa desde el ministerio público central.

¿Por qué hay que plantear una o varias medidas que contengan la actual situación fuera de control de egos sobredimensionados?, por una razón, la República no puede salírsenos de control y mucho menos perder el ordenamiento y lo que ya está sucediendo.

Todo se reduce a lo simple, ¿qué se gana con desacreditar totalmente la institución militar porque alguno que otro de sus miembros haya cometido excesos administrativos?, no tiene sentido que esto suceda. Por eso decimos, que por una atrevida como artera acusación emitida por el jefe de la curia católica en el Distrito Nacional y que unida al malestar militar por lo del caso CORAL, parecería, que de buenas a primeras el Gobierno es víctima de ataques desmesurados y francamente injustos. (DAG)