viernes, julio 1, 2022
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Una auditoria forense al nivel de delitos e inconductas de funcionarios públicos en los tres poderes interdependientes del Estado descubrirá, porque senadores y diputados y funcionarios de gobierno nacional o municipales

Son 31 años que median desde el nacimiento de la internet a partir de 1991, 27 años del inicio de las redes sociales en 1995 y con un arranque sostenido con 25 años continuos a partir de 1997. En el mismo lapso inicial de 31 años y si se formulara una auditoría forense al nivel de corrupción en los tres poderes interdependientes del Estado y principalmente entre senadores y diputados, gobiernos municipales y Poder Ejecutivo, se tendría un nivel de inconductas tan apabullantes, que por obligación y para contrarrestarlas, la atrapada opinión pública ha tenido que utilizar las redes sociales y como el único instrumento a mano para enfrentar la corrupción política, social, empresarial y gubernativa que ahoga a esta nación.

Justo por esta realidad, de que desde el 1991, en este país prácticamente no ha quedado títere con cabeza en los poderes públicos y en razón del extraordinario crecimiento de la corrupción política en todos los planos, que la ciudadanía y por razón de conciencia, ha entendido que debe de enfrentarla y desde el momento que todo el mundo ha entendido a su vez, que la mayoría de nuestros políticos, sus partidos y partidocracia en sentido amplio, han sido la levadura que ha provocado el tremendo retroceso moral entre los sectores dirigentes de esta nación y en particular desde su clase gobernante.

En consecuencia y dado que los políticos nunca pensaron que sus inconductas serían de todos conocidas y porque los ciudadanos decidieron asumir su periodismo ciudadano de manera viril, ríspida y contestataria y denunciar sin cortedad de términos, todas las vagabunderías, robos, estafas y fraudes y malversación de fondos a gran escala que perpetran y que es a su vez, el grosero fundamento de enriquecimiento ilícito y desproporcionado y en base al tráfico de influencias así como también saquear los dineros públicos, hijos de los impuestos que pagan los contribuyentes.

En este sentido, casi el 75 por ciento de los funcionarios públicos y en los mencionados tres poderes del Estado, hablamos de más de 125 mil individuos y en los últimos 31 años e incluidos expresidentes de las República que no tienen como justificar las groseras fortunas y bienes y activos que exhiben bajo la careta de fundaciones y las que son y en sentido amplio, el último antro criminal en el que esconden sus fechorías y sin dejar de mencionar los enriquecimientos escandalosos de funcionarios civiles y militares allegados a esos mandatarios, que definitivamente haya que entender, que los ciudadanos están asqueados de tanta podredumbre moral por parte de quienes les dirigen o han dirigido y que es también la razón, de que la libertad de conciencia se manifieste ya con una libertad de expresión casi de desahogo emocional y en la que no hay freno de palabra que valga, para que la gente muestre su indignación.

¿Acaso no es eso lo que estamos viendo con todas las muestras en las redes sociales y en las que sus autores no se esconden los deseos y ganas de denunciar a los corruptos y desnudarlos en sus peores inconductas?

Ahora, toda la partidocracia y su aparato político y de todos los partidos y sin ninguno de excepción, pretende, que vía el Poder Legislativo imponer una cortina de censura absoluta que afecte el ejercicio periodístico como el quehacer ciudadano en las redes sociales y ante lo cual, el único mensaje que se impone, es decirle a los políticos, que si ellos no quieren ser denunciados como la asociación de malhechores de la que son parte, entonces, el único camino que les queda, es cesar en sus atropellos morales y sus inconductas de puro atraco público contra los recursos de la nación y en particular contra los del mismo Estado que los contribuyentes pagamos y para que la cosa pública sea diligente, honesta y bien administrada.

¿Cuántos de los actuales senadores y diputados, alcaldes y regidores y los miembros del Poder Ejecutivo, pueden decir que pasaron por el charco sin ensuciarse?, a decir verdad, ni siquiera el 15 por ciento de todos ellos. Y aquí la pregunta, ¿cómo se puede pedir que las redes sociales se callen y si no quieren que se les imponga una ley mordaza de censura total, cuando los mismos políticos a que nos referimos, todos ellos admiten y por declaraciones a la prensa, que la corrupción de los últimos veinte años y en dinero contante y sonante ha llegado a niveles de más de 200 a 300 mil millones de pesos robados a los contribuyentes y sin mencionar todo lo saqueado con las quiebras de 2003 con cuatro bancos comerciales y entre ellos, el primer banco de desarrollo a nivel nacional?

Por eso y desde el momento que todo esto se ajuste a una dura auditoría forense, lo menos que puede decirse, es que nadie dentro de la partidocracia, estará a salvo de ser imputado como ladrón de los dineros de la nación y traficante de poder y algunos asociados al narcotráfico cómo al lavado de activos y por lo que sus propiedades deberían de ser expropiadas y en algunos casos, a sus autores directos, meterlos presos por años, salvo que no surja un previsible estallido emocional de indignación nacional que haga factible el fusilamiento sumario.

¿Por qué en el Congreso Nacional, los que están allí y se creen “padres de la patria” no analizan con frialdad, que si de buenas a primeras en los barrios de nuestras ciudades hay ese tremendo estallido de delincuencia juvenil con apoyo de los policías en los destacamentos y quienes dan protección a los vendedores de drogas ilícitas al menudeo, se debe a que la juventud no haya ninguna otra forma de expresión de como manifestar su desagrado y desaprobación a la corrupción de los políticos?, si los senadores y diputados lo hicieran, entonces también se darían cuenta, de que ya en los medios de comunicación y de información de masas a nivel nacional, todos estamos listos y sus periodistas ni se diga, para librar la más dura lucha contra los funcionarios corruptos que quieren imponer la censura para amordazar la libertad de prensa y lo que por ningún concepto se permitirá.

El periodismo nacional tiene y debe continuar siendo más libre de lo que ahora es y las redes sociales deben continuar siendo la base intocable, por medio de la cual, la libertad de expresión debe hacerse con la mayor crudeza y frente a la realidad, de que el pandillerismo político, no solo que tomó por asalto el poder, sino que muchos de sus miembros, entienden que este “pueblo bueno, manso y trabajador” nunca se levantará contra quienes desde el poder político lo saquean y en lo que están totalmente equivocados.

Mientras tanto, que senadores y diputados continúen en sus intentos de convertir al Congreso en una fábrica de leyes anti-prensa y por lo que hay que advertirles, no extremen las cosas, que demasiados problemas tiene este país y sufren los ciudadanos, para que también se quiera aplastar la libre expresión.

Y como debe de evitarse un mal mayor, es que decimos, que una auditoria forense al nivel de delitos e inconductas de funcionarios públicos en los tres poderes interdependientes del Estado, descubrirá, porque senadores y diputados y funcionarios de gobierno nacional o municipales, quieren imponer una ley mordaza a nivel general contra la sociedad y lo que sería intolerable. (DAG)

 

 

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