Una ciudadanía, vigilante sobre los actos de quienes gobiernan, garantiza una gobernabilidad sin fisuras y obliga a la corrección moral en el manejo de los recursos públicos y obliga también al periodismo y a los referentes sociales, a actuar con decencia, transparencia y honradez

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Es probable, que personas que aún desconocen que la colectividad (sociedad-ciudadanía) y si realmente esta se involucra en una vigilancia sensata respecto al accionar de todos los funcionarios públicos en los tres poderes interdependientes del Estado y como vigilantes naturales e interesados de que las acciones públicas de los empleados públicos se encuentren dentro de una aceptable conducta transparente, todavía desconozcan, que, si actúan de ese modo y permanentemente, la gobernanza de la nación será mucho mejor.

            Por eso, cuando se observa, que ciudadanos de comunidades periféricas a las ciudades, han tomado un papel activo y procurando que la burocracia del Estado no lesione los intereses de las comunidades, que haya que aplaudir ese interés, ya que cada vez que desde determinados sectores comunitarios o sociales se actúa de tal forma, la empleomanía pública deberá actuar con mayor diligencia y cuido moral.

            ¿Por qué hay que puntualizar sobre esta situación?, porque hasta ahora, los poderes políticos y habituados a que los ciudadanos no los fiscalicen, han sabido actuar con negligencia y también pésima conducta y al extremo, de que la ley que tiene que ver con que las oficinas públicas ofrezcan los datos que los ciudadanos les requieran sobre determinadas iniciativas, no solo que sus departamentos jurídicos se muestran renuentes a facilitar la información que se les solicita, sino que a propósito, obstaculizan cualquier posibilidad de que el ciudadano se entere de como los funcionarios y empleados públicos manejan los recursos y que ellos, como contribuyentes, les han facilitado vía el Estado.

            Es decir, la práctica generalizada, trata únicamente, de la creencia popular, de que en el sector público existe el dudoso criterio, de que los ciudadanos, supuestamente no tienen derecho a inquirir nada y en función de tal inconducta, los gobiernos se blindan y todas sus instituciones y ni hablar de las descentralizadas y en razón de semejante comportamiento, que sea imposible el no percibir que la burocracia del Estado, parte de un subjetivismo nada correcto y fundamentalmente ilícito y el que ciertamente hay que obligar a que sea corregido.

           Por ello ha sido, que los funcionarios se endiosan en sus cargos, llegan a creerse intocables y lo más preocupante, que acostumbrados a hacer lo que les venga en ganas, no atienden los reglamentos y leyes que rigen la  administración pública y dando como resultado inmediato, un nivel de corrupción primaria vía el macuteo que se establece, que estadísticas gubernamentales plantean, que los dineros que por esa vía se pierden en la cuneta de la corrupción y el enriquecimiento ilícito, le cuesta a la ciudadanía no menos de 9 mil millones de pesos por año y lo que es una barbaridad que tiene y debe ser corregida, pero también castigada.

            Con razón, de que políticos del prestigio del ex presidente Leonel Fernández, en el pasado inmediato hubiese mostrado su preocupación al respecto y denunciándola directamente en pérdidas totales y cada año superior a los cien mil millones de pesos o que se entienda el porqué de los tesoneros empeños del presidente Danilo Medina Sánchez, por imponer todas las medidas administrativas cautelares que pudieran significar un freno total, a las inconductas de cientos de miembros de la empleomanía pública y para no hablar de allegados al régimen y quienes por lo visto, asumen, que por sus cercanías con el poder, se encuentran liberados de dar explicaciones o de comportarse correctamente.

           Y ahí tenemos el rosario de inconductas en los últimos 22 años y que han arrojado un nivel de corrupción pública, simplemente abusiva y que de seguir a los niveles que han sido denunciados, fácilmente que pudiera darse, que, al término del presente periodo gubernamental, entre la corrupción pública y la privada, se hubiese ahogado a esta nación y dentro de unos parámetros inquietantes de disolución institucional, altamente peligrosa para la funcionabilidad correcta del mismo Estado.

         Sobre este particular. Ningún dominicano desconoce los niveles y grados de desvíos de los dineros públicos y que, de manera destacada, tienen que ver con obras del Estado o contratos de bienes y servicios y produciendo la secuela tan terrible, de todas esas muestras de enriquecimiento ilícito o desproporcionado, que, de tan continuos, ya es imposible de ocultar.

         Ahora bien, así como semejante cadena de ilícitos y de acuerdo al interés gubernamental, en un momento dado se decide por enfrentar o tratar de corregir, al final ocurre, que los resultados de tal quehacer y por lo pequeño, palidecen ante la poca efectividad de los obstáculos de administración que se colocan para frenar tales despropósitos.

          Produciéndose entonces y como a la desesperada, esa actitud de ira apenas contenida y mal disimulada, de sectores de la población, irritados con la poca decencia en materia de accionar contra los corruptos y que todo el mundo observa en el aparato judicial y de lo que parece que ni siquiera muchas de sus figuras emblemáticas pueden salir indemnes de algún arqueo contable que se quisiera llevar con decencia y objetividad.

          Desde luego, caer en el vicio de conducta periodística, de criticar por criticar, tampoco tiene sentido y mucho menos, cuando es tan obvio, que la corrupción ha llegado y hasta se ha establecido en determinados nichos del ejercicio de la comunicación y de una forma tan notoria, que no son ni uno ni dos los casos, de figuras periodísticas sometidas a la crítica pública y por el hecho, de que las riquezas que muestran determinados personeros, no se compadecen con los ingresos legales que tienen o en otros casos, porque periodistas de renombre, se han atrevido a ser cómplices de acciones de corrupción vía sobornos a funcionarios y figuras públicas y a unos extremos, de que cualquier ciudadano termina por señalar a sus probables autores, como periodistas corrompidos a los que ni siquiera se les puede dar el beneficio de la duda.

            De ahí, que cuando este tipo de situación se plantea, en el ánimo general de la nación, se presenta un evidente decaimiento de fuerzas y que si no se actúa con presteza para corregir semejantes fallas morales, fácilmente, que muchos ciudadanos, pudieran entender, que si quienes tienen el privilegio de escribir en los medios escritos o disponer de acceso a la radio y la televisión, se atreven a tantas inconductas, entonces, debe o tiene que ser, que la podredumbre más espantosa se ha apoderado de todas las instituciones del Estado y que la sociedad y en sentido amplio, se ha corrompido de forma casi absoluta.

            Aun así y no obstante tantas muestras de inconductas por parte de ciudadanos que deberían de ser referentes de moralidad y buenas costumbres, también se da un alito de esperanza, cuando se conoce, de protestas ciudadanas y porque en determinados departamentos públicos, se han efectuado manejos tortuosos que colocan en tela de juicio la moralidad de quienes pretenden vivir asaltando al Estado y como suele ocurrir con la venta de terrenos públicos de vocación agrícola, turística o industrial.

            Por ejemplo, lo ocurrido ayer, cuando un grupo de ciudadanos miembros del Consejo para el Desarrollo Integral de Haina, protestaron frente al Palacio Nacional en contra de la venta de 168 mil metros cuadrados de terreno del antiguo Río Haina, a bajo costo, a empresas privadas, quienes al actuar de forma tan vigorosa y ejemplar, demandando explicaciones de todos esos manejos y operaciones burocráticas, recuerdan al conjunto de ciudadanos dominicanos, que es hora ya de demandar acciones concluyentes y firmes, contra el trasiego de influencias perversas y para lucrarse a costa del Estado y que es una actitud que hay que aplaudir y también incentivar.

            O lo otro, del accionar de un grupo político contestatario verde, demandando y recordando con toda la razón que, “que el expediente del Odebrechtgate, pendiente de someter ante la Suprema Corte de Justicia, no estará completo sin los resultados de una investigación penal sobre el financiamiento ilegal de campañas por parte de la constructora en las elecciones de 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016” y que es un pedido, que ahora cobra mayor actualidad, vistas las iniciativas tomadas por el responsable de la Procuraduría General de la República en la fundamentación del expediente acusatorio y la búsqueda de personas e indicios respecto a posibles imputados como cómplices activos en el trasiego derivado de pago de sobornos a determinadas figuras de influencia y que en el caso concreto que se solicita, trata del corazón de la misma partidocracia que se ha beneficiado  de la corrupción reinante e hija de sus propias inconductas.

            Lo que obliga a que se recuerde, que una ciudadanía, vigilante sobre los actos de quienes gobiernan, garantiza una gobernabilidad sin fisuras y obliga a la corrección moral en el manejo de los recursos públicos y obliga también al periodismo y a los referentes sociales, a actuar con decencia, transparencia y honradez. Con Dios. [DAG. Miércoles, 09 de mayo de 2018. Año XVI. Número 6,305]