Una medida antisocial

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Después de haber realizado la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de la historia democrática en 2017, el Gobierno se plantea elevarlo un 20% más durante los próximos tres años. La idea de utilizar ese instrumento para paliar la pobreza, así como las desigualdades salariales y de renta ocasionadas por la Gran Recesión, es un error con efectos negativos sobre el empleo y la competitividad; es decir, produce efectos contrarios a los esperados.

A pesar de la existencia de una abrumadora literatura y evidencia empírica que avala esas afirmaciones, los políticos de todos los partidos parecen ignorarlas, empeñados en maximizar su utilidad propagandística a corto plazo y extraer beneficios de ella. En otras palabras, mostrar su disposición a hacer algo visible, que muestre su sensibilidad social.

Los economistas tratan el SMI a modo de lo que es, la fijación administrativa de un precio. Si excede el salario al que se equilibra el mercado, la cantidad de trabajo demandada se reducirá. La magnitud de esa reducción dependerá tanto de cuánto se aumente el SMI como de la elasticidad de la demanda de trabajo, pero ese impacto depresor sobre el empleo es indiscutible. El encarecimiento de la mano de obra inducido por el alza del SMI conduce a su sustitución por otros factores de producción, equipo y capital. En paralelo, la nueva combinación de inputs generada por aquella disminuye la producción y la contratación de trabajadores. Dado que éstos tienen distintos niveles de cualificación, un mayor SMI incentiva la sustitución de mano de obra poco cualificada por aquella más cualificada. Perjudica a quienes pretende beneficiar.

Esa hipótesis mayoritaria fue cuestionada a principios de los años noventa del siglo pasado por la denominada "nueva economía del salario mínimo" formulada por Alan Krueger, David Card y Lawrence Katz. En un mercado con baja movilidad del factor trabajo, los empresarios tendrían cierta discrecionalidad para imponer salarios de forma unilateral; esto se denomina monopsonio. Una compañía compra menos mano de obra competitiva cuando el salario es más bajo; esto es, recorta el empleo para que la remuneración salarial que tiene que pagar baje. El SMI impide a las corporaciones seguir esta estrategia y, por tanto, puede elevar el empleo o, al menos, no destruirlo.

Ese planteamiento tiene escasa aplicación práctica y ninguna para los sectores que emplean un alto volumen de trabajadores no cualificados. Estos son los que se ven más afectados por el SMI y presentan dos rasgos básicos: primero, las empresas ubicadas en ellos son similares y próximas entre sí, por ejemplo, las instaladas en un centro comercial o los hoteles de una zona turística; segundo, la rotación laboral existente entre ellas es muy alta. En este entorno no es posible ejercer un poder monopsónico. Esta tesis está avalada por la evidencia empírica.

En un reciente trabajo que da cuenta de más de 100 estudios sobre el SMI, el 85% de ellos determina la existencia de una correlación entre el aumento de esa figura y la pérdida de empleo juvenil, femenino y poco cualificado, sobre todo, en la industria con mayor propensión a demandar esa mano de obra, los servicios (Neumark D. & Wascher W., Minimum Wage and Employment: A Review of Evidence from the New Minimum Wage Research, NBER, 2006).

¿Cómo opera el SMI en un marco de recesión dura y larga? Durante un período de esa naturaleza, léase España entre 2008 y 2013, el efecto del salario mínimo sobre el empleo depende de la distribución de la productividad entre los diferentes trabajadores. Si las fuerzas del ciclo económico, patrón de comercio o cambio tecnológico reducen el valor de la producción de la fuerza laboral menos preparada, la tasa de paro de este colectivo tiende a crecer si lo hace el SMI. Esto es lo que pasó durante la crisis, conjetura sustentada por la mayor parte de los trabajos empíricos realizados sobre la cuestión (Clemens J. & Wither M., The Minimum Wage an The Great Recession, Mimeo, 2016).

Entre 2008 y 2017, el SMI creció en España un 22,8%, mientras el coste de la vida lo hizo en un 9,1% según datos del INE. Hasta este año, el grueso de esa escalada alcista se produjo durante una aguda fase recesiva que indujo una abultada tasa de desempleo. Si, además, se tiene en cuenta que la proporción de trabajadores en España que cobra el salario mínimo es del orden del 2,5%, es evidente intuir a quien ha dejado fuera del mercado laboral ese impuesto invisible, a los jóvenes, a muchas mujeres y a los trabajadores con menor cualificación. Su repercusión negativa sobre la contratación se acentúa porque al incremento del coste salarial que el SMI implica hay que añadir las cotizaciones sociales pagadas por las empresas, lo que encarece aún más la contratación.

Tampoco el SMI es un medio eficaz para mitigar la pobreza. Las familias amenazadas por ese riesgo lo están porque ninguno de sus miembros trabaja. Gran parte de los potenciales receptores del SMI viven en hogares con ingresos por encima de la media y la pobreza relativa de las personas empleadas no se deriva de su precariedad salarial sino del escaso de número de horas trabajadas. Por añadidura, los pobres desempleados no reciben por definición beneficio alguno del SMI. Por tanto, si éste impide su incorporación al mercado laboral, se produce la paradoja de que fomenta, en lugar de paliar, la pobreza.

La única manera de aumentar de manera sostenida los salarios es con incrementos de la productividad. Cualquier política salarial que ignore ese axioma se traduce en una tasa de paro superior a la de equilibrio. Por añadidura, el intento de incrementar de modo artificial la remuneración del factor trabajo en una economía con un desempleo, sobre todo juvenil, tan alto como el de la española, con un sector servicios que supone el 76% de la actividad productiva y con un muy considerable volumen de mano de obra poco cualificada y con escasa experiencia es una pésima estrategia, un evidente error que cabe calificar de antisocial. (http://www.elmundo.es/economia/)