La primera gran apuesta del Ejecutivo de coalición de esta legislatura, con una amplia batería de medidas sociales y de modernización de la justicia, evidencia las enormes dificultades de gobernar con los votos imprescindibles pero volátiles de Junts y también de Podemos. Pese a que finalmente los soberanistas catalanes facilitaron con su ausencia en la votación la luz verde a las propuestas, nada permitía este miércoles vislumbrar la estabilidad ni el pacto de legislatura que anunciaban los socialistas cuando se cerró el acuerdo político de la ley de amnistía. Después de tan largas y complejas negociaciones para amarrar la sesión de investidura de Pedro Sánchez, resulta incomprensible que decretos sociales de tanto calado se hayan llevado al pleno del Congreso sin garantizarse previamente todos los apoyos y con transparencia.
A derecha e izquierda, porque la primera derrota del Ejecutivo la provocó Podemos, que, junto a PP, Vox y UPN, votó en contra de la reforma del subsidio de desempleo liderada por Yolanda Díaz. La fractura de ese espacio político se cobra la primera pieza en la cabeza de los desempleados y augura otro factor de inestabilidad. Esperemos que un nuevo decreto llegue pronto para remediarlo.
Este miércoles se hizo evidente que se inicia una de las legislaturas más inciertas de la democracia española. Junts ha demostrado una vez más que, ahora mismo, no es un socio de fiar y que su lógica política es totalmente ajena a los intereses generales. Para empezar, se limitó a fijar posición en la tribuna en una sola, breve y desafiante intervención de su portavoz, Miriam Nogueras. Tras mantener la incertidumbre durante toda la jornada, finalmente no votó, y esa particular forma de abstención salvó el primer gran examen de Pedro Sánchez a cambio de una batería de concesiones, algunas de nuevo cuño, como la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, institución que Junts no gobierna. También los datos para la elaboración de las balanzas fiscales o la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que figuraba en uno de los decretos y que según Junts ponía en riesgo la ley de amnistía. Una eliminación sin efectos reales porque el contenido del artículo suprimido está en la jurisprudencia europea. La petición iliberal de multar a las empresas que se fueron y no regresan a Cataluña tras el procés se quedó en el compromiso de trabajar para facilitar ese regreso.
La normalización política tras el otoño de 2017 incluye entre sus tareas pendientes que Junts no solo aterrice en la vida institucional española, sino que su desempeño recupere la previsibilidad política que caracterizó un día a los convergentes. Sánchez no puede permitirse convertir cada votación en una negociación agónica con nuevas listas de exigencias ajenas al objeto del debate. Debilita al Ejecutivo y deteriora la actividad parlamentaria.
La desabrida sesión de este miércoles debería haberse evitado. Es obvio que para este Gobierno y una gran parte de sus aliados, las políticas sociales constituyen una seña de identidad, y este miércoles se aprobaba un paquete importante de medidas que cuentan además con un amplio respaldo. Sin embargo, aunque la legislatura haya arrancado con retraso, nada obligaba a llevar a un solo pleno tantas y tan diversas propuestas mezcladas. Y a la vista de los resultados, con tan insuficiente negociación. Una estrategia que se ha revelado arriesgada. El PSOE y Sumar, eufóricos tras un resultado inesperado el 23-J, tienen que asumir la precariedad de su situación. Editorial [El País]
