En el marco de un nuevo aniversario de la Constitución, el reconocido jurista y exdiplomático Olivo A. Rodríguez Huerta analizó los principales desafíos institucionales de la República Dominicana.
Durante su reflexión abordó un debate histórico largamente discutido en el país sobre la brecha entre el papel y la realidad, un tema que remite a la célebre tesis de Ferdinad Lassalle -popularizada en la política dominicana por el expresidente Joaquín Balaguer- acerca del riego de que la Carta Magna se reduzca a un mero “pedazo de papel” cuando las disposiciones no son respetadas por quienes ejercen el poder.
Al ser consultado por esta periodista sobre las razones por las cuales al país le cuesta tanto materializar lo que dictan las normas, Rodríguez Huerta explicó que República Dominicana ha exhibido históricamente “más vocación de proclamar que de cumplir”.
En ese sentido, el también catedrático universitario y experto en Derecho Administrativo resaltó que en un Estado Social y Democrático de Derecho no se construye con declaraciones solemnes sino mediante “un presupuesto adecuado, instituciones debidamente profesionalizadas y una administración pública verdaderamente al servicio de las personas”.
Si bien reconoce que durante el prolongado período democrático actual se han registrado ciertos avances, advirtió que la tarea pendiente sigue siendo “inmensa”.
Derechos más vulnerados
Al profundizar sobre el panorama actual de los derechos fundamentales en el territorio nacional, identificó como el área más crítica “la vulneración del debido proceso y de la tutela judicial efectiva”.
En su opinión, esta problemática se manifiesta en “procesos judiciales interminables, el abuso de la presión preventiva, y en sentencias emitidas en contra del Estado que terminan sin ejecutarse”.
Asimismo, alertó sobre las transgresiones a la vida y a la integridad personal, los derechos sociales básicos -tales como la salud, la educación, la vivienda y el acceso al agua-, “así como la vigencia de la igualdad ante la ley y el derecho a una buena administración”.
El gran desafío
Erradicar la impunidad para blindar la Carta Magna. Para lograr que los ciudadanos “de a pie” sientan que poseen una Carta Magna que los protege y no un texto abstracto, Rodríguez Huertas subrayó que el Estado debe dar el salto definitivo hacia su cumplimiento íntegro, “superando la tradición de conmemorar su existencia meramente de forma anual”.
En su opinión, para alcanzar ese objetivo, el experto enfatizó que “es indispensable establecer consecuencias reales frente a la arbitrariedad”.
“Eso exige que quien vulnere un derecho, sea juez, policía o funcionario, responda por ello, y que las decisiones de los tribunales se ejecuten sin excusas. Mientras el incumplimiento no tenga consecuencias, el ciudadano seguirá viendo la Carta Magna como un texto lejano y no como el escudo que debería ser”, puntualizó.
Cambios recurrentes
Desde su primera proclamación en 1844 la Constitución de la ha sido modificada 40 veces, lo que sitúa al país como uno de los Estados de la región que más variaciones ha realizado a su Carta Magna, motivado históricamente por la alternancia de poder y las reglas de reelección presidencial.
La gran mayoría de las modificaciones han tenido como único fin habilitar, prohibir o ajustar la continuidad del presidente de turno.
Reformas de avances
La Constitución de Moca (1858) considerada unánimemente por los juristas como “la más liberar y democrática de la historia dominicana”, fortaleció las libertades ciudadanas, descentralizó los poderes públicos y garantizó el libre tránsito; la de 1865 que consagró formalmente el sufragio universal para toda la ciudadanía (aunque en la práctica las mujeres siguieron excluidas); y la de 1963 , que reconoció por primera vez derechos fundamentales de los trabajadores, la reforma agraria, la igualdad de género y la protección de la vivienda familiar. La reformas modernas del 2010 impulsada por Leonel Fernández que creó las Altas Cortes (Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral) y definió los criterios de nacionalidad, los derechos colectivos y del medio ambiente; y la del 2024 proclamara por el presidente Luis Abinader que supuestamente puso un “candado” que impide a cualquier gobernante modificar reglas de elección vigentes para beneficiarse a sí mismo y olvidando que una Asamblea Constituyente nueva puede modificar lo hecho por la anterior; estableció la independencia del Ministerio Público, disminuyó la matrícula en la Cámara de Diputados; unificó las elecciones a partir 2032. (HOY-Llp y cambio de estilo por: @porojocerradura)
imagen: Ejemplar de la Constitución de la República junto a la enseña tricolor y el Escudo Nacional, símbolos patrios que encarnan nuestra identidad y patriotismo nacional. (HOY)
