La sentencia sobre los sobornos que admitió pagar Odebrecht ha dejado interrogantes e inconformidades, pero pocas críticas a la decisión de las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a dos y declaró la absolución de cuatro de los acusados.
Más que atacar el fallo, los cuestionamientos se dirigen al expediente instrumentado por el ministerio público, en la gestión del procurador Jean Alain Rodríguez, que ha sido calificado como débil.
Falta de pruebas contundentes, de diligencias procesales y de una correcta investigación son fallas del ministerio público que imposibilitaron condenar a los sobornados. Esas son parte de las debilidades que tuvo el expediente Odebrecht, a juicio de representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Participación Ciudadana y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT).
El pasado jueves las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo condenaron al empresario Ángel Rondón a ocho años de prisión, por los sobornos otorgados por Odebrecht, y a Víctor Díaz Rúa a cinco años de cárcel, por lavado de activos proveniente del enriquecimiento ilícito. Mientras dictaron la absolución de Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Conrado Pitaluga y Tommy Galán.
Flaqueza expediente
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, señaló que hubo diligencias que no se hicieron, por lo que cree la sentencia es el resultado de una investigación incorrecta.
Observó que hubo un período que se sacó de la investigación, 2012-2015, por lo que piensa que estuvo inconclusa.
“Esas son de las cosas que debilitaron ese expediente. Cómo puedes dejar fuera el periodo 2012-2015, cuando la empresa que declaró, que se auto incriminó, dijo que venía dando sobornos desde el inicio de sus operaciones aquí hasta enero del 2015”, precisó.
Recordó que había advertido sobre las debilidades y planteó que un proceso penal no puede sustentarse en teorías.
Expuso que el ministerio público tenía que cambiar su estrategia, ya que se armó un expediente totalmente inconsistente. “A este ministerio público se le hizo muy difícil sustentar todo eso”, señaló.
“Esas tres magistradas gozan de una gran reputación y todos, hasta los que no están de acuerdo con la decisión, las respetan”, destacó.
Exclusión sobornados
Mientras el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, sostuvo que “el ministerio público dejó fuera a los que recibieron sobornos, si tomamos el criterio del tribunal”. Estima que para haber sobornos tiene que haber quien los reciba.
Consideró que la falta de pruebas contundentes del ministerio público condujo a que no se haga justicia y que no haya consecuencia penal relevante en el caso Odebrecht, al no demostrarse que el empresario Ángel Rondón haya entregado los sobornos. “El caso Odebrecht ha quedado aniquilado”, indicó De la Rosa, quien agregó que esto no hace bien a la lucha contra la corrupción.
SEPA MÁS
Fallas procesales.
Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, observó que hubo fallas procesales al armar el caso Odebrecht, que han dado lugar a que se excluyeran pruebas fundamentales. “Lamentablemente, hoy tenemos el producto de una débil investigación del ministerio público”, dijo.
Vacío.
Entretanto, Trajano Potentini, presidente de la FJT, planteó que deja un vacío el hecho que el empresario Rondón haya sido condenado en calidad de sobornador y no aparezcan los sobornados. [Listín Diario]
COMENTARIO AL MARGEN: El hecho de que el ministerio público anterior hubiese fallado en las indagatorias procesales iniciales, no disculpa al ministerio público nuevo que preside la Magistrada Miriam German Brito desde la Procuraduría General de la República y auxiliada por los subprocuradores Yeni Berenice Reynoso Gómez y Wilson Manuel Camacho, quienes tenían la responsabilidad de las fallas encontradas y por política no hicieron nada, salvo propiciar su espectacular espectáculo mediático continuo que escondía sus incapacidades e incompetencias como también sus ocultos resentimientos y que son las causas fundamentales de que las jueces no encontraran las pruebas suficientes para incriminar a otros imputados. (DAG)
