De buenas a primeras, han empezado a presentarse determinados sueltos periodísticos, que “a lo casual”, plantean los posibles o probables divorcios entre exparejas presidenciales de dos importantes formaciones políticas que han ejercicio el poder casi absoluto, directa o indirectamente, en los últimos 16 años de “vida democrática”.
Si de suyo “las informaciones” no confirmadas obligan a que el rumor público crezca y en las redes sociales se dé una especie de tsunami de mentiras y falsedades a mayor, lo sorprendente, es ver como las grandes cabeceras periodísticas y ni por asomo, se han hecho eco de la situación, robusteciendo de este modo la maquinaria de infundios que al respecto han sido presentados y las notas alarmistas que siempre acompañan, en principio, a toda noticia falsa.
De ahí, que, frente a la ocurrencia expositiva, políticamente haya que tratar con rigor las supuestas informaciones “veraces” que se propalan y las que obligan a trazar una perspectiva medianamente crítica y sobre un tema, que indudablemente y por los personajes envueltos, es de un protagonismo político crítico muy difícil de ignorar.
Se está hablando, de la materialización de supuestos divorcios en los que dos expresidentes se les entiende protagonistas, precisamente los dos políticos que mayor responsabilidad pudieran tener y en el caso de una profundización independiente respecto a cuanto podrían ser o no sus responsabilidades de administración, conociéndose que el gobierno actual ha desatado su maquinaria propagandística desinformativa con miras de sacarle costo político a favor de la serie de indagatorias sobre corrupción desde las altas esferas del poder, por las que, parecería estuvieran implicados los gobiernos de la misma bandería política y desde una perspectiva si se quiere atrevida o audaz, respecto a los expresidentes que muchos otros ciudadanos entienden, deberían responder desde el punto de vista de la administración del Estado y al tenor de hechos y acciones de corrupción perpetrados por subalternos y tanto civiles como militares del presidente de la República respectivo.
El escenario creado entonces, no es tan inocente como para que se pudiera dejar de lado, como que tampoco sería lo propio de un periodismo serio de investigación, no indagar por sí mismo sobre cual es la realidad “objetiva” que entraña la novedosa situación. Aunque sobre este particular, sí que ha llamado la atención, que de los dos más importantes programas televisivos de investigación encabezados por dos productoras-reporteras muy mentadas, ninguno y sobre el particular, no hubiesen emitido la menor nota informativa y lo que desde luego, no va precisamente a su favor como entidades de supuesto “periodismo independiente”.
Hablase, de las responsabilidades directas y cual, el papel que jugaron los dos expresidentes ya aludidos y que de acuerdo a sus enemigos políticos, tienen responsabilidades compartidas o supuestas desde un brote de corrupción desde el Poder Ejecutivo y el que pasaría de los 100 mil millones de pesos y justo cuando las especulaciones se han desatado al respecto y honras y prestigios han empezado a rodar por los suelos, al tiempo que las redes sociales escandalizan a más, se presenta ahora el detalle, de que los dos expresidentes, o se han divorciado de sus respectivas cónyuges o están en vías de hacerlo. Ni que decir, que las habladurías se han reproducido y que los escándalos están más que servidos.
Vamos a ver y si dejamos correr la imaginación, pero frenando toda probabilidad de agravio o imputación injurioso y difamatorio ¿y quién quita que las parejas hubiesen decidido divorciarse, como vía de preservar el patrimonio original que tenían y el que al fin y al cabo debería caer en el argumento de preservación del patrimonio familiar y que de sobrevenir una indagatoria judicial directa pudiera quedar afectado en materia de embargos retentivos? La respuesta es obvia. Queda la probabilidad.
Por lo tanto, prosiguiendo el razonamiento a contrario, parecería lógico que a las personalidades implicadas y dado que el resentimiento más duro cunde cuando se trata de enemigos en el poder dispuestos a todo para descalabrar a su adversarios, podría presumirse que los divorcios de los que se habla con tanta ligereza, caigan dentro del contexto de una nada clara operación de salvaguarda sobre un patrimonio familiar, que a estas alturas pudiera ser entendido como parte de un entramado cuasi delictual desde el poder.
Si esto es así, lo pertinente debería de ser, que las parejas involucradas y como son formadas por políticos de oficio, tengan interés en efectuar ciertas como determinadas salvaguardas que un divorcio a tiempo y oportuno, seguro que podría llevar a un aceptable resguardo patrimonial más o menos salvable.
Por eso el tema lo traemos a colación. Por un lado, para que los involucrados sepan que ya en este país nadie puede pasarse de listo y menos, que la nación esté conformada por un amplio grupo de atrasados mentales y por el otro, que dado como están las cosas y sabiéndose que quienes llegan a presidentes, por lo menos desde el 1996 hasta el 2020, nunca tuvieron tan abundantes de bienes y recursos como los que se les imputan al presente, por lo menos, presenten públicamente los contratos respectivos de divorcios y en particular, el acápite de la separación de bienes. Solo eso y seguro que el interés público quedaría más que complacido.
Mientras tanto, los aparentes o posibles divorcios entre parejas presidenciales, que de suyo siempre son alarmistas y dado que lo que se especula es más que exagerado, debería hacerle ver a los miembros de la corruptora partidocracia, que ya ha llegado la hora de que los políticos de poder no guarden silencio sobre sus patrimonios o que a regañadientes. haya que aceptarles que supuestamente “a los expresidentes no se les toca” y lo que bajo ningún concepto y en una sociedad democrática, semejante instigación a favor de la impunidad más grosera nunca debería ser aceptada.
Preferimos entonces traer el delicado tema al debate político, público y mediático de lugar y con el único propósito, de que las especulaciones torcidas cesen y los buenos nombres de los presumibles afectados no estén sujetos a las imputaciones y ataques injuriosos y difamatorios más insospechados y francamente provocadores y lo que nos hace preguntar: ¿Divorciarse para eludir persecución fiscal y eventualmente esconder riquezas desproporcionadas? Los dos expresidentes y sus cónyuges tienen la palabra. (DAG)
