Si al gobierno se le reclama cierto tipo de pudor en el manejo de una publicidad personalizada en torno al presidente Luis Abinader y la que tiende a confundirse con pura propaganda, lo que en este aspecto a estado sucediendo en el Ministerio de Industria y Comercio, parecería que rompe todos los parámetros de la prudencia como del sentido común.
¿Cuánto es el presupuesto que para “publicidad” tiene ese ministerio?, ¿con qué derecho su titular se promueve directamente y como si fuera un presidenciable apoyado por el mismo Abinader?
¿Por qué la comprometida Junta Central Electoral (JCE) su pleno, no le para “el coche” a este funcionario y por estar haciendo publicidad electoral encubierta?
Y ¿qué es lo que en el gobierno se traen entre manos con este asunto, en tanto los medios que se benefician de la misma, callan interesadamente?, ¿no, que el Defensor del Pueblo debería estar atento a este tipo de desliz? (DAG)
