“Los errores en el sistema bancario se olvidan en cinco años; los errores en el sistema de pensiones se olvidan en una generación”, me sentenció el profesor Zunzunegui. En ese momento lo tomé como brújula hacia el futuro en materia de regulación de mercados financieros, hoy también lo reconozco como decodificador del pasado para poder comprender el presente.
En ese tenor, de qué otra manera entender que en medio del conflicto suscitado entre el Colegio Médico Dominicano (CMD) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) haya gente planteando como solución óptima la estatización de la administración de riesgos de salud y que solo exista SENASA (sin desmedro de su buena gestión), en razón de que nadie cuidará mejor nuestros intereses que el Estado.
Tal vez porque ya pasó una generación, muchos han olvidado convenientemente las credenciales de administración que tiene el Estado dominicano. Por solo citar algunos casos, su rol en el IDSS, CDE, CORDE y CEA fue desastroso y ni hablar del mérito de haber logrado quebrar una mina llena de oro… En cambio, muchos de quienes hoy lideran los reclamos del CMD si vivieron en carne propia esa experiencia, pero al parecer pesan más los lastres ideológicos y la ausencia de la necesaria autocrítica que tanto pregona la izquierda.
La reforma de la ley 87-01 que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social es urgente e impostergable y creo que el mayor mérito de los reclamos del CMD ha sido romper ese deliberado quietismo institucional y empresarial y poner la discusión en el centro del debate; ahora bien, suspender los servicios de salud a ARS que responden y representan a más de 2.5 millones de dominicanos es un absurdo estratégico: castigar al eslabón más indefenso de la cadena como mecanismo de presión para forzar una negociación en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) favorable a sus fines gremiales, por muchos méritos que tengan sus pretensiones, no es correcto ni es sostenible.
Ya no es momento de buscar culpables… ni de pasar página tampoco. El gobierno debe hacer valer su jerarquía política y buscar un acuerdo sostenible y razonable para las partes. En términos reales, 2023 no será el año de una reforma integral a la ley 87-01, pero si pudiera ser -vía resoluciones negociadas y consensuadas en el CNSS- el inicio de un de una nueva forma de entender la gestión de los riesgos de salud no solo desde los beneficios económicos de los integrantes del sistema, sino -y de manera principal-, orientada al bienestar y salud de la ciudadanía. Por: Federico A. Jovine Rijo [Listín Diario]
