He de reconocer que siento utilizar el término soberbia al referirme a Irene Montero, pero es la única explicación que permite entender su reacción a las excarcelaciones provocadas por la ley del «sí es sí». Es cierto que cualquier crítica que se realiza a las dirigentes de Unidas Podemos comporta ataques viscerales y descalificaciones, hasta el extremo de que pueden llamarte machista. No me importa, porque el género es irrelevante. Lo que ha dicho no tiene ningún fundamento jurídico y es el resultado de una arrogancia que no debería tener cabida en una persona inteligente.
Hace años coincidí con ella en La Sexta Noche y no voy a negar, a diferencia de lo que hacen otros, que me despertaba simpatía por su idealismo a pesar de nuestras profundas discrepancias. Me gusta la pluralidad y el debate. No entiendo su evolución. La vida le ha sonreído y cabría esperar que fuera una mujer llena de ilusión y alegría. La imagen que ofrece es la de estar permanentemente cabreada. Lo que puedo constatar es que no me parecía tan fanática y sectaria. Es bueno recordarle que no todo es machismo. Su reacción ha sido un disparate.
Las cosas están bien o mal hechas. Es evidente que en este caso la ley adolece de la calidad y la claridad que sería exigible en cualquier norma, pero aún más en una que afronta un tema tan sensible. Las cuatro asociaciones de jueces y el Consejo General del Poder Judicial han criticado las descalificaciones de la ministra de Igualdad y su equipo. Lo más sorprendente es que Montero asegure que los jueces «están incumpliendo la ley». Es un comentario muy osado para alguien que ni siquiera ha estudiado Derecho. Ningún jurista mínimamente avezado se atrevería a hacer una descalificación global tan esperpéntica.
No entiendo, tampoco, el apoyo numantino de Sánchez, porque se podría haber limitado a decir que lo iban a estudiar, como han hecho ministras socialistas de su gobierno. Es lo que marca el sentido común. No hay duda de que la elaboración y la tramitación de esta ley han sido chapuceras como consecuencia de una actitud arrogante, ideológica y doctrinaria. No se ha aceptado ninguna aportación que pudiera mejorarla, porque había prisa en ponerse medallas. La propaganda se ha antepuesto a la pericia jurídica. Por: Francisco Marhuenda [La Razón]
