La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, otorgó un plazo de 15 días a los imputados del caso de presunta corrupción Coral, Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y a su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán para que preparen sus medios de defensa.
El Ministerio Público tendrá hasta el 14 de septiembre para adecuar las computadoras y, a partir de esa fecha, a los señalados se les otorgarán 15 días laborables con sus computadoras en manos todo el tiempo para verificar las pruebas.
El 23 y 30 de septiembre se deberá presentar un informe que otorgue garantías de que los apresados están teniendo acceso a los aparatos tecnológicos.
La jueza también aplazó la solicitud de fusión de los expedientes Coral y Coral 5G incoada por el Ministerio Público por entender que se trata del mismo expediente o caso.
La jueza determinó un plazo del 6 al 28 de octubre para que los encartados preparen sus defensas y el tribunal pueda instruir el expediente de fusión. En ese sentido, la audiencia de conocimiento de pedido de fusión será el viernes 28 de octubre a las 10:00 de la mañana.
Audiencia preliminar
En cuanto a la audiencia preliminar, el tribunal resaltó la complejidad del caso y dijo que los plazos impiden el conocimiento de la audiencia.
En 25 días deberán ser presentados los escritos de defensa para la audiencia preliminar, el 14 de octubre. La audiencia se iniciará el 28 octubre a las 10:00 de la mañana.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, el alegado entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que presuntamente el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público dijo que ha establecido, en el transcurso del proceso judicial, que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del territorio nacional. [Ojo-Diario Libre]
