Cuando un proyecto de ley hay que presentarlo y engavetarlo por tres años y luego pasarlo en secreto y sin vistas públicas y con el objetivo de que nadie se entere y solo “los iniciados” y a modo de exegetas modernos son quienes tienen derecho a interpretar el proyecto y para que luego -de sorpresa- sea aprobado y enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazo y resulta que en menos de un día es firmado y aprobado por el Poder Ejecutivo, lo que menos se puede preguntar y ¿por qué de la prisa, qué es lo que se esconde?
Enfocando esta curiosa situación, necesariamente que habría que entender, que una razón mucho más fuerte y no precisamente dominicana, fue lo que motivó que el presidente Abinader actuara de modo tan sigiloso y nada transparente.
Y cuando nos enteramos y por boca de un legislador opositor y de hecho, avalado por una curiosa salida del oficialista presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien como el saltimbanqui que caracteriza su paso por la política y a modo de disculpa, dijo que si hubo equivocación, todos los legisladores firmantes “nos confundimos”.
Mientras al mismo tiempo y desde un programa televisivo propiedad del principal jefe mediático, el presidente del Senado y un grupo de senadores, declararon que todos ellos estaban en la mejor disposición de corregir la ley y con relación a los artículos que han encendido el actual debate público nacional y por lo que entienden, que el problema es de interpretación y que puede ser subsanado con que el presidente Abinader devuelva la ley al Congreso.
Rápido, entendimos a lo inmediato, que el problema, no es el que se ha hecho creer y más, cuando se reveló, que desde el Palacio Nacional y concretamente, el consultor jurídico, Antoliano Peralta, un señor que sabe contener su valor y con tal de no hacer absolutamente nada si antes, su jefe, el presidente Abinader se lo ordena, fue el funcionario que llamó a Diputados para que se aprobara el proyecto de ley, pero con un texto modificado que no sería conocido por el Senado. De golpe, entendimos la realidad de toda la trama que tiene que ver con la ahora ley 1-24.
El caso es, que la referida ley no es simplemente dominicana y ni siquiera que representa el interés propio del gobierno, sino que la misma es el producto de los acuerdos internacionales acordados entre el presidente Abinader como jefe de la política exterior y el gobierno estadounidense representado por el presidente Joe Biden y ante lo cual, estamos ante una ley hija de la geopolítica.
Desde luego que es correcto, que nuestro presidente formule y firme acuerdos de Estado con otros gobiernos y mucho más, si es el estadounidense “nuestro gran aliado y socio”, pero hay que preguntar, ¿no hubiese sido más práctico crear una ley que el aspecto de seguridad internacional estuviera independiente a cualquier tipo de reglamentación interna de seguridad nacional?
Sencillamente, no es posible entender el porqué se hizo una ley, que, por estos aspectos, más parece escrita en inglés que en castellano y para colmos, con una traducción deficiente y la que al final ha sido el factor que ha creado este arroz con mango, que a todos nos tiene queriendo imponer la razón de unos sobre la de los otros.
De Abinader, nos sorprende que haya tenido la premura y el sigilo, de que, contra todo riesgo o tempestad política, a sus planes propios, entendió que esa ley debía ser aprobada a como de lugar y a partir de ahí, hasta podría creerse que el presidente está empezando a mostrar un sesgo autoritario que no se le conocía.
Si esta deducción fue lo que ocurrió, entonces nuestro joven presidente se equivocó medio a medio. Lo primero, que una ley de tal naturaleza y si lo que se quería era una aprobación bajo la mesa sin que nadie se diera cuenta, debió de haber sido presentada una semana antes de las elecciones pautadas para el 18 de febrero y lo segundo, que la ley ahora y tal como todo el mundo la entiende, es una imposición grosera que ni siquiera durante la dictadura trujillista jamás se hubiese producido, si se recuerda, que el régimen más legalista que tuvo este país, fue la dictadura trujillista que era extremadamente meticulosa en eso de no violar la Carta Magna y las leyes.
Ahora parece, que para Abinader, era preferible ser temerario y darse semejante ley contraria a los ciudadanos, antes que permitirse que su socio estadounidense no le pudiera continuar ayudando para su reelección constitucional. Obsérvese, que decimos parece y por la simple razón, de que cuando se trata de política de Estado a la que solo tienen acceso los jefes de los tres poderes interdependiente de nuestro sistema político, es de prudentes plantear un esquema de interpretación y discusión, pero sin caer en una hondura, de la que luego, quienes conocen todos los detalles, pudieran llamar la atención y no hay cosa más molesta para el analista político que se respete, que dar explicaciones por alguna expresión que no quedó bien entendida o porque aparentemente no estuvo bien elaborada.
De ahí que ahora hemos llegado a la conclusión, de que todavía el presidente puede devolverla al Senado (la ley 1-24) y para que se le formule las enmiendas que satisfagan a la generalidad y que, de suceder, entendemos y es lo que sugeriríamos, que la misma se divida en dos aspectos. Uno sobre política y seguridad nacional y el otro, que se redacte desde el punto de vista de la geopolítica y para satisfacer las alianzas estratégicas que el Estado debe tener con otros estados vecinos y en materia de políticas comunes y como son las de seguridad, trata y tráfico de personas, o combate a las drogas, por ejemplo.
Lamentablemente, para Abinader, la piña se le ha puesto agria y por lo que se ve, ni él está en temperamento de plantearlo públicamente y sin que antes se pudiera entender y que sería un error, que él hubiese cedido a la presión popular.
En esto, el presidente debe entender, que debe resolver y ya mismo, el grave problema de interpretación que ahora le ha hecho descender no menos de un 25 por ciento de su popularidad y quedando ante la atrapada opinión pública, con una imagen personal extremadamente agrietada y con todo, rápida de recomponer sí da los pasos correctos.
Para entender esto último, solo tiene que ver el curioso silencio de los expresidentes, Mejía, Fernández y Medina y en un tema que también a ellos les atañe y desde el punto de vista, de que, como expresidentes, deben y tienen que manejarse como estadistas en asuntos que tienen que ver con los intereses permanentes de la República.
Nosotros y al final, nos contentamos con plantear, que parecería que la reelección ya tomó camino y que nada la detiene, pero sí tiene un obstáculo y serio: La Ley 1-24 y lo advertimos por una sola razón, de que cada día que pasa, agrava más el terrible problema de interpretación generalizado, que sobre esta ley, a todos en la nación nos ha caído encima y porque, al igual que los lideres expresidentes y el presidente Abinader, también a todos los ciudadanos en edad para votar, la situación planteada nos concierne y hay que ayudar a buscarle solución y por una sola premisa, es la República la que está en juego. Con Dios. (DAG) 26.01.2024
