Todo el sainete, motivado porque en el gobierno de Abinader se irritaron sumamente al conocer que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias emitió una opinión legal en la que señala que la privación de libertad de Rodríguez Sánchez ha sido arbitraria y pidió su libertad incondicional.
El gobierno, en vez de responder juiciosamente, la emprendió contra Rodríguez en materia de insultos y choteos y descalificaciones de determinados funcionarios y mucho más desde el área de la Procuraduría General de la República, donde es público que sus responsables son enemigos personales declarados del exprocurador general.
De ahí a realizar indagaciones extraoficiales ante los altos cargos de la embajada estadounidense y para ver “qué se podía hacer”, había un solo paso y ahora el resultado de este, que, de ñapa, retrotrae a este país, no solo como vasallo de EEUU, sino como una especie de republiqueta bananera del pasado siglo.
Fue y como producto de esas indagatorias, que se entiende y aún cuando no se pueda comprobar ni confirmar, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la orden que le otorgó facultad al Departamento de Estado para restringir los visados a más de 30 personas como una medida para promover la rendición de cuentas por actos de corrupción, entre los afectados está el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez y su familia.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Embajada estadounidense, la resolución presidencial refuerza la "capacidad para negar refugio a quienes hagan posible la corrupción pública".
La medida, asumida bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, incluyó a funcionarios actuales y pasados de Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Haití, Liberia e Islas Marshall, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el pasado 9 de diciembre.
Por informes periodísticos, “Rodríguez es una de las 41 personas y 22 empresas imputadas por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) en el caso denominado Operación Medusa. Los acusados son señalados por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa al Estado por más de 6,000 millones de pesos”.
Sin embargo, todas las obras de construcción de la cárcel la nueva victoria, la actual prouradoría las ha dejado abandonar y perder y el deterioro es tan significativo, que toda la infraestructura y para ponerlas en uso, requería según ingenieros, “no menos de 4 mil millones de pesos” y lo que en algún momento podría ser tipificado como corrupción a responsabilidad de la procuradora general Miriam German Brito y sus dos subprocuradores inmediatos, Reynoso Gómez y Camacho. (DAG-OJO)
