El pasado 25 de mayo, la nación fue estremecida por la denuncia del funcionario gratuito, Roberto Santana, quien declaró y sin que hasta ahora nadie de la PGR y del Gobierno le hubiese desmentido, “un entramado de corrupción que funciona en la cárcel de La Victoria donde el encargado de seguridad recibe siete millones de pesos todas las semanas”. Y señaló al Gobierno y a personal técnico de la Procuraduría como “responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando, pese a que hay edificaciones totalmente listas”.
A tan categórica denuncia, que habla pésimo de la corrupción a gran escala dentro del Poder Judicial que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, la procuradora Germán se fue por la tangente y absolutamente nadie del Gobierno le ha exigido que de respuesta a lo denunciado y lo peor, que nadie como organismo fiscalizador dentro del Poder Judicial, ha tenido la responsabilidad de investigar a la desde ahora “honesta e integra” funcionaria, quien no solo no ha tenido una reacción firme aclarando sobre el particular, sino que por lo contrario y en base a argumentaciones procesales y mostrando un desprecio inaudito hacia la atrapada opinión pública, parecería que nadie la puede obligar a responder la acusación que recae directamente en su despacho, sino que luego y a resultas del sepelio del malogrado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, respondió insolentemente a lo que se le preguntaba y amparándose en el argumento necio, de que estaba en un entierro y que el muerto merecía respeto.
Con su inconducta, la funcionaria demuestra el por qué el ministerio público central, esto es, la Procuraduría General de la República y menos el resto de los fiscales, no puede ser todo lo independiente que el Gobierno quiere y sí por lo contrario, que este debe ser vigilado muy estrechamente, pues es inconcebible que el entramado de corrupción denunciado, donde el encargado de la cárcel La Victoria se embolsilla siete millones de pesos todas las semanas y de lo que se supone que debe repartir entre funcionarios de la PGR y el sector penitenciario y de control militar y policial asociado.
Hay que exigir que la procuradora Germán responda determinantemente y también el encargado de la cárcel La Victoria, de lo que Santana acusa a la dependencia que dirige y que no se escude en el silencio cómplice con el que alardea de una supuesta honorabilidad que le permite ser la excepción gubernamental de no responder por imputaciones evidentes de mala administración y corrupción a gran escala. (DAG-OJO)
