Las naciones latinoamericanas, en diversas épocas, han atravesado por situaciones caracterizadas por conflictos armados entre sus gobiernos y grupos que desafiaban a las autoridades. Solía ser que en esos casos los enfrentamientos eran motivados por razones de ideología política, o por reivindicaciones reclamadas por segmentos étnicos cuyos derechos habían sido ignorados o vulnerados.
Hoy en día los conflictos continúan, pero éstos son cada vez más provocados por el surgimiento de poderosas redes delictivas, cuyos vastos recursos les permiten controlar amplias zonas del territorio del país en cuestión, así como responder con los medios que sean necesarios, incluyendo la violencia generalizada, a los intentos gubernamentales encaminados a restringir sus actividades.
Por tratarse de conflictos diferentes, los métodos empleados anteriormente para restaurar la autoridad del gobierno tienen ahora una efectividad limitada. Ya no consisten en insurrecciones que buscan cambiar el sistema político, u obtener el reconocimiento del papel a jugar por sectores campesinos, indígenas desposeídos, o por determinadas zonas geográficas relegadas a segundos planos. Son, en cambio, batallas por conservar líneas de negocios ilícitos, entre ellos drogas, secuestros, tráfico de personas, contrabando y extorsiones, impidiendo que les sean aplicadas las sanciones previstas por las leyes.
Puede ser que movimientos inspirados por conceptos políticos incorporen actividades delictivas como un medio para recabar recursos a fin de poder sustentarse. Pero en esos casos la coexistencia de las motivaciones es inestable, siendo frecuente que los objetivos ideológicos vayan perdiendo importancia en comparación con las ganancias económicas derivadas de las actividades ilícitas, las que tienden a adquirir una fisonomía propia, cada vez más distante de los propósitos conceptuales predominantes al inicio del conflicto.
Eso significa que cuando se combinan la política y la economía como parte de las actuaciones de dichos movimientos, la economía tiende a imponerse sobre los fundamentos políticos, lo que explica por qué las actuaciones persisten en algunos casos aún después de que los reclamos originales han sido satisfechos o han dejado de ser relevantes.
Los principios económicos pueden, por lo tanto, ser aplicables al estudio del comportamiento de las agrupaciones que por una u otra razón no reconocen la legitimidad de las instituciones gubernamentales, lo que viene a ser un complemento valioso para el conocimiento de sus características y consecuencias. Por: Gustavo Volmar [Listín Diario]
