España cuenta con 765 plantas desalinizadoras, que producen alrededor de 1.800 hm³ de agua al año, según las cifras proporcionadas por la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), lo que sitúa al país ya en el cuarto del mundo en cuanto a capacidad total instalada.
Este volumen de producción representa cerca del 6% de la demanda total estimada, que supone del orden de los 32.000 hm³, de acuerdo con los datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
No obstante, como señala Belén Gutiérrez, miembro del consejo de dirección de dicha asociación, desde este mismo ministerio también se “calcula que el cambio climático ha causado una pérdida en la disponibilidad de agua de 1.300 hectómetros cúbicos anuales desde 1980″.
Este dato es un reflejo de la situación en la que se encuentran los recursos hídricos, que resultarán “insuficientes en el medio plazo para los usos que requiere nuestro desarrollo socioeconómico”, afirma José Claramonte, director general de Facsa. Tanto es así que el reciente Estudio sobre el modelo de gestión del agua en España, publicado por esta compañía, sitúa al territorio como “el tercero de la UE con mayor estrés hídrico” en términos de agua dulce extraída respecto de los recursos renovables.
Y el panorama no resulta halagüeño: otro informe, elaborado por la Comisión Europea y publicado en 2020, corrobora que casi la mitad de la población española (22 millones de habitantes) reside en regiones con estrés hídrico, calculando que siete millones más se sumarán a esta cifra en 2100 de cumplirse el peor escenario de calentamiento climático; esto es, un aumento de 3 °C en la temperatura media.
Para compensar esta situación, apunta Gutiérrez, “la desalación del agua de mar se postula como la solución para incrementar la disponibilidad del recurso y cubrir las demandas existentes y futuras”. En su opinión, el uso de la desalinización no solo aborda la escasez actual, sino que también fortalece la seguridad hídrica a largo plazo, toda vez que las plantas proporcionan una fuente de agua más allá de los recursos naturales.
A esto se suma que no se ve afectada por la variabilidad climática, como confirma Francisco J. Baratech, presidente de Acuamed, quien destaca que “el principal beneficio de la desalación es la garantía de suministro de un agua de calidad, lo que resulta imprescindible en periodos de sequía”.
Generación a la carta
Además de la seguridad en el suministro, otro aspecto clave que añade Gutiérrez es que “la tecnología actual permite producir un agua a la carta, adaptada a la calidad para consumo humano, regadío o uso industrial”. Un elemento que influye en el consumo energético de estas plantas y cuya importancia se deriva de que aproximadamente el 80% de la demanda de agua en España corresponde al entorno agrario, seguido por el abastecimiento urbano, que representa un 15%.
En este sentido, declara Antolín Aldonza, portavoz de la Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua), “somos una rareza a escala mundial”, en tanto que más del 20% del agua desalada que se produce en nuestro país se destina a la agricultura, “y si tenemos en cuenta solo los datos del Mediterráneo, el porcentaje sube casi hasta el 60%”.
Dos circunstancias que intervienen en el futuro de estos sistemas son, por un lado, la configuración geográfica de España y la distribución de la población con respecto al mar. Por otro, la “fuerte inversión ya realizada” en plantas desaladoras en nuestro país —que tuvieron un boom en los años ochenta y noventa— y que, “en muchos casos, cuentan con un amplio margen de mejora en sus rendimientos”, explica Claramonte.
Una realidad que “podría representar una respuesta inmediata en casos de emergencia”, como se vive en ciertas regiones españolas. Aun así, todos los expertos coinciden en que, siendo parte de la solución, la desalinización no es la respuesta principal al problema del agua en España. Que pasa, en primer lugar, por optimizar el uso que hacemos de ella; y es que, señala Ricardo Sáez, director general de Sitra, solo las redes de distribución originan pérdidas “del 20% del agua que discurre por ellas y, en el caso de ciertos tamaños de población, hasta el 60%”.
Justamente en relación con el mar, Aldonza apunta a uno de los grandes desafíos, como es la gestión de los residuos, más concretamente, de la salmuera.
El agua rechazada de una desaladora “alcanza concentraciones superiores a 70 gramos de sal por litro (el doble del agua de mar) y suele acabar de vuelta en la costa”, detalla, por lo que es necesario tratarse para evitar que afecte al entorno marino. El uso de nuevas técnicas, como los modelos computacionales de fluidos, ayudan a gestionar dicha salmuera para minimizar su impacto ambiental, aunque se están desarrollando soluciones para convertir este residuo en un recurso.
El reto del consumo sostenible
La desalinización ha experimentado una gran mejora de su eficiencia desde su introducción en España, en los sesenta. Si entonces el coste por cada 1.000 litros de agua “oscilaba entre 3 y 4 euros, en la actualidad se sitúa entre 0,50 y 0,8”, indica Silvia Gallego, de AEDyR. Esta cifra incluye la amortización de las infraestructuras, así como los costes de operación, mantenimiento y energía; y se aproxima cada más al precio del agua potable, en parte, porque este ha aumentado, “ya que las fuentes de agua potable están más contaminadas”.
Ante el alto consumo eléctrico de dichas instalaciones, el sector está tomando medidas para utilizar energía renovable de manera directa. Es el caso de Acuamed que -mediante los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- “está implementando proyectos para dotar a las plantas de paneles fotovoltaicos”, cuenta su presidente, Francisco J. Baratech, siendo el ejemplo más reciente las de Torrevieja y Águilas, de las que se encargará de su ampliación. Por: Jaime Rodriguez y Parrondo [cinco días]
IMAGEN: Desaladora de Carboneras (Almería).
