Quisiéramos creer que los funcionarios y dirigentes del partido oficial que están en el trazado de una política interna de investigación y respecto a la conducta moral de los candidatos suyos a cargos electivos, no solo que están actuando de buena fe, sino que realmente estén haciendo lo correcto.
Sin embargo, muchos nos hemos quedado de una pieza, al conocer que esas mismas autoridades, han enviado el listado completo de candidaturas, para que los servicios de espionaje de la embajada estadounidense sean los que certifiquen respecto a la idoneidad de cada uno de esos ciudadanos dominicanos y los que nos parece un exceso que no tiene punto de comparación.
¿Cómo es posible que el gobierno nacional delegue en funcionarios diplomáticos de otro país, que estos nos digan quienes de nuestra propia gente es seria o inmoral, cuando se supone, que el Estado Dominicano dispone de los mecanismos constitucionales para efectuar y bien, esa o cualquier otro tipo de investigación?
¿Tan vasallo es este gobierno, de Washington, que abiertamente funcionarios suyos delegan sus funciones y responsabilidades en funcionarios de otros países y porque los de aquí se sienten incapaces de hacer la investigación con un mínimo de responsabilidad y de seriedad?
Realmente, lo prudente debe de ser, que a lo inmediato, La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y en la persona del ministro Deligne Ascensión Burgos, retire la solicitud hecha a la embajada estadounidense, así como que igual proceder haga con las ONGs también designadas para hacer la indagatoria y conociéndose, que dos de ellas, Finjus y Participación Ciudadana, son parte operativa del sistema financiero de este país y herramientas útiles de sus propios sistemas de espionaje.
Para decirlo suavemente, La CNEI ha cometido un grave error que ha puesto al desnudo la fragilidad de nuestras instituciones y la dependencia de vasallos, de muchos funcionarios públicos ¿y es que no se dan cuenta, de que, a partir de ahora, EEUU puede reclamar “su derecho” a supervisar las elecciones de febrero y mayo de 2024 y decidir quiénes fueron ganadores o perdedores? (DAG-OJO)
