Un Estado enemigo del ciudadano y cuyos agentes de tránsito lo evidencian

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En los últimos dos años, el llamado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) se ha convertido en el mayor centro de extorsión que los funcionarios gubernamentales tienen a su servicio y a través del cual y cada año, los conductores de vehículos de motor e incluidos motores y motocicletas, sus dueños pierden no menos de 500 millones de pesos en extorsión a gran escala, en tanto en el gobierno central no se hace absolutamente nada para impedirlo.

Semejante reforzamiento de la arbitrariedad en el ejercicio de la aplicación de la ley, ha generado no menos de diez mil vehículos secuestrados por el intrant y violando de manera descarada y sistemática la misma ley de tránsito y la que por ningún lado autoriza la confiscación de los vehículos.

Últimamente la situación es tal, que ya no es solo en el Gran Santo Domingo o en las principales ciudades que se está dando el bandidaje uniformado de extorsión a gran escala, sino que en ciudades urbanas en la provincia de La Altagracia y principalmente en las de vocación turística, los policías se estacionan tres kilómetros de la entrada principal y allí medalaganariamente detienen cualquier vehículo y sin importarles que esos uniformados violan la ley y tal como si se viviera en un estado policiaco afectan el tránsito y el desenvolvimiento de las personas y a lo que también se une con un pésimo servicio la unidad de tránsito militar de Obras Públicas.

Punta Cana, Verón, Bávaro y Cap Cana, son de esos conglomerados urbanos que reciben el azote policial y al grado, de que los hoteles deben tenerle habitaciones asignadas a la mayoría de los comandantes de unidades y gratis y si no quieren que esas autoridades las tomen contra ellos. La situación es inaguantable y por lo que se está viendo, está generando grandes disgustos entre la población turística flotante y el sector hotelero.

No se entiende el porqué desde Interior y Policía no se hayan tomado medidas para acabar con semejante abuso continuo y menos, que en el Poder Ejecutivo no se den por enterados y tampoco en el Defensor del Pueblo. Como tampoco se explica porque ciertos oficiales de uniforme y por violentar la misma ley de tránsito, tratan de humillar y descalificar a los agentes de menor rango que actuan en el ordenamiento de este (DAG-Ojo)