Realmente, da vergüenza, que las autoridades electorales y políticas, que después de 56 años de las elecciones del 1966 que abrieron el presente ciclo democrático, quieran cerrar ese productivo ciclo, obligando a la ciudadanía en capacidad electoral a concurrir a las urnas en el 2024, nada menos que volviendo al sistema tan obsoleto y denegador de derechos, de que las elecciones sean por votación y escrutinio manual.
No hay ni siquiera que leer o enterarse del razonamiento utilizado por los jueces de la Junta Central Electoral como tribunal de primera instancia y para no entender, que lo que en principio ahora se dispone, marca, no solo un retroceso institucional muy difícil de explicar y que los ciudadanos acepten, sino que es en sí, la admisión del fracaso de la partidocracia al no aceptar la primera regla de un sistema democrático valedero, respecto a que se niegue la votación electrónica, mecanismo exitoso en todos los demás países, menos en este y debido a que los políticos dominicanos se resisten en su manía de siempre hacer trampas para imponerse y engañar a los votantes.
Pero hay más, más de mil millones de dólares de dineros de los contribuyentes las autoridades electorales se han gastado desde el 2004 hasta el presente para implementar el voto electrónico y su conteo y que todos los políticos y partidos han despilfarrado sin consideración ni respeto alguno a los ciudadanos-contribuyentes, para que ahora, el pleno de la Junta Central Electoral y porque dispone del apoyo de la clase gobernante y todo el sector mediático tan inescrupuloso que le hace juego, quiera y en base a argumentos que no resisten la menor investigación para demostrar su falsedad, en obligar a los dominicanos a que voten manualmente en el 2024 con miras de facilitarle a partidos y políticos a que hagan trampas, que por lo que se plantea, pasarían a ser “legales” .
La monstruosidad que se pretende es de una dimensión tan bochornosa, que parecería, que lo que se quiere, es que, de los siete millones y pico de ciudadanos en el padrón electoral, menos de tres millones sean los que voten y con lo que las elecciones del 2024 serían probablemente legales, pero no legítimas.
En este sentido, hay que advertirles a las fuerzas vivas del país y a su conjunto intelectual y de profesionales, que deben conformar un comité de dirección dirigido a plantear ante el Tribunal Superior Electoral y como tribunal de alzada, lo absurdamente temerario de los argumentos de la JCE y exigir su no aplicación inmediata, al tiempo que tal decisión y tanto si fuera o no favorable a la República, se replantee ante el Tribunal Constitucional y como demanda institucional en procura de que se garantice el voto ciudadano por medio del escrutinio electrónico.
Si en estas instancias se fallara en contra, entonces habría que ir en demanda política y social obligada ante el Congreso Nacional y para que sea allí donde la ciudadanía debería enfrentar a la partidocracia, exigiendo que sus representantes legislativos, den la cara y expresen sus criterios y determinen si es razonablemente valida o no la demanda de los ciudadanos reclamantes y en cuanto a que el Congreso Nacional rechace el escrutinio manual e imponga el electrónico, que como acaba de ocurrir en Brasil a la primera vuelta y pendiente la segunda, es el mejor método garantista para preservar la voluntad de los electores.
También hay otro punto que la absurda como temeraria decisión, de los por lo visto, incapaces e incompetentes miembros del pleno de la JCE y a quienes a partir de ahora no debería llamárseles magistrados y como es, que con su decisión tan arbitraria, parecería que lo que quieren, es que a las elecciones del 2024 vaya la menor cantidad de votantes, al tiempo de que los candidatos que concurrieran, estarían expuestos a que la nación les desconociera su legalidad y legitimidad y se abriera entonces la terrible probabilidad, de autoridades militares de facto que provisionalmente tomaran el control de la cosa pública ante el fracaso del orden constitucional que los electores se dieron en el 2020.
No estamos planteando que haya que desconocer el voto popular, sino que ante la negación de la JCE y a este punto, el Congreso Nacional, al tomar una decisión que va en contra de la libertad de escogencia, la ciudadanía tenga el derecho legítimo de apelar al factor militar institucional y como garantía para que los políticos no destruyen el sistema electoral y con tal actitud, preservar lo poco que quede de un orden institucional continuo que naciera de las urnas en el 1966.
Ante esta situación, asumimos, que si a este día los principales lideres políticos orgánicos de esta nación y comenzando por el presidente de la República, no se oponen a la decisión absurda de la JCE, todos ellos estarían transitando el débil camino y en cuerda floja, de desconocer su propia legitimidad y lo que para fines institucionales podría ser una invitación a que se conforme el golpe de Estado que la JCE pretende y al negar el derecho ciudadano a que sus votos se cuenten libre y limpiamente y en materia electrónica y no manual, decisión esta última y por el historial que arrastra este tipo de conteo, sería una invitación a que a las autoridades nacionales, ninguna puedan ser consideradas democráticas y basadas en el voto popular.
Reiteramos, es inconcebible el nuevo planteamiento del pleno de la JCE y por la terrible carga de destrucción de la institucionalidad que en el fondo el mismo arrastra y aun cuando los jueces electorales y en lo que parece un recurso burocrático para salvar la cara, puntualicen en su resolución 34-2022, que se establece “ la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados desde los recintos electorales de manera electrónica” y que “ podrán ser utilizadas también en los procesos de primarias de los partidos políticos, para elegir a sus candidatos a puestos electivos programado de acuerdo a las leyes Electoral y de Partidos para octubre del año 2023”.
Y habría que preguntar, ¿ que sentido tiene hablar de la aplicación del conteo manual, si en la misma resolución, se dora la píldora diciendo que “la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados desde los recintos electorales de manera electrónica” sería aplicado y con lo que evidentemente se demuestra que los jueces electorales y de perversos, quieren confundir a todo el mundo y en lo que entendemos, seria la más terrible crisis pre electoral que desembocaría en una abstención monstruo y ante semejante intento tan grosero de desconocer la voluntad popular?
La JCE tiene que retirar su resolución 34-2022 y si sus miembros no se sienten con capacidad para continuar en sus cargos, deben renunciar de inmediato y lo que, sin duda, sería más digno y si cabe el término.
De ahí que digamos, que sería un retroceso fenomenal que nos retrotrae a los peores tiempos de cuando las elecciones servían para hacer trampas a la libertad de escogencia de los votantes, que en el 2024 se quiera un conteo manual. (DAG)
