Desde los últimos veinte años, dentro del país político ha nacido y desarrollado una especie de casta de empresarios oportunistas, quienes incursionando en la política y prevalidos de su capital de trabajo y poder económico, se han organizado como un grupo de empresarios con negocios políticos y de lo que también hay que decir, que con esas iniciativas no violan ningún tipo de ley.
Con tales características, han creado formaciones políticas a las que llaman “partidos” y en base a su propio financiamiento han logrado hacerse de una marca política empresarial con la cual pueden obtener pingues beneficios como producto de las negociaciones y transacciones políticas con el poder y las que muchas veces y como es el caso que nos ocupa, al mismo tiempo crean entramados de medios de comunicación paralelos, que tienen como finalidad, servirles de eco a favor de sus propios intereses.
En base a tales estructuras, hasta logran ser registrados como candidatos presidenciales y también presidentes de sus formaciones políticas y como es el caso del empresario estadounidense de origen dominicano, Ismael Reyes. Dueño de una corporación de siete ramificaciones empresariales en EEUU y de la que obtiene los recursos necesarios para su aventura política empresarial en el territorio nacional. La pregunta es una: ¿No habría manera de que todas estas entidades politicas inorgánicas, sus registros legales sean revisados? (DAG-OJO)
