Si se recuerda que la palabra latrocinio proviene del latín latrocinium. Y que su primera acepción es: “acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente”, se puede entender en toda su dimensión, todo cuanto se está presentando a resultas de los nueve casos de corrupción a gran escala y desde el poder que tiene a cargo la Procuraduría General de la República y desde su área de persecución como Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y en particular el último denominado Operación Calamar.
Y lo que debe recordarse, viendo como en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) -2004-2020- y con el apoyo tácito de sus dos presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, se dio una situación realmente inverosímil como chocante, al comprobarse y en principio, que si esos gobiernos no hubiesen favorecido el entramado de corrupción que ahora se conoce y el que se debate de continuo por una atrapada opinión pública realmente azorada ante tanto desafuero desde el poder, para la mayoría de los dominicanos no les hubiese sido fácil aceptar, que aquellos gobiernos constitucionales de elección popular, constituyeron en sí una infamante asociación de malhechores a gran escala, que por ningún concepto pudiera quedar sin castigo, salvo que el gobierno actual corriera el riesgo que se le viera como apoyador de semejante entramado delincuencia desde el poder.
De ahí y viendo en retrospectiva todo cuanto la PEPCA ha facilitado en información sobre documentos públicos que especifican los ilícitos efectuados, el conjunto de la ciudadanía no estaría ahora, no solo alarmada y sí asqueada, de que gobiernos, presidentes y funcionarios públicos hubiesen llegado a semejante nivel de abuso de poder y de muestra terrible de criminalidad oficial.
En consecuencia y en la medida que se observa, que desde aquel caso de la compra de los aviones Tucano y pasando por el otro Odebrecht y continuando con la serie concatenada de nueve casos criminales y uno detrás de otro que el ministerio público investiga y ahora con la muestra de todo un cuerpo de funcionarios asociados para robar, estafar y desfalcar los dineros públicos, abusando de los cargos que ocupaban en la administración pública, es imposible que la gente decente de este país y que es una gran mayoría, no sienta asco y se escandalice y estalle, exigiendo castigos severos para los culpables.
Solo hay que ver, que en la medida que los casos se han ido presentando en estos últimos tres años y los imputados y ya no tanto, desfilando por la pasarela de la ignominia y de los que más tarde se conoce, que ellos mismos han denunciado a sus colegas de robos, se tiene que admitir, que aunque tal pasarela es un serio desafío respecto a la inocencia de los que por la misma pasan, es sencillamente imposible dudar de las imputaciones y no reconocerle a los subprocuradores de la Pepca y sus equipos de excelentes fiscales, que han estado haciendo un trabajo investigativo digno de ser aplaudido y el que por lo visto, en un 90 por ciento de inventos y mentiras no tiene nada.
Por eso, ahora que se anuncia, que el tribunal a cargo que conoce las medidas de coerción contra estos apresados, tiene frente así una situación mucho más amplia y con la posible alternativa, de que el caso Calamar tenga una segunda parte y por el que también desfilarán figuras públicas que se entendían un dechado de virtud, decencia y honradez, lo menos que cabe esperar, es que el aparato represivo de la justicia que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, profundice su trabajo y no deje piedra que tocar o señalar.
Concomitantemente, se entiende que desde la Pepca se están haciendo las auditorías que permitan determinar, los valores, muebles e inmuebles que se deberán incautar como resarcimiento para las finanzas públicas y en particular, que haya una subasta pública, que despeje duda de cuantos dineros y bienes hayan sido genuinamente recuperados y lo más importante, que ninguno de los delincuentes de cuello blanco a los que una sentencia definitiva de la cosa definitivamente juzgada determine como culpables, en la Pepca no se haga la mala práctica inmoral de compensarles por aquellos de sus compinches a los que denuncien.
En definitiva, hay que admitir que al fin y al cabo, con semejante intento compensatorio de origen estadounidense y que nunca había sido de aplicación en el ejercicio de la justicia dominicana, el mensaje que las autoridades envían, es que todo se puede negociar y que quien robe, una cuarta parte de su hurto podría recuperarlo y con lo que queda la imagen de que el sistema judicial es tan corrupto y corruptor que facilita, que los culpables tengan un inusitado mecanismo de lavado de activos desde el poder y lo que no puede ser y lo más importante, que la mala práctica debe obligar al Poder Legislativo a crear una ley al respecto.
Desde luego, entendemos, que, para ciertos espíritus sensibles, ver desfilar a un grupo de imputados y en la práctica, delincuentes de cuello blanco y por una pasarela pública en la que quedan al descubierto como delincuentes convictos y confesos, no es un espectáculo nada aleccionador, pero al final necesario, pues es de la única forma y no existiendo la tortura, que los investigadores pueden hacer que esos delincuentes confiesen sus delitos.
También es menester puntualizar algo. Todo presidente de la República es el último responsable de todo cuanto de malo o bueno ocurra en su gobierno y desde este principio, en su momento debería ser llamado a dar explicaciones y recordando como en la colonia, a los gobernadores de la isla, la Corona española los sometía a un juicio de residencia de no menos seis meses, en los que se les auditaba su administración.
Pensando en ello, es que muchos entendemos, que los expresidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, deben ser llamados a declarar sobre todos y cada uno de los casos criminales que ocurrieron en sus gobiernos y mucho más Fernández, quien se ha dicho que aspira a que en las elecciones del año que viene, postularse para tratar de volver al poder y cuando a ese político y por la gran fortuna institucional que le acompaña desde sus fundaciones, una de ellas, lograda por aportes públicos de los principales grupos económicos, financieros y mediáticos que se beneficiaron en sus administraciones. Por obligación moral y si realmente se considera una persona decente, debería de encarar.
Frente a toda esta nauseabunda realidad, no podemos dejar de señalar, que la pasarela de la ignominia. El espectáculo es bochornoso, pero si no es así, no hay imputado por corrupción que confiese sus latrocinios. Con Dios. (DAG-OJO) 01.04.2023
