Si el proceso culmina exitosamente, el mundo dispondrá próximamente de un nuevo convenio para proteger las zonas marítimas internacionales, aquellas cuyo aprovechamiento para fines económicos no pertenece a ninguna nación en particular. Nuestro país estará dentro de los firmantes del acuerdo, negociado bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Es sabido que cuando nadie es dueño de un objeto, pero todos pueden usarlo, es probable que nadie lo cuide. Eso es lo que ha venido sucediendo con esas zonas internacionales, y el convenio aspira a regular la explotación de un 30 % de los océanos a fin de detener su deterioro ecológico. Una de cada diez especies marinas se considera en riesgo de extinción, y aunque la pesca en exceso ha causado muchos perjuicios, otros factores tienen también su cuota de responsabilidad. Entre ellos figuran las rutas de navegación y la extracción de minerales del fondo del mar, los cuales han sido tenidos en cuenta en el texto del acuerdo.
La discusión del convenio duró diez años. Sería de esperar que la pesca y la minería hubiesen sido los más graves obstáculos para su aprobación, y sin duda fueron fuente de intensos debates. Extrañamente, sin embargo, el mayor motivo de la demora fue algo más sofisticado e impreciso.
El gran retraso provino del valor genético de los recursos marinos, tanto especies vegetales como animales, aprovechables para fines farmacéuticos, industriales y alimenticios. Dado que únicamente se conocen 230,000 especies marinas, pero se estima que existen más de dos millones, el monto de su valor genético se desconoce. Sólo se sabe que es muy grande y será determinante para muchas actividades económicas futuras.
Pero lo que sí se conoce es que son los países desarrollados los que estarán en mejores condiciones para aprovecharlos. Los demás, los pobres, lo saben, y como condición para rubricar el acuerdo plantearon que los frutos de la explotación deberán ser compartidos con ellos. Habrá que ver si los desarrollados cumplen. Por: Gustavo Volmar [Diario Libre]
