Una vez más, no hay que ser un fino analista para constatar algo que resulta evidente para todos los españoles. No tenemos un Gobierno sino un sindicato de intereses cuyos socios están exentos de cualquier atisbo de lealtad constitucional y patriotismo.
El capitán que conduce el barco se comporta como un boxeador noqueado al que solo le mueve la obsesión de mantenerse en el cargo a cualquier precio. No hay cesión que no esté dispuesto a aceptar con las justificaciones más estrambóticas que aplaude la fiel izquierda política y mediática española.
Hay que aclarar este último término, porque ni ERC ni Bildu tienen lealtad a un político por el que sienten un total desprecio. No pretendo ofenderle, sino que constato una realidad que expresan sus dirigentes sin ningún pudor.
Por supuesto, es lo mismo que piensan y dicen los seguidores de Puigdemont y Ortuzar. Al primero solo le importa su proyecto secesionista y humillar a la presidencia del Gobierno, la Constitución y el Estado de Derecho.
Los cambios de criterio o las mentiras de Sánchez, para ser más preciso, no es su mejor aval ante sus interlocutores. Por ello, Puigdemont le ha tomado la medida y lo exprimirá hasta la extenuación.
No me sorprende ni la izquierda política ni la mediática, porque les mueve el interés más descarado. El Gobierno se comporta con enorme generosidad con sus «amigos», porque las redes clientelares funcionan a golpe de talonario. No hay más que ver las empresas públicas o RTVE que es fuente de enriquecimiento para las productoras afines al PSOE.
Es lo que ha sucedido desde la Transición hasta nuestros días. Lo mismo se puede decir de los intelectuales de salón y los juristas que han acudido prestos a defender al sanchismo. La inconstitucional proposición de ley de amnistía es una muestra de ello, aunque también es cierto que los juristas que las defienden son personajes desprestigiados y sectarios como Pérez Royo o Martín Pallín.
A la espera del «pumpidazo», nada se puede esperar de un Tribunal Constitucional controlado por mano de hierro por el jurista de cámara del régimen, Cándido Conde Pumpido, y sus colaboradoras encabezadas por Segoviano y Balaguer. No son tiempos para que florezca la verdad, ya que se ha impuesto el uso alternativo del Derecho al servicio del poder.
Estamos ante una iniciativa legal que es un fraude de ley, ya que su auténtico objeto es pagar una investidura con la impunidad. Este aspecto inmoral de la amnistía, que no solo no se ha escondido, sino que se reconoce descaradamente, hace que resulte incomprensible que los desprestigiados juristas del sanchismo, encabezados por Conde-Pumpido, defiendan un texto legal que además es un bodrio jurídico.
Es la expresión de la degradación del Estado de Derecho en nuestro país, porque se aprobará una ley que atenta contra la separación de poderes y la igualdad de los españoles, con un Congreso de los Diputados que asume una competencia que no le corresponde constitucionalmente y que comporta una mutación de la Constitución.
Es el reconocimiento de un derecho que el constituyente decidió, con meridiana claridad, excluir porque una amnistía por delitos contra el ordenamiento constitucional no tiene ningún sentido en una democracia.
Sánchez se encuentra ahora con el grave problema de la irrupción de Puigdemont. No hay que tomarse en serio su intento de minimizar lo sucedido. Una vez más se confirma que los independentistas catalanes se crecen con la debilidad del Gobierno. No hay ningún arrepentimiento, lealtad o agradecimiento, porque Puigdemont convierte las mentiras y los errores del líder del PSOE en su ariete para arremeter contra España.
Lo dejó muy claro en su comparecencia para anunciar que sería candidato a la presidencia de la Generalitat. Por supuesto, Sánchez se ha quedado sin argumentos de campaña y eso de la reconciliación es una bufonada hilarante que se le vuelve en contra. Su candidato no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, ya que no le votarán ni ERC ni Junts.
Es más, no hay que descartar que se repita un gobierno de coalición independentista. El escenario es muy favorable para el PP, salvo que haga tonterías, porque no tiene más que rentabilizar los errores y las cesiones del sanchismo entre el electorado constitucionalista.
El papel del PSC será apoyar a Puigdemont o Aragonès. Es entregar un concierto económico y un cupo para Cataluña que rompe la solidaridad entre los españoles. Hay catalanes que se sentirán cómodos con este despropósito, pero una mayoría no quiere acabar con España.
Por supuesto, el sanchismo político y mediático moverá el voto del miedo, porque solo les interesa llenarse la cartera. Es bueno recordar la eficacia con que se gestionan los gobiernos autonómicos del PP y que no se ha producido ningún problema con la presencia de Vox en alguno de ellos. En cambio, no hay más que ver la inestabilidad del Gobierno de Sánchez que es incapaz de presentar un proyecto de Presupuestos.
A esto hay que añadir la escandalosa Operación Ayuso promovida por las cloacas socialistas, que utilizan la Administración al servicio de sus intereses partidistas. La izquierda ha desatado una cacería política tan inmisericorde como repugnante. No le importa, en cambio, el escándalo protagonizado por Koldo y sus colegas que confirma la existencia, desgraciadamente, de una corrupción sistémica en el socialismo español.
La derogación de facto de la ley de Transparencia y Buen Gobierno, ya que los altos cargos pasan de cumplirla. Por ello, Cataluña es clave para que se recupere el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho y la separación de poderes que están en riesgo con el sanchismo y sus poco recomendables aliados independentistas, comunistas y bilduetarras. Por: Francisco Marhuenda [La Razón]
