El ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, ha abierto la caja de Pandora con sus recientes declaraciones. Al parecer encontró en la nómina del Ministerio, entre otros, un pago mensual de un millón de pesos a un periodista que no identificó por su nombre, pero del que da algunas pistas.
Este impulso de ¿transparencia? hubiera sido más efectivo si identificara al comunicador "de los domingos". Al no hacerlo, levanta la sospecha sobre el gremio y alimenta el voraz ecosistema de los rumores. O quizá esa era la intención. O quizá los motivos para hacerlo público eran unos que no se conocen.
Pero más allá del caso particular o de los motivos concretos de Ceara Hatton, se abre el debate. ¿Qué relación quieren los políticos con los periodistas? ¿Cuánto están dispuestos a pagar (dinero público, no olvidar el detalle) para que hablen bien de ellos, mal de otros o para que se callen? ¿Cómo parar esta práctica que tanto daño hace a la prensa libre, a la democracia, a la profesión?
¿Por qué el anterior ministro de Medio Ambiente consideraba tan valioso el programa en cuestión? ¿Cuánto dinero gasta este gobierno en este tipo de relaciones? De gobiernos anteriores se hablan de cifras escandalosas, pero difícilmente demostrables. El PLD creó una plataforma de trabajadores incrustados en los medios unos, productores independientes otros. Eso sí era público, los sueldos no.
Los medios, los periodistas, no son enemigos de los políticos. Son un complemento en el objetivo común de crear el clima democrático que la sociedad merece. Una meta que ni pagando un millón al escuadrón de elegidos ni controlando la información con decenas de notas de prensa al día (estrategia de propaganda favorita de esta administración) se logra. Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
