España sigue siendo una gran Democracia, aunque es evidente que hay decisiones que la debilitan. Es un escenario inquietante por culpa de una serie de actuaciones que atentan contra la separación de poderes hasta el punto de correr el riesgo de convertirla en algo más nominal que real.
La utilización de los reales decretos ley es un despropósito que entra en colisión con el espíritu de la previsión constitucional. El sanchismo ha convertido esta práctica en una forma ordinaria de legislar sustrayendo a las Cortes su función.
La aplicación del rodillo parlamentario debilita la Democracia, porque se impide la tramitación normal de textos que no tienen ninguna urgencia. No es más que un intento de impedir el debate y marginar a la oposición.
Lo mismo sucede con el abuso de las proposiciones de ley que no se hace para incentivar el papel de los grupos parlamentarios, sino para hurtar los controles que tendrían si fueran tramitados como proyectos de ley.
Por supuesto, los comportamientos displicentes y prepotentes hacia la oposición o la utilización de las Cortes como mera correa de transmisión de las decisiones de La Moncloa y sus aliados sirven para debilitar la Democracia.
No es aceptable llamar golpista al presidente Aznar por reclamar que los ciudadanos ejerzan su derecho de manifestación. Nadie debería ser censurado por expresar su rechazo a una decisión gubernamental que busca comprar una investidura.
El asalto al Poder Judicial, como sucedió con la Fiscalía General del Estado, es un ataque frontal a la separación de poderes. Es también preocupante que la gobernabilidad se sustente en partidos anticonstitucionales, como lo han demostrado con su trayectoria, como son los independentistas o los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA.
Unos pocos diputados deciden el futuro de la inmensa mayoría de los españoles. La amnistía es otra intromisión ilegítima y sin fundamento en el Poder Judicial. Al margen de las consideraciones doctrinales, que muestran su inconstitucionalidad, la realidad es que no existe ninguna razón política que justifique el despropósito.
España es una Democracia que no tiene que amnistiar a unos delincuentes que atentaron contra el ordenamiento constitucional y estatutario. Por: Francisco Marhuenda [La Razón]
