No se entiende que un grupo de burócratas en Industria y Comercio y también en Aduanas, decidan que debe prohibirse por quince días la exportación de huevos a Haití y con el pretexto de que el Estado gasta mucho en subvencionar la producción o que el consumidor local se vería afectado si no se diera la prohibición y sin que se hubiese tomado previamente en cuenta la opinión de los productores.
Lo que genera más suspicacias, es que, con la insólita medida, los pequeños productores irían a la quiebra por tan devastador que será el impacto de la disposición burocrática y lo más desconcertante, que si del cien por ciento producido a Haití solo va el 20 por ciento, comprensiblemente no es posible decir que por ello el consumidor local estaría perjudicado.
Algún interés político y comercial oculto hay detrás de esta decisión, sabiéndose que dentro de la dirigencia del PRM hay algunos que son grandes productores de huevos y gallinas y como es el caso de un expresidente del Senado de la provincia Espaillat, quien, con la medida, de seguro se beneficiará grandemente.
Lo correcto debería ser que en Industria y Comercio suspenda la medida y hasta que esas autoridades den una respuesta lógica al por qué de la decisión anunciada que presiona a la baja el precio del huevo en granja y que bastarían menos de quince días para que se fueran a la quiebra o sufrieran grandes pérdidas.
Criterio que se refuerza al escuchar al presidente de los productores de huevos, Manuel Escaño, al decir en entrevista al matutino DL que “que se producirán pérdidas cuantiosas para los pequeños y medianos productores. Con esa medida lo que están haciendo es golpear al sector, para ponerlo en peligro de que pueda incluso desaparecer”, alertó. Detalló que, “en la actualidad, el costo de los huevos en granja es de 5.50 pesos por unidad y se comercializa entre 7 y 8 pesos en colmados y supermercados. El cartón de 30 unidades supera los 170 pesos. Dijo que los 15 días que durará la medida es tiempo suficiente para afectar el mercado y llevar a la quiebra a los pequeños productores. Aseguró que la medida no fue consensuada con el sector”.
El presidente Abinader ha dicho que su interés es el de proteger la producción nacional, pero realmente con esta decisión el mandatario no lo está haciendo. La medida debe suspenderse y llegar a acuerdos entre las partes. No imponer ni afectar intereses creados que pagan impuestos y generan miles de empleos directos. (DAG-OJO)
