Es inconcebible que el procurador fiscal a cargo de los asuntos electorales haya expresado su asombro, de que los partidos opositores y quienes, por ruedas de prensa, han manifestado hondas criticas contra el procedimiento fuera de ley que le achacan al PRM y al gobierno en las pasadas elecciones municipales de febrero, todavía no hayan presentado las denuncias correspondientes ante su despacho.
Y lo grave es, que el funcionario tiene toda la razón, pues lo lógico debe ser, que, si ha ocurrido un hecho punible legalmente y que hubiese afectado a terceros, en este caso a los partidos políticos opositores que concurrieron a las elecciones municipales descritas, estos y a tres días de plazo no hubiesen presentado sus reclamos y solo lo hayan estado haciendo en declaraciones a medios y periodistas y por lo que parece, por pura demagogia y que sin duda, es un accionar más que sospechoso.
Por esa actitud tan poco transparente, obliga a que a razonamiento a contrario se entienda, que los miembros de la misma alianza Rescate RD, parecería que tienen culpas compartidas con el partido del gobierno en materia de complicidad extraña y para dejar exprofeso, que el PRM salga de las imputaciones libre de culpas y en cierta forma, legitimando los excesos incurridos.
Estamos hablando de compras de cedulas, de votos y hasta de candidaturas opositoras y que fue un espectáculo público que dejó mudos a millones de dominicanos, que nunca habíamos presenciado una situación semejante y que realmente desdice de la decencia y respeto a los electores que el oficialismo debió tener.
Todavía más, ni siquiera los candidatos presidenciales opositores han sido públicamente todo lo enérgicos que en una circunstancia como esa debieron de haberse mostrado y habiendo sido sus partidos los más perjudicados y lo peor, que tampoco sus delegados electorales, quienes por sí mismos y de acuerdo con la ley electoral están facultados para tomar cualquier medida que entiendan aceptable en lo legal para hacer valer reclamos sobre hechos ilícitos ocurridos y como sin duda lo es la compra pública de votos perpetrada por sargentos políticos del partido oficial y hasta a las puertas de los colegios electorales.
Si esto ha ocurrido y no se ha dado la transparencia de información y reclamos que debió de suceder, hay que imaginar entonces la falta de transparencia que tendrá un debate electoral presidencial por el que los grupos económicos y financieros decidirán a ese momento cual de ellos es al que definitivamente apoyarán.
De ahí que entendamos, que ese debate que se anuncia, bien que desde ahora haya que tipificarlo como fallido y de cara a los intereses de los electores, pero no así para los seguidores y afiliados políticos de los candidatos, quienes evidentemente, cegados por la pasión y como ya se encuentran y todos entendiendo, que lo que ellos digan es lo “que habla la ciudadanía”, que desde ahora nos mostremos pesimistas con relación a la puesta en escena del debate mencionado.
Para empezar, se debería suponer, que en el debate se deberá de hablar de las fortunas que se les achacan a por lo menos dos de los candidatos presidenciales, uno, que cuando se metió a la política no se le conocía riqueza y el otro, al que se le achaca lo que tiene porque le viene supuestamente de herencia familiar, originada en negocios y política.
Sin duda, es un punto clave el que se dilucide y en momentos, que ser presidente de la República, significa autoridad y manejo cada año de un presupuesto de un billón de pesos promedio y por lo que se supone, que cada uno de esos candidatos presidenciales deberían demostrar su capacidad e instrucción en materia de educación financiera.
Así mismo, el punto primordial del debate y al menos en su primera media hora, debe centrarse en que harían con el horroroso déficit actual que tienen las cuentas de la República en materia de duda pública y qué entienden ellos sobre su efecto en la economía y sobre todo, en la doméstica, es decir en la de cada ciudadano.
Igualmente, sería básico, que cada uno explicara el uso que sus partidos han tenido de los más de 25 mil millones de pesos que han manejado en materia de subsidios públicos y demostrando el grado de transparencia en la ejecución de esos presupuestos y por ser cada uno de esos candidatos, los individuos que tienen la última palabra en el cómo esos dineros fueron gastados y lo importante, si sus partidos tienen sus libros de contabilidad al día y sus respectivos pagos de impuestos como personas públicas.
Resulta y esto hay que recordarlo, que los miembros de la partidocracia, nunca en los últimos 60 años han dado explicaciones de como sus legisladores han utilizado los presupuestos especiales que abusivamente se otorgan así mismos y con el pretexto de otorgar ayudas especiales para sus comunidades y provincias y que se recuerde, tampoco sus jefes políticos -ahora en el debate anunciado- no han dicho esta boca es mía respecto a esos excesos de administración.
Otro punto y básico, tiene que ver con la penetración del narcotráfico en las funciones públicas dentro de los tres poderes interdependientes del Estado y al grado, que militantes políticos han escalado altas posiciones públicas de elección o se han exhibido en sitios públicos e impúdicamente con narcotraficantes y lavadores de activos y precisamente con los mismos principales cuatro aspirantes presidenciales invitados al debate y lo que en estos momentos adquiere gran importancia y al conocerse de la condena en EEUU y de 16 años, al narco diputado del PRM, Miguel Gutiérrez Díaz o el cuestionamiento severo que un tribunal le tiene a la diputada, Rosa Amalia Peralta, por presumibles prácticas de lavado de activos y ella, también militante del PRM.
A nuestro modo de ver y entender la penetración del narcotráfico como de bandas de lavadores de activos provenientes de los bajos fondos de la delincuencia dominicana en Nueva York en la vida política nacional y en los sectores económicos y mediáticos y en particular, entre el sector económico que financia a políticos y partidos, se trata de un tema de capital importancia para entender los niveles de integridad y honestidad personales de cada candidato presidencial.
Lo que impone, que enfaticemos, que quienes tienen la responsabilidad de preparar o participar en el debate presidencial, los anteriores son puntos básicos que deberían tenerlos muy en cuenta, sobre todo, cuando es públicamente conocido, que no son una ni dos las instituciones financieras que se les achaca complicidades manifiestas y no desde sus sedes centrales, sino desde instituciones colaterales y periféricas, con las prácticas que describimos.
Pensamos también, que, si se hace un debate presidencial entre personas decentes, todas deben tener presente al auditorio al que se dirigirán, pues en este país, absolutamente nadie ignora de que pie cojean nuestros políticos y candidatos, ya bastante de dolo y sinvergüencería muchos han hecho y para que ahora también y al no criticárseles, quede la penosa imagen de que el debate presidencial tendrá de víctima la transparencia. Con Dios. (DAG) 05.04.2024
