De buenas a primeras, parecería que poco a poco y ante la atrapada opinión pública, empieza a entenderse el por qué en el pleno de la Cámara de Cuentas, tanto el anterior que fuera expulsado como resultado de un juicio político y el actual, que se entendía iría por el mismo camino, los intereses políticos, económicos, sociales y financieros que inciden en la toma de sus decisiones, no quieren que este tampoco sea desmantelada y porque en esta ocasión, es el poderoso gobierno paralelo de la onege, Participación Ciudadana (PC) el que ahora marca territorio para que la institución auditora no sea tocada.
Si se recuerda que fue un conglomerado financiero y empresarial y con su banco comercial más popular a la cabeza, quien motorizó la creación de PC y ahora se presenta el actual impasse y que al mismo tiempo, el mismo grupo financiero creó su otra herramienta institucional de penetración a nivel jurídico, la onege denominada FINJUS, cuyo vocero principal, prácticamente y en este gobierno, es una especie de interlocutor exoficio y que por igual, el abogado empresarial de apellido Álvarez y aparente cofundador de PC, se ha convertido en lo más parecido al poder tras el trono de ambas instituciones “independientes de interés social y democrático de derecho”, necesariamente que se debe considerar, que se está entre dos organizaciones “de la sociedad civil”, que de suyo la oligarquía y la alta burguesía entienden la especie de gobierno corporativo que le hace contrapeso al Gobierno Nacional.
Y si nuestra percepción es la correcta, entonces los dominicanos debemos y tenemos que entender y que debe recalcarse, que esa especie de gobierno corporativo secreto, es el que le hace contrapeso al gobierno nacional que la ciudadanía electoral había elegido para un periodo gubernamental de cuatro años y que al descubrirse esta realidad, de inmediato, las fuerzas vivas que nada tienen que ver con el sector mediático que controla la casi clase gobernante financiera y que en la práctica, tiraniza nuestras instituciones y por ende y en base a una manipulación mediática, artera y alienante, ha convertido a los ciudadanos en esclavos del grupo oligárquico y financiero al que las dos instituciones de presión se deben.
Al mismo tiempo, el hecho de que PC quiera ahora arrojar dudas sobre la idoneidad y facultad constitucional de revisión sobre la Cámara de Cuentas o sobre cualquier otra institución del Estado que tiene legalmente el Poder Legislativo, a nuestro modo de entender lo que ocurre, consideramos que estamos ante una inusitada muestra de control externo del primer poder del Estado y que la coordinadora de PC de apellido Sánchez, lo sintetiza diciendo y a nuestro juicio atrevidamente, que llama la atención respecto a «quienes son los que investigan también, qué intereses pueden tener los que investigan. Lamentablemente aquí todo está sesgado por los partidos políticos».
Es decir en su grosero intento de chantaje contra los diputados y para que no investiguen y menos, sometan ante el Senado a juicio político a los integrantes del pleno de la CC y por las fechorías y trampas que el mismo presidente del organismo reveló públicamente y que de comprobarse que realmente ocurrió, lo que hay que entender es que se está ante un soberano accionar chantajista contra senadores y diputados y pretendiendo arrojar dudas sobre la capacidad, responsabilidad y autoridad constitucional de los representantes, legales y legítimos, que la nación eligió.
Ni hablar, que se está ante una pretensión totalmente inaceptable como atrevida y que conspira contra la gobernabilidad de la nación y que los ciudadanos y bajo ninguna circunstancia podemos aceptar y sí condenar a PC y a todos los medios de comunicación y de información de masas de la prensa mercancía, quienes tan descaradamente se han prestado a tergiversar la verdad de los hechos que se quieren investigar y para que por siempre, la Cámara de Cuentas continue siendo o considerada propiedad de la oligarquía financiera de este país.
A todo esto, que el pleno de la Cámara de Cuentas esté siendo investigado y sometido a un juicio político por el que su pleno sea eventualmente expulsado, tampoco quiere decir que el mundo se nos caería encima, toda vez que administrativamente el personal y resto de directivos de segunda línea continúan en su ejercicio de trabajo y solo a la espera de la nueva matrícula del nuevo pleno y al que sí hay que añadir, que el Poder Legislativo debe darle mayor poder a quien sea presidente del mismo y para evitar que sus decisiones sean tumbadas porque una mayoría de miembros se apandillen en su contra y que es lo que ha sucedido y simplemente, porque esas tres auditoras y en el caso presente, parecería que responden a los intereses que PC representa y es al parecer, la responsable de que allí nada se salga de carril.
Para colmos, el atrevimiento de una abogada de apellido Blanco y de Participación Ciudadana, que llegó tan lejos en la entrevista que diera la coordinadora Sánchez y que se publicó ayer y de la que nos hicimos eco, que se permitió la ligereza de plantear, que «Lo que hay es que sí revisar ese cuerpo administrativo que tiene la Cámara de Cuentas, identificar cuáles fueron o cuáles son las personas de ese entramado corrupto porque obviamente están ahí; siguen estando ahí aunque el Pleno anterior salió».
En otras palabras, la oligarquía financiera y con tal de no perder el control de facto que tiene sobre la CC vía PC-FINJUS, arroja dudas sobre todo el personal administrativo de la CC y sabiendo, que, al controlar la mayoría de sus miembros, perfectamente puede quitarse de encima a una parte de la burocracia administrativa que siempre se ha resistido a sus requerimientos y presiones.
Accionar y actitud que increíblemente, nadie del aparato político de la nación, sus miembros no han caído en cuenta y menos la cabeza del Poder Ejecutivo. Es verdad que la CC es designada por el Senado, pero no lo es menos, que luego requiere un decreto presidencial que legitime la escogencia legislativa legal y en función de ello, reclamamos que diputados y senadores no acepten la presión que ahora PC-FINJUS y en base a sus influencias mediáticas quieren imponer y para solo responder a la especie de gobierno corporativo financiero y secreto, al que se deben.
¿Tiene o no sentido, que advirtamos que los intereses políticos, económicos y sociales que están detrás del grupo de presión Participación Ciudadana y en específico del sector financiero, no quieren que el actual pleno de la Cámara de Cuentas sea desmantelado y que, si la Cámara de Diputados interviene, a su vez se investiguen sus intereses? Ojo al Cristo y que no es de piedra. (DAG) 09.05.2023
