Mal va la República Dominicana, cuando una parte de sus ciudadanos abogan porque si la policía es incapaz e incompetente para enfrentar el vandalismo, la delincuencia social y la criminalidad, asesine a mansalva a individuos a los que inmediato los medios de la prensa mercancía tipifican como “delincuentes” y lo que refleja el derrotero hacia la dictadura militar, que esos desaprensivos mediáticos alientan.
En este aspecto y si se hace una investigación fría sobre el por qué del bandolerismo social, se comprobará que la mayoría de la población joven es analfabeta y a la que el Estado no le ofrece alternativas sanas de vida, en tanto la criminalidad como tal, es el producto directo de la corrupción política, institucional y empresarial que ahoga a toda la nación.
Solo hay que atender a las estadísticas más confiables, esas que hablan, de que solo 10 de cada 100 ciudadanos tienen una conducta antisocial, en tanto de cada 100 empresarios, banqueros y comerciantes, políticos y funcionarios públicos en los tres estamentos del Estado, no menos de 75, son delincuentes de cuello blanco y asociados al narcotráfico, el lavado de activos y los asesinatos por encargos.
Si a las cifras anteriores les agregamos, que la policía y el ministerio que la dirige, en vez de enfocarse en iniciativas de rescate social comunitario a favor de la juventud y actuaciones de mucha civilidad reforzando programas de rescate de la moral y cívica entre los ciudadanos y el Gobierno que esté, imponiendo una vuelta al servicio militar obligatorio como base perfecta para crear ciudadanos con responsabilidad social y cívica, ahora no hubiese la desagradable percepción de que “la criminalidad ha secuestrado a esta nación” y lo que rotundamente no es cierto.
Lo que ocurre, es que los organismos tutelares de función cívica, como las iglesias, los centros educativos y las universidades y las oenegés que se dicen protectoras “de la sociedad y del medio ambiente” y unido a la desagradable situación, de un factor periodístico marcadamente amoral y corrosivamente destructivo de los valores morales que deben de existir en una sociedad organizada, se han coaligado y para hacer creer, que es la sociedad la que está enferma y no como se observa detenidamente, que la anómala situación se origina en la irresponsabilidad gubernamental y en la enorme deserción de responsabilidades institucionales y cívicas por parte de militares, policías, servicios de inteligencia y espionaje que no actúan como organismos tutelares de la nación y dado el tremendo afán de lucro que a la mayoría de sus efectivos les domina.
Y es en razón también de que la mayoría de las instituciones como universidades y centros de pensamientos, le han dado la espalda a la civilidad y a la civilización bien entendidas y cómo base de una nación realmente democrática y para colmos, recibiendo la complicidad absoluta de parte de los llamados miembros de la intelectualidad criolla, quienes por sus complejos sociales y como parte de esa pequeña burguesía que detesta a los ciudadanos de a pie y de la que paradójicamente, la mayoría tiene origen y quienes ya “conocidos”, abjuran de la pequeña burguesía y como los trepadores sociales que son y solo quieren ser gratos a los ojos de las personas de fortuna y de supuesto origen “aristocrático” y por sentirse avergonzados de haber nacidos pobres o con precariedades, es donde radican las mayores culpas del actual estado de amoralidad que se vive.
De ahí, que si nos pusiéramos analizar la deserción de responsabilidades cívicas y sociales de las que hablamos, se vería que es allí, en ese factor social tan maleado, donde se encuentra el origen de todos los males sociales que perturban, pero que aun no aniquilan a la República.
Al entenderlo y viendo la terrible orgía de sangre en la que la policía se ha colocado y ahora como base ejecutora de la delincuencia desde el poder, manifestamos lo propio de toda persona e institución decente, oponernos a tanta abusiva como desconcertante criminalidad policial y en la que, por discursos que se han emitido, parecería, que el Poder Ejecutivo, así como la partidocracia, aplauden a rabiar semejante comportamiento tan incivilizado.
Todavía, no se ha llegado al extremo, de que, por estos crímenes a gran escala, haya que exigirle cuentas al presidente de la República, Luis Abinader y por una sola razón, él representa la nueva generación social y política que ha llegado al poder luego de todas las anteriores nacidas en la Era de Trujillo y por lo tanto, debe mantenérsele el beneficio de la duda y sobre actuaciones policiales criminales, hijas de la mentalidad asesina de jefes policiales que solo entienden que “matando al enemigo” y esto así, al creerse que con sus efectivos deben comportarse como si la República fuera un territorio ocupado en el que a los ciudadanos haya que entenderlos como enemigos a los que hay que exterminar.
Por esta razón, todavía Abinader no se ha ganado la grosera imputación que políticos y periodistas de cuando la Guerra Fría le imputaban alegre e irresponsablemente al presidente Joaquín Balaguer, quien todavía tiene que cargar con el mote de “asesino” y paradójicamente, pronunciado por los mismos periodistas y medios de comunicación que apoyan la carnicería policial actual y elementos políticos y sociales que hoy se cobijan detrás del oficialista, Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Comprobando lo anterior, en POR EL OJO DE LA CERRADURA, nos resistimos a pensar o suponer que, en apenas dos años de mandato, el presidente Abinader se incline por la fuerza bruta criminal, cuando son tantos los recursos de alto componente cívico que su gobierno tiene para darle un giro positivo a la presente situación.
Inclusive, le invitamos a que copie de Balaguer una actitud y comportamiento, que pocos le hayan conocido al gran estadista, que disfrazado, sabía montarse en un vehículo común y corriente y salir por las calles de barrios periféricos y populares y para darse cuenta por sí mismo de lo que pensaba y sentían los jóvenes y sobre todo y que fue el origen de los programas sociales a favor de la juventud y tomando de base los clubes barriales, motorizar políticas de acercamiento humanitario a favor de la juventud y que fue la iniciativa, que logró que la población tuviera por un tiempo a favor de la policía y viéndola con una buena imagen a la par que los brotes de delincuencia juvenil cesaban.
Mientras tanto y rotundamente decimos, no a las ejecuciones extrajudiciales y a la ola de criminalidad policial. Es aterrador, que ciudadanos se expresen a favor de esos crímenes y no llamen la atención del gobierno sobre la incapacidad e incompetencia policiales. ¿Se querrá una nueva dictadura? (DAG)
