Solo entendiendo a razonamiento a contrario, es que pueden aceptarse las observaciones muy ponderadas que el Poder Ejecutivo y mediante la Dirección de Ética Gubernamental, acaba de formularle a un ministerio público central, que por lo visto, parecería que luce timorato en aplicar determinadas leyes que van dirigidas a sancionar con firmeza y dureza todo tipo de irregularidades administrativas que hayan sido cometidas por funcionarios y terceros involucrados en las irregularidades especificadas.
Y es, que lo dicho vía documento escrito por la señora directora de ética e integridad gubernamental, la exsenadora y también exvicepresidenta, doctora Milagros Ortiz Bosch, respecto a tres casos de fuertes ilícitos enmarcados dentro de la probabilidad de ser actos de corrupción, fraude y desfalcos continuos desde el poder, no deja dudas de ninguna especie, de cuál es el talante o que es lo que piensa el presidente Luis Abinader sobre este particular.
En este sentido, es evidente que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito y por razones, al parecer de prudencia excesiva, no ha querido tomar determinadas acciones y actitudes que textos legales le obligan a emprender y que Ortiz Bosch le recuerda específicamente tres casos.
Si nos ponemos a ver, parecería que la doctora Germán Brito no ha querido actuar como debía en los casos que se le señalan, llevada del prurito, de que la atrapada opinión pública y los mass media, interpretaran la aparente dejadez, como que ella se estaba enfrentando a áreas específicas de administración que tienen que ver con el Poder Ejecutivo y lo que desde luego, no es excusa para que no accionara como de su departamento se espera y de acuerdo, para citar un texto, la Ley 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004, que si bien es el parámetro a seguir por la Cámara de Cuentas, no lo es menos, que por sus derivaciones, es también competencia directa de la PGR y todo el entramado jurídico sancionador que tiene que ver con el ministerio público central.
Pero si seguimos el análisis de la perspectiva del razonamiento a contrario, también se puede entender perfectamente, que el presidente Abinader lo que quiere hacer entender y vía Ortíz Bosch, es, que para su gobierno es primordial y básico el enfrentar y castigar toda forma ilícita de corrupción desde cualquier función pública y al entenderlo, muchos asumimos que la doctora Germán Brito y de ahora en adelante y junto a sus subprocuradores y fiscales, no tendrá reparo alguno en responder y actuar dentro de lo que sus funciones y calidades le obligan contra todo aquel funcionario o exfuncionario que haya delinquido desde el poder que ostenta u ostentaba.
Lo que significa, que en la PGR no deben abrigar dudas respecto a la amplitud legal y por lo visto absoluta, que cómo máxima autoridad del ministerio público tiene y lo que, para nosotros, interpretamos correctamente, de que a la procuradora, lo que el Poder Ejecutivo le está indicando, es que si es menester, se espera que la PGR convoque al ahora expresidente Danilo Medina Sánchez a tratar aspectos de responsabilidad suya, por ilícitos comprobados y verificados de muchos de sus subordinados y hasta parientes y de esa manera, la PGR entre de lleno a buscar responsabilidades en aquellos hechos de corrupción que tienen que ver con el Poder Ejecutivo anterior y del que, por lo visto, parecería que se rompieron todos los parámetros de probidad, decencia e integridad moral que del mismo se esperaban.
Al ser nuestro razonamiento el correcto sobre el inédito llamado de Ortiz Bosch, lo menos que debemos entender, es que de ahora en adelante no habrá ni frenos ni barreras de ningún tipo para que la actual Procuraduría General de la República enfrente la corrupción desde cualquier instancia de poder y por más alto que fuere en materia civil como militar y lo que entonces, quienes abogamos por una lucha fuerte y radical desde el poder constitucional contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios así como de tránsfugas suplidores del Estado de todo tipo, entendemos que y recalquémoslo, que de ahora en adelante, los delincuentes ubicados en determinadas asociaciones de malhechores gubernamentales serán enfrentados con todo el rigor que se debe.
Además, al analizar de esta manera y que entendemos es la correcta, los juicios y recomendaciones emitidos por la titular de la dirección de Ética Gubernamental, definitivamente que haya que alentar a la magistrada Germán Brito a que actúe tal y como el Poder Ejecutivo y en aplicación de la ley orgánica de la PGR entiende que debe hacer.
Concomitantemente, el llamado de atención presidencial debe alentar a quienes entendemos que Abinader y con toda y su todavía inexperiencia en el manejo amplio de los asuntos de Estado, es un presidente dispuesto a innovar en bien y procurarse un trazado de camino menos alienante del que la mayoría de sus antecesores y, sobre todo, desde el 2000 al 2020 han incurrido.
Por lo pronto y ahora que se está entendiendo, que en el ministerio de Educación y con lo del concurso de 19 mil y tantos docentes, este ha cometido irregularidades flagrantes que obligaron a los individuos e instituciones de observadores independientes a retirarse del mismo, que por los medios que fuere, la PGR debería interesarse en dilucidar y si es necesario, formularle requerimientos directos o para mayor transparencia, apoderar al Tribunal Superior Administrativo.
Ahora bien, quienes a nuestro juicio deben sentirse en el filo de la navaja y en esta búsqueda presidencial por el manejo de la decencia, la honestidad y la transparencia en las funciones públicas como en el lógico tráfico de influencias, que por su poder fáctico estos actores privados generan por su asociación oportunista con los mass media dentro de la prensa mercancía, son todos esos suplidores del Estado e incluidos los ligados a determinados periódicos matutinos y determinadas estaciones de radio y televisión y plataformas en internet y en las redes sociales, quienes hasta ahora se han creído libres de toda sospecha y por el mal cálculo, de que esos suplidores entiendan que “su” prensa les defendería de cualquier posible o probable imputación sobre irregularidades ilícitas que pudieron haber incurrido.
De ahí de la gran importancia del llamado de Abinader vía Ortiz Bosch a la magistrada Germán Brito y el que indudablemente hay que aplaudir e instar a que el mismo se aplique, toda vez que, con este, el presidente de la República vuelve a emitir otra señal determinante, de que no quiere ningún tipo de vagabundería, ilícito, dolo, fraude o robo por parte de funcionarios e instancias públicas y sin importar cuales sean.
Entendiendo pues, que ese es el formidable meta mensaje que el poder Ejecutivo envía a la nación, no tenemos menos que advertir, que, por primera vez el Poder Ejecutivo llama la atención a la Procuraduría General y al ministerio público por la negligencia incurrida y vía la Dirección de Ética Gubernamental. Excelente actitud y decisión. (DAG)
