La llamada doctrina de los hechos cumplidos y que desde toda la vida ha sido aplicada en todo el discurrir de la política hispanoamericana y en todos sus países sin distinción de ideologías, banderías o personas, siempre ha sido una, de que cuando un político es agarrado con las manos en la masa, a lo primero que apela es a buscarse un pelotón de abogados “ de prestigio” que lo saquen del atolladero en el que su desmedida ambición le metió y en última instancia teniendo a mano la Convención de Viena, interpretar a su modo todo lo relativo al asilo diplomático.
Por esta razón, en los últimos 63 años, “la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que data del 18 de abril de 1961, establece en su artículo 22 que las sedes diplomáticas son inviolables y que los agentes de las fuerzas del orden de donde se encuentren no pueden ingresar a ellas sin consentimiento”.
Sin embargo, el referido estatuto jurídico dejó a la interpretación libre, quienes podían ser las personas que estarían en condiciones de que se les aplicase y de ahí que haya estado ocurriendo, que delincuentes de cuello blanco y exfuncionarios públicos de relieve, aprovechen la Convención para burlar las leyes de sus países y asilándose en las embajadas con el pretexto de “persecución política”, cuando en la realidad no son más que delincuentes políticos que han saqueado las instituciones que han dirigido o en otros casos, porque han robado y malversado a gran escala fondos públicos.
En la República de Ecuador, esto último es lo que ha estado ocurriendo desde que una firma constructora brasileña, Odebrecht entró en aquel país sudaca y a base de cañonazos de papeletas y al igual como hiciera en República Dominicana, logró contratos y contratas de obras públicas en base a pagar comisiones millonarias a los funcionarios a cargo.
Para el actual gobierno ecuatoriano, semejante accionar de corrupción a gran escala no debería quedar sin sanción y por eso y dándole continuidad al Estado, se lanzó contra un exvicepresidente Jorge Glas Espinel, protegido del expresidente Rafael Correa, a quien se le encontraron pruebas de haberse robado 35 millones de dólares entregados en sobornos y de los que presumiblemente Correa se benefició.
De tan seria la acusación, que el propio Correa emprendió la de Villadiego en 2017 y en la actualidad se encuentra como “exiliado” en Bélgica y con apoyo de Rusia para fines de divulgación mediática vía el sistema informativo RT. Glas Espinel, ingeniero de profesión y amigo desde la niñez de Correa, fue beneficiado con largueza por el expresidente y desde que este llegó a la presidencia ecuatoriana en el 2007.
Destituido de la vicepresidencia por juicio político, se entregó a las autoridades en el 2018 y por un habeas corpus salió de la prisión en el 2022 y al citársele de nuevo por otro caso de soborno, optó por refugiarse en la embajada de México y hasta que recién el gobierno del presidente Daniel Noboa decidió pasarle por encima a la Convención de Viena en su artículo 22 y sacarlo violentamente de la misión diplomática.
A estas alturas, ya Ecuador como México han roto relaciones diplomáticas y el delincuente está retenido en una cárcel de alta seguridad a la espera de juicio. Sin embargo, un tremendo escándalo político binacional ha sido creado y con ramificaciones internacionales, porque a entender de gobiernos de otros países e incluido el dominicano, “se había violado un principio fundamental del derecho internacional”.
Realmente, lo que está en discusión y que el gobierno ecuatoriano motoriza, es hasta donde puede ser legal que se respete una convención internacional que en materia de asilo no separa la persecución política de la huida de un político ladrón que recurre a una embajada para evadir el castigo de la ley.
Cómo nadie se pone de acuerdo, entra la política sectaria y de parte de un grupo de gobiernos supuestamente de izquierdas o progresistas, quienes han encontrado el pretexto e igualmente la prensa izquierdista y para írsele al cuello al gobierno del presidente Noboa, un multimillonario populista de derechas que ganó ampliamente las elecciones y derrotando ampliamente al partido de Correa y también fiero adversario del expresidente.
Por noveleros e hipócritas y también tartufos, todos los presidentes y comenzando por el de México, López Obrador y siguiendo instrucciones de Washington, la mayoría han creado un frente diplomático adverso a Ecuador, que por lo que estamos viendo, terminará en la aplicación de sanciones políticas y económicas por parte de la OEA y dado que Noboa ha mostrado que no cederá un palmo y no obstante que su gobierno solicitó una reunión urgente de cancilleres en la OEA para explicar el criterio empleado.
Nuestro juicio nos indica, que, Noboa tiene razón. ¿por qué a un político delincuente y exfuncionario público que se asila huyéndole a la mano de la Justicia hay que consentirle que se burle de toda su nación y via asilo diplomático, pueda escaparse de la Justicia que le reclama, cuando al ciudadano común que delinque la ley no hace excepciones?
Desde ese punto de vista, entendemos, que racionalmente hay que comprender, que el artículo 22 de la Convención de Viena se encuentra desfasado o incompleto ante la realidad política que ahora en el 2024 se vive, donde hay tantos políticos delincuentes que se han robado hasta los clavos de la cruz de Cristo o dilapidado o usufructuado dineros públicos, enriqueciéndose a más no poder a costillas del trabajo y esfuerzos de millones de sus conciudadanos.
Los dominicanos y en este aspecto, tenemos y desde el 2004, muchas muestras de enriquecimiento ilícito y desmedido por parte de políticos que han llegado a altos cargos públicos y quienes con un descaro inaudito se exhiben públicamente tal como si fueran mirlos blancos, cuando en el fondo, son unos redomados delincuentes de saco y corbata o ya cerca en el gobierno actual, que es objeto de caza de sectores políticos y mediáticos que le entienden parte de un supuesto entramado delincuencial a gran escala en contra del patrimonio del Estado.
O lo otro, que se acaba de confirmar recién, de delincuentes del narcotráfico disfrazados de políticos, como un diputado del partido oficial, Miguel Gutiérrez Díaz, quien al comprobársele que por años envió más de 20 toneladas de cocaína a EEUU, fue requerido, encarcelado, procesado y condenado a 16 años de prisión y decomisándole sus bienes y lo que nunca habría podido ocurrir en este país ya que se sabe que los cómplices en el poder de este tipo de delincuente, harían lo imposible por protegerle.
Si se tiene en cuenta estos dos aspectos del mismo problema, necesariamente que hay que apoya el accionar del gobierno ecuatoriano como también hay que reconocer la inmediatez y presteza del sistema de justicia estadounidense, que por cierto, deja muy mal parado al sistema de justicia dominicano y donde la corrupción campea sin que al parecer no haya fuerza humana en este país que pudiera impedirlo y ante el hecho peor, de que una gran parte de los dominicanos entienden la política como el paso inicial para enriquecerse indebidamente y robándose a sí mismos.
Entonces y desde el momento que se hace este razonamiento, necesariamente hay que entender y preguntarse: ¿Qué es lo que ocurre en Ecuador? Simple. Una muestra de cuando la delincuencia política cree que ha adquirido carta de impunidad por sus robos y desafueros al Estado. Con Dios. (DAG) 08.04.2024
