Que se procediera a imprimir los libros de texto del sector público sin haber sido aprobados por el Consejo Nacional de Educación no es un mero trámite, ni una cuestión de formas… Es una falta de institucionalidad que afecta a un tema particularmente sensible: la educación pública.
Porque si se ha podido seguir el tema en Diario Libre, es obvio que los miembros del Consejo estaban también informados, (con más detalles que los logrados por este medio) de cómo iba el proceso. Se ha hecho caso omiso a demasiadas irregularidades e inconveniencias en todos los procesos de los libros, digitales e impresos, que el 4% del PIB tan excesiva y generosamente paga.
No hay noticias sobre la más que probable colusión de firmas editoras que detuvo el proceso de impresión de libros para este curso. La fórmula de establecer "convenios" y no "contratos" para esquivar licitaciones y en definitiva, la sana competencia, no convence. Es la vía expedita para los contratos a dedo que tanto se ha tratado de combatir.
No hay fecha para conocer la auditoría a la anterior gestión ministerial que promete arrojar mucha información sobre miles de millones de pesos gastados con excesiva alegría. Y coincide con el momento en que el exministro, Roberto Fulcar, anuncia su vuelta a la política. No son buenas noticias para el sector ni para el gobierno, aunque se insista en dar mensajes positivos en temas secundarios.
Lo que se discute no es la capacidad de un intelectual u otro para elaborar un libro de primaria, ni si los libros de la editorial pública, que nadie ha conocido, son adecuados. Es el futuro de generaciones de niños dominicanos mal instruidos. Es del futuro del país de lo que estamos hablando ¡y de cómo se invierte el 4% del PIB! Por: Inés Aizpún [Diario Libre]
