Es lamentable, pero siempre ha ocurrido, que cuando es el PRD de la Guerra Fría el que se encuentra al frente del gobierno nacional, siempre acontece uno que otro escándalo de administración y que en un partido como el Revolucionario Moderno (PRM) del que el primero es su alter ego, debería de ser un asunto que no solo no se diera, sino que simplemente, es intolerable.
Y lo es, porque juiciosamente no se concibe, que un empleado de tercer nivel o de escala más inferior, pudiera tener la autonomía necesaria como para pasarle por encima o afectar la autoridad principal del organismo al que pertenece y mucho menos efectuando un dispositivo de captación de recursos de terceros a la fuerza y porque en apariencias, interpretó que los mismos son parte de algún cuerpo de delito y que por lo tanto era su deber incautarlos, cuando legalmente no es así.
Desde luego, no hay nada que señale que la Contraloría General de la República tuviera potestad o alcance para semejante tipo de iniciativa y menos, cuando lo que ha ocurrido, es un enfrentamiento directo entre dos organismos públicos que dependen directamente del Poder Ejecutivo y que al suceder, de lo que habla, es como si hubiese un cierto tipo de interés en hacer daño o controversia que genere a su vez un cuestionamiento directo hacia el gobierno central y que en momentos que el presidente Luis Abinader se empeña en hacer ver que le ha dado libertad de accionar pleno a la Procuraduría General de la República, venga a presentarse un problema, que de hecho es un dilema mucho mayor y más profundo y porque trata de afectación de prerrogativas.
Por eso y en lo que el hacha va y viene, ante la atrapada opinión pública, queda ahora la penosa imagen, de como si en el gobierno, algunas de sus áreas vivieran en constante desorden y lo que, de suyo, políticamente hablando, crea una controversia innecesaria, sobre todo, cuando el asunto ha caído dentro del ámbito mediático más conflictivo y como es ese que originó un mayor conflicto de interpretación y arrastrando a un ministerio público, que bastantes iniciativas de persecución contra la corrupción ha tenido que arrastrar y para que ahora, los dos principales subprocuradores a cargo de la lucha contra la corrupción, tengan que salir al ruedo mediático y para dar explicaciones.
Como se conoce, que alguien se le expone o coloca a que de explicaciones, de inmediato se entiende, que lo hace porque se asume que ha sido agarrado en culpa y al ser colocado a la defensiva y por más que quiera sacudirse del problema gratuito que se le ha fabricado, siempre el que armó el lio de interpretación o quienes se encuentren detrás suyo, habrán logrado su propósito de confundir y dividir y sacarle colores, a un gobierno, que bastante tiene con los tantos percances que mucho de los suyos le generan diariamente.
En el fondo de este nuevo reperpero, ¿qué es lo que hay?, no simplemente algún sector militar y con ramal político puesto contra las cuerdas por los hechos de corrupción que se le imputan, sino cierto interés pernicioso por tratar de disminuir o destruir, la impecable credibilidad del presidente Abinader en el manejo de la cosa pública, al dar a entender, que entre los dos subprocuradores puestos ante la picota pública y a estos mostrarse como que tuvieran una autonomía de poder político y administrativo apabullantes, de hecho, dando la desagradable impresión como si en verdad no estuviesen sujetos a control alguno.
Desarrollándose la situación, de que es ahí donde la puerca tuerce el rabo y por lo que ahora, no solo que el Contralor General ha tenido que salir apresurado a un programa televisivo “independiente” para que, de explicaciones, sino que ya se podría ver, que de convencer con lo que ahora se conoce de su testimonio, que entonces sea la propia procuradora general de la República, la que trate de poner las cosas en perspectiva.
Entre tanto, lo primero que trasluce, es que con la iniciativa del atrevido empleado de tercer nivel y quien respondió a intereses gubernamentales todavía ocultos, ha quedado revelado, que entre algunos sectores de poder, parecería, que lo que digan los subprocuradores Berenice y Camacho, es de tal poder, que bastaría con la sola mención de sus nombres, para que mucha gente débiles de carácter se aterroricen y si esto es así, entonces y a razonamiento a contrario y por la buena salud de la institucionalidad gubernativa, serían parámetros que habría que revisar y hasta donde sea menester, corregir.
También queda lo otro, ¿cuál el fundamento de poder fáctico detrás del militar general, que “denunció”, que desde la PGR y tanto a él como a otros generales, se les estaba atropellando al quitarles vehículos suyos o asignados y haciéndolos ver como supuestos cuerpo de delito de los casos de corrupción en los que están envueltos generales y coroneles fundamentalmente?
La pregunta no es ociosa, pues a nuestro modo de ver, alguien anda buscándole un bajadero a los múltiples casos de corrupción militar y en particular, para que las imputaciones no continúen y los apresamientos pudieran ser suspendidos y que de ser cierta esta especulación, entonces se estaría eventualmente, en los inicios de una crisis política de corte militar, de la que el propio Abinader no debería de subestimar y mucho menos, no darle importancia y por la sencilla razón, de que sus potenciales adversarios políticos electorales estarían buscando la menor oportunidad para hacerle ver como si fuera un presidente que los acontecimientos le desbordaran.
No vamos a agregar más, solo sí, puntualizar que en el gobierno deberían pensar en ir desactivando tantas situaciones que mediáticamente fueran aprovechadas para atacar políticamente al presidente y lo que también nos hace decir, que parecería, que quienes dirigen el vasto aparato de propaganda y estrategia publicitaria del régimen, no tienen idea de cómo ir delante de los escándalos o controversias que sectores de poder factico hasta ahora ocultos, quisieran implementar y que si esto termina siendo cierto, habla de fracaso total en materia de competencias y capacidades.
Así las cosas y en lo que vemos el nuevo escenario entre Contraloría vs Ministerio Público Central. ¿Cómo es posible que un empleado de tercer nivel se abrogue calidades que la ley no le confiere y genere con su inconducta un escándalo de marca mayor? ¿No hay sanción? (DAG)
