Josephine T., de 29 años, y su hermana volvían a casa caminando con algunos hombres hacia Brooklyn, un barrio de Puerto Príncipe, el 15 de abril de 2023, cuando fueron detenidas por un grupo miembros del grupo criminal G9 en un lugar conocido como Carrefour la Mort, o el cruce de la muerte. Los miembros de G9 alinearon a los hombres y mataron a algunos a machetazos; a otros, con disparos. “Los criminales abrieron los cuerpos de algunos de los hombres antes de juntarlos todos y prenderles fuego”, relató Josephine[2]. Luego violaron a las dos hermanas en repetidas ocasiones. Unas horas después de que Josephine llegara a casa, se enteró de que su hermano, de 27 años, estaba entre los que habían sido asesinados[3].
La violenta experiencia de Josephine no es única. En Brooklyn, a las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe, se han reducido casi por completo los servicios de agua potable, electricidad y salud desde que comenzaron los enfrentamientos entre el G9 y un grupo criminal rival, el G-Pèp, en julio de 2022. A pesar del peligro, los residentes tienen que salir del barrio para buscar alimentos y satisfacer otras necesidades básicas. Los dos grupos acordaron una tregua a finales de junio de 2023, que condujo a un inestable alto el fuego, pero los barrios siguen bajo su control y los reportes de abusos, aumentando. Los residentes siguen luchando para enviar a sus hijos al colegio; muchos, a menudo, sólo pueden comer una vez cada dos o tres días.
La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH) estima que los grupos criminales en Haití asesinaron a más de 2.000 personas entre enero y junio de 2023, lo que supone un aumento de cerca del 125% en comparación con el mismo periodo de 2022[4]. La BINUH también reportó 1.014 secuestros durante el mismo periodo, así como “violaciones generalizadas”, ya que los grupos criminales utilizan la violencia sexual para aterrorizar a la población y demostrar su control. Familiares de víctimas y sobrevivientes describieron haber sufrido o presenciado estos u otros abusos en el área metropolitana de Puerto Príncipe desde enero de 2023. Las diversas formas de violencia a menudo han ido acompañadas de incendios de viviendas y saqueos masivos que obligan a la población a huir.
El gobierno haitiano no ha protegido a la población de la violencia de los grupos criminales. Para quienes viven en las zonas afectadas, la policía y otras autoridades prácticamente no existen.
En respuesta, algunos residentes han recurrido a la “justicia popular”, creando el movimiento Bwa Kale, que cobró fuerza a finales de abril de 2023. Según la BINUH y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), una organización no gubernamental haitiana, para junio de 2023, el movimiento Bwa Kale habría matado a más de 200 personas sospechosas de ser miembros de grupos criminales, a menudo en connivencia con agentes de policía, en ocho de los diez departamentos del Haití.
La grave situación en materia de seguridad se ve agravada por un intenso bloqueo político, un sistema judicial disfuncional y una prolongada impunidad frente a las violaciones de derechos humanos. El primer ministro Ariel Henry tiene control sobre todas las funciones de las ramas ejecutiva y legislativa desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, y no ha alcanzado un consenso con otros actores políticos haitianos que permita una transición democrática. Según información disponible, no ha habido procesos penales ni condenas de los responsables de asesinatos, secuestros y violencia sexual cometidos desde principios de año.
Mientras tanto, la ONU estima que casi la mitad de las 11,5 millones de personas que conforman la población de Haití sufre inseguridad alimentaria aguda. Más de 19.000 personas en la comuna de Cité Soleil de Puerto Príncipe se enfrentaron a una hambruna catastrófica a finales de 2022, la primera vez que ello ocurre en Haití y en América. Haití es uno de los países con comunidades con mayor riesgo de inanición, junto con Afganistán, Burkina Faso, Malí, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) elevaron a Haití al “nivel de máxima preocupación” por inseguridad alimentaria para el periodo de junio a noviembre de 2023[5]. Además, cerca de 5,2 millones de personas necesitan actualmente ayuda humanitaria.
Casi 195.000 haitianos han sido desplazados internos debido a la violencia desde 2022, y muchos otros han abandonado el país, con frecuencia emprendiendo peligrosos viajes que, esperan, los lleven a un lugar seguro. En el primer semestre de 2023, más de 73.000 personas fueron devueltas forzosamente a Haití, muchas veces en condiciones abusivas, sobre todo desde la República Dominicana y otros países, a pesar de los altos niveles de riesgo para sus vidas y su integridad física.
Este informe documenta algunos de los abusos cometidos por grupos criminales en cuatro comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe—Cabaret, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets y Puerto Príncipe—entre enero y abril de 2023. En total, Human Rights Watch documentó 67 asesinatos, incluyendo de 11 de niños y 12 de mujeres, y 23 casos de violación, incluyendo 19 casos en los que las víctimas fueron violadas por múltiples agresores. Este recuento sólo incluye los casos en los que Human Rights Watch entrevistó a las víctimas o a sus familiares y otros testigos. Muchas de las personas entrevistadas por Human Rights Watch se vieron obligadas a huir de sus hogares tras esta ola de violencia.
El informe se basa en entrevistas a 127 personas, antes, durante y después de una visita de Human Rights Watch a Haití a finales de abril y principios de mayo de 2023. Entre los entrevistados se encontraban 58 víctimas y testigos de la violencia; todos ellos fueron entrevistados personalmente en Haití. También se incluye a miembros de la sociedad civil haitiana, grupos de derechos humanos y de la diáspora, representantes de las Naciones Unidas y agencias humanitarias, actores políticos haitianos y funcionarios del Gobierno, incluyendo el primer ministro Henry, y funcionarios internacionales que trabajan en Haití. Además, Human Rights Watch revisó datos e informes de la ONU, organizaciones no gubernamentales internacionales, grupos de la sociedad civil haitiana y medios de comunicación.
Human Rights Watch también verificó 15 vídeos y 5 fotografías de incidentes violentos y utilizó imágenes satelitales para geolocalizar secuencias clave de casos específicos en el área metropolitana de Puerto Príncipe.
Algunos de los abusos más atroces se produjeron en la zona de Brooklyn, en Cité Soleil, y sus alrededores, donde vive Josephine. Desde mediados de marzo de 2023, se intensificaron los enfrentamientos entre dos de las principales coaliciones criminales, la federación G-Pèp, que al momento de escribir este informe controla Brooklyn, y la alianza G9, que controla todos los barrios circundantes y está intentando expandirse para hacerse con el control de Brooklyn. El G9 ha bloqueado todas las rutas de salida de Brooklyn, excepto Carrefour la Mort. Sus miembros se posicionaron allí y de forma rutinaria, durante un mes y medio de extrema violencia desde mediados de marzo hasta finales de abril, dispararon, mataron y violaron en grupo a los residentes de Brooklyn que intentaban ir al centro de la ciudad o regresar a casa. La mayor parte de la violencia se produjo en un lugar conocido como Dèyè Mi (Detrás del Muro). Ninguna de las víctimas de Brooklyn entrevistadas por Human Rights Watch había denunciado los abusos públicamente, los había reportado a la policía o había presentado denuncias ante entidades judiciales por temor a represalias y porque no contaban con acceso a autoridades judiciales o con confianza para acudir a estas.
Esta violenta lucha por el control—alimentada por el interés electoral y económico de la élite y los grupos criminales de la zona—ha restringido gravemente la capacidad de los residentes de Brooklyn para acceder a servicios fundamentales y suplir sus necesidades básicas, ya que los mercados y los centros de salud han cerrado. Casi todas las víctimas y testigos de Brooklyn dijeron que se enfrentaban a dificultades diarias para encontrar alimentos para sus familias y a vivir en medio de aguas residuales sucias, debido a la acumulación de basura en los canales de aguas residuales de la ciudad que atraviesan el barrio y desembocan en el mar. El G9 cortó la electricidad hace aproximadamente dos años y no permitió que los camiones de suministro de agua ni los trabajadores de limpieza entraran en Brooklyn durante los enfrentamientos. Algunas personas, cuyas casas fueron incendiadas en los enfrentamientos, luchan por encontrar un lugar donde dormir por la noche.
Una organización comunitaria que trabaja en Brooklyn documentó los asesinatos de unas 100 personas, así como unos 100 casos de violencia sexual, durante siete semanas entre marzo y abril de 2023. Desde mayo, sólo se han registrado algunos abusos esporádicos en Carrefour la Mort y en Dèyè Mi pero la violencia continúa en otras partes de Brooklyn debido a los ataques de los miembros del G9, quienes continúan cercando el barrio.
Haití es parte de los principales tratados de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen los derechos a la vida, la integridad física y la libertad, entre otros. Las autoridades haitianas están obligadas a proteger estos derechos de forma efectiva, incluyendo a través de medidas adecuadas para proteger a las personas de amenazas razonablemente previsibles contra sus vidas por parte de actores no estatales, como delincuentes y crimen organizado.
A finales de 2022, el primer ministro Henry hizo un llamado a la comunidad internacional para que desplegara una fuerza armada especializada que ayudara a la Policía Nacional de Haití a hacer frente a la inseguridad del país. El secretario general de las Naciones Unidas hizo eco de este llamamiento. Tras meses de inacción, el 14 de julio de 2023 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio al secretario general 30 días para presentar un documento con opciones para una fuerza multinacional, una operación de mantenimiento de la paz u otra respuesta internacional. El 29 de julio, Kenia anunció que “consideraría positivamente” dirigir una fuerza multinacional en Haití y desplegar 1.000 agentes de policía para “ayudar a formar y asistir a la policía haitiana a restablecer la normalidad en el país y proteger instalaciones estratégicas”.
Casi todos los representantes de la sociedad civil haitiana y las víctimas de abusos entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que la situación se ha deteriorado tan drásticamente este año que se necesita algún tipo de respuesta internacional urgente para restablecer una seguridad básica, el Estado de derecho y garantizar que todos los haitianos tengan acceso a las necesidades básicas. Muchos dijeron que la grave situación de seguridad, así como el hambre y la pobreza extremas son peores ahora que en cualquier otro momento que recuerden.
Representantes de la sociedad civil también dijeron a Human Rights Watch que sólo es probable que se produzca un cambio significativo si se establece un nuevo gobierno de transición más legítimo, idealmente dirigido por funcionarios técnicos que no tengan vínculos con grupos criminales y que no se presenten a las próximas elecciones. También instaron a que cualquier fuerza internacional desplegada no tenga el efecto de fortalecer en el poder al primer ministro Henry, a quien consideran al frente de un gobierno ilegítimo y corrupto con presuntos vínculos con grupos criminales, ni a la clase política que lo acompaña.
Muchos también subrayaron el impacto continuo en Haití de los legados de la esclavitud, el colonialismo, el racismo y la discriminación contra la población negra, la deuda forzosa y la pobreza. Advierten que, junto a los daños y abusos históricos que resultaron directa o indirectamente de la intervención en Haití de potencias y entidades externas, muchos países occidentales y la ONU todavía pueden tener un impacto significativo en la economía y la política de Haití.
Desde principios del siglo XIX, cuando EE. UU., Francia y otros países se negaron a reconocer la independencia de Haití para proteger sus propios intereses esclavistas, el país ha sufrido ocupaciones violentas, injerencias en el control de sus finanzas públicas y sus procesos políticos, y endeudamiento forzoso. A mediados del siglo XX, los haitianos también padecieron casi 30 años de dictadura caracterizados por la violencia, la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Estos regímenes recibieron el apoyo de EE. UU. Y Francia. En la década de los 2000, las fuerzas de paz de la ONU fueron responsables de explotación y abuso sexual de mujeres y niñas, y de una epidemia mortal de cólera, que está en parte vinculada con la epidemia de cólera actual. Aunque la mayoría dijeron que ahora es necesaria alguna forma de fuerza internacional para apoyar a las fuerzas policiales haitianas a hacer frente a la violencia, afirmaron que deben tomarse medidas para evitar que se repitan los daños del pasado y se debe apoyar la puesta en marcha de un proceso de reparación dirigido por haitianos.
Human Rights Watch pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que atienda estos llamados y, en caso de autorizar el despliegue consensuado de una fuerza internacional en Haití, garantice que se base en protocolos claros de derechos humanos y cuente con financiación adecuada y mecanismos de supervisión sólidos. Estos deben complementarse con medidas sólidas, que incluyan a los grupos de la sociedad civil haitiana, para garantizar la rendición de cuentas, así como la prestación de ayuda humanitaria y otros servicios básicos a aquellos que los necesitan.
Human Rights Watch también pide a EE. UU., Canadá, Francia, los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otros gobiernos que apoyen el establecimiento de un gobierno de transición que trabaje para restablecer un Estado de derecho que respete los derechos y proporcione acceso a las necesidades básicas a todos los haitianos, hasta que unas elecciones democráticas puedan sentar las bases para la formación de un gobierno ordinario.
Es necesaria una acción urgente para hacer frente a los niveles extremos de violencia, la falta de seguridad y la casi total impunidad, así a como los sentimientos palpables de terror, miedo, hambre y abandono que tantos haitianos experimentan en la actualidad.
Haití está dividido administrativamente en 10 departamentos, que se subdividen en distritos. Cada distrito está compuesto por comunas y las comunas, a su vez, se dividen en secciones comunales. Estas últimas se componen de barrios[6].
Según organizaciones humanitarias y de derechos humanos haitianas e internacionales que trabajan en Haití, esta estructura administrativa puede variar y puede haber subdivisiones adicionales o diferentes en algunos lugares. Por ejemplo, en comunas grandes o densamente pobladas, los residentes a menudo se refieren a subdivisiones llamadas “áreas” para identificar zonas específicas.
El “área metropolitana de Puerto Príncipe” se refiere a la región que abarca la comuna de la capital Puerto Príncipe y las zonas colindantes, incluyendo al menos otras siete comunas (Cité Soleil, Croix-Des-Bouquets, Cabaret, Pétion-Ville, Delmas, Carrefour y Tabarre). Estas comunas están estrechamente conectadas y tienen una población total estimada de 3 millones de personas [7]. [Human Rights Watch-14 de agosto de 2023]
