Independientemente a que se pudiera presumir que debido a que la empresa familiar se la entiende en falta y en materia de unos contratos de obras en el gobierno anterior y que al parecer están siendo cuestionados por el ministerio público central en el gobierno actual, lo cierto es, que el caso envuelve y mucho antes que cualquier tipo de imputación de irregularidad de quien fuera su presidente, sí un severo cuestionamiento moral y ya este siendo alto cargo público gubernamental.
Es decir, el debate en cuestión trata, de si es viable y aceptable, que un alto cargo, que siendo expresidente o teniendo intereses en una empresa familiar de construcción y al ser esta cuestionada y prácticamente imputada por la comisión de hechos presuntamente delictivos al ganar una licitación pública, al individuo centro del debate, debería entendérsele como directamente imputado.
A partir de ahí y escuchándose los testimonios a favor como en contra y lo otro que lució tan apresurado, de que ese señor designara abogados para que defendieran su honor y reputación y de paso, profiriendo amenazas contra los medios, periodistas u opinantes que hablaran sobre su problema empresarial familiar y el que tiene que ver con la utilización de fondos públicos en base a una licitación dudosa.
El tiempo ha demostrado, que en vez de frenar o silenciar opiniones, lo que sus abogados han logrado, es desencadenar una terrible especie de juicio mediático, que de acuerdo a la pésima costumbre criolla, quien es su objeto, no solo no se le da el beneficio de la duda sino que sencillamente y por ser ahora un alto funcionario público, se le entiende culpable y por más que sus abogados demuestren que el señalado y para nada -que es lo que parecería- no tuvo responsabilidad en lo que y como presumible delito, se le imputa a su empresa familiar.
Así las cosas, se muestra, que el trago amargo que las circunstancias e hijas de la indagatoria sobre corrupción que le acompaña, parecería que no dan pie y para que políticamente, el individuo y en su calidad de alto cargo público, pudiera salir indemne del aluvión o paquete acusador que los fiscales anti corrupción han generado y mucho más, cuando se trata de un hecho ahora de matiz político nacido en el gobierno anterior y que las autoridades del ministerio público del sucesor, han decidido y en todo su derecho, porque la controversia se resuelva judicialmente.
En el fondo, de lo que se trata y entendiendo en principio que el funcionario de ahora pudiera demostrar que nada tuvo que ver para que en el gobierno anterior, a su empresa familiar se le otorgara un contrato de obras y servicios multimillonario y ganado en una licitación aparentemente regular, de que toda empresa y a partir de la nueva administración gubernamental nacida el 16 de agosto de 2020, deberá tener sus cuentas, registros, números y libros dentro de un esquema de transparencia operativa que no de pie a dudas de ninguna especie y menos, que se presuma algún ilícito en el logro de ganar una licitación pública o eventualmente ser suplidora del Estado.
De suyo, tampoco ningún empresario puede ver nada malo que un gobierno quiera indagar sus cuentas y, por lo contrario, debería aplaudir, que al abrirse la indagatoria judicial de la que se trate, su empresa y por sus buenos manejos pudiera salir robustecida en materia de gerencia cierta y moral en sus relaciones con la administración pública.
Ahora bien, muchos entendemos, que el funcionario ahora señalado por la directora de ética gubernamental en una entrevista periodística reciente y la que sin defender al otro alto cargo, sí dejó en claro que a este no se le ha cancelado, porque en el gobierno se está esperando la decisión final del tribunal a cargo y lo que a razonamiento a contrario, significa que el asunto que le envuelve es de tal cuestionamiento, que ni su gobierno puede salir a defenderle y que sí es una mortificante percepción, que frente a la atrapada opinión pública no deja mucho a la imaginación y para que hasta se le pudiera entender culpable.
Desde este punto de vista, se ha de entender, que para el funcionario bajo cuestionamiento tan extremo por parte de la directora de Ética gubernamental y la que en definitiva, con sus palabras, es la que ha afeado la reputación del señor Lisandro Macarrulla, que definitivamente este ha terminado entre la espada y la pared y tanto, que poco falta que la gente entienda o peor, las redes sociales, que en último caso y esto es lo patético y revelador, que es el mismo gobierno que acusa o arroja dudas sobre la conducta ética del actual ministro de Estado de la Presidencia de la República y sobre un asunto de índole personal y familiar de cuando el alto cargo no era funcionario público.
¿Cuál es el paso que el agraviado y de manera tan poco elegante, por una funcionaria tan importante como la doctora Milagros Ortiz Bosch y en su calidad de responsable de la comisión de ética gubernamental debería de dar? Rápidamente, solicitarle una licencia al Poder Ejecutivo para que este le libere de responsabilidades y pueda dedicarse a defender su honor y moral personal y hasta tanto la justicia emita su opinión final.
Pero se da el “detalle”, de que si con todo y lo que, en cuanto a dudas, la directora de Ética Gubernamental le ha arrojado al ministro de Estado de la Presidencia y desde el despacho presidencial se quisiera otorgar el beneficio de la duda al alto cargo Macarrulla, entonces vendría una de interpretaciones y entre capciosas y malsanas, que pudieran terminar y vía el juicio mediático ya abierto, en una especie de condena moral en contra suya. Y esto así, porque si se razona, Ortiz Bosch es la que ha dado el empujón para que así se entienda y a partir de esta percepción, la posición de Macarrulla como funcionario público ha quedado entre la espada y la pared.
Por eso entendemos, que se impone la solicitud de licencia del cargo que ocupa y para que el ya imputado a nivel mediático, disponga del tiempo suficiente en su defensa y de paso, dar una decidida muestra de integridad moral y al entender, que, si el propio gobierno ya duda, entonces su salida más airosa, es responder con su solicitud de licencia y mucho más, cuando es evidente, que el grupo Macarrulla, tiene ante sí, un caso interesante y esclarecedor, que cuestiona la autoridad moral de un pariente, ahora alto cargo público. (DAG)
