Cuando se habla de precios de los combustibles, hay que partir de dos premisas. Una, la capacidad de almacenamiento de esta economía y segunda, que los precios de venta son a treinta o más días.
Es decir, no se entiende que los gobiernos y cada uno en su periodo, mantengan el errado criterio de hacerle creer a la población y en particular a los consumidores, que cuando se anuncia cada viernes el nuevo precio de los combustibles derivados del petróleo, a la ciudadanía se le hace creer que la compra se ha hecho con los valores que se anuncian y cuando no es así.
Por eso, lo pertinente debería de ser que, en el tramposo ministerio de Industria y Comercio, sus técnicos y antes de hablar de nuevo listado de precios, digan que cantidad exacta se van a adquirir y tomándose en cuenta que la capacidad de almacenamiento es de casi 65 días.
Lo que significa, que no todas las semanas, el gobierno adquiere la misma cantidad de combustibles y por lo tanto, que debe haber una escala de precios escalonada según el abastecimiento para el mercado local.
Sin embargo y como hemos visto, nada de esto ocurre y el ministro Bisonó insiste en su supuesta regla para determinar precios, que nunca se ha correspondido a la realidad y sí a su propia demagogia política.
Planteada esta situación, los consumidores y por lógica debemos calcular, que, así como en Industria y Comercio dicen y de mentirosos, que el gobierno subsidia determinada cantidad millonaria de pesos, igual los consumidores y las gasolineras pueden decir, que, en el mismo lapso, el gobierno les despoja de recursos que perfectamente debían de ser utilizados como capital de trabajo en el mercado de los combustibles.
Y que obligaría a que se entienda, que como no hay sincerización en los precios que semanalmente las autoridades presentan, que también en el mismo sentido se pueda afirmar, que el principal factor de aumento galopante de la inflación, tiene que ver con Industria y Comercio y al imponer sus inflados precios de los derivados de los hidrocarburos.
De ahí, que, al darse esta circunstancia, por obligación habría que afirmar, salvo que el ministerio aludido demuestre lo contrario, que es el gobierno el principal autor del fuerte desequilibrio en los precios de compra y de venta de los combustibles y lo que también por obligación y sentido común, debería de corregir y porque afecta toda la escala de precios de bienes y servicios.
Entonces y como se entiende, el énfasis hay que plantearlo en la sincerización en la compra de los combustibles en el exterior y vía barril de petróleo e incluso, determinándose cual es el nivel de porcentajes por compras y a favor de los funcionarios o individuos que participen en la negociación y que probablemente “por trasmanos” adquieren para sí y desde luego, restando esos porcentajes del valor final a pagar por compra en el exterior.
En otras palabras, en Industria y Comercio, en vez de vivir cantaleteando que el gobierno subsidia y lo que no es verdad y cada semana, el precio de compra de los derivados del petróleo, lo que se impone, es que los consumidores conozcan el clave indicador, de cuanto baja o sube el almacenamiento de los combustibles que luego se revenden vía refinería al comercio local y sin que se diga cual es el diferencial cada semana y el nivel real de compra para fines de gasolineras y consumidores.
Dada esa falta de credibilidad en los precios y sus ajustes, consideramos que el mismo presidente Luis Abinader debería indagar la realidad concreta, esa que provoca que cada semana, su gobierno sea el principal impulsador de un nivel de inflación que no tiene justificación y si se toman en cuenta los dos factores mencionados de capacidad y cantidad de almacenamiento y compras semanales de los combustibles para fines del mercado local.
A partir de esta realidad, no hay que ser, ni amigo o enemigo del gobierno, para entender y como dice el pueblo, que en este asunto “hay gato entre macuto” y por ello es de nuestra insistencia en cuanto a que Industria y Comercio haga transparente la realidad oculta en el tráfico ilícito o tortuoso en las compras supuestamente semanales de los derivados del petróleo o de los hidrocarburos.
Lo que hay que plantear, porque hasta ahora y por todo lo que se ha supuesto en base a hechos verosímiles, parecería que el Estado y mediante el cobijo y apoyo de los gobiernos pasados y también del actual, ha hecho del asunto de los precios de los combustibles, la muestra más sonora como bochornosa, de corrupción desde el poder y con el agravante, de que se entiende que todos los partidos que han estado en el poder y sus dirigentes y senadores, diputados, alcaldes y regidores han participado en este festín de Baltasar, hasta ahora aparentemente inacabable, en contra de nuestra economía.
Con razón entonces, que haya que enfatizar y exigir a las autoridades de Industria y Comercio, de que es hora en cuanto a que terminen con esta situación de verdadero despojo y robo de los dineros de contribuyentes y consumidores, con el pretexto del mercadeo de los precios de los combustibles, pues si lo llevamos a números, estaríamos hablando de más de 25 mil millones de pesos que cada año estarían envueltos en lo que se entiende es la más amplia, grave, sostenida y muestra terrible de corrupción desde el ministerio de Industria y Comercio y la que no se explica que suceda, sino es porque el gobierno en sí la apoya y alienta.
Dicho esto, solo nos resta puntualizar, que, si los precios de los combustibles se aplicaran racionalmente y de acuerdo con el mercado y nuestra capacidad de almacenamiento, el Gobierno no tendría que otorgar subsidios. ¡Aquí hay gato entre macuto! (DAG)
