La Constitución de la República y en su título tercero del Poder Legislativo y en especifico en su artículo 77, inciso cuarto, dice: “Los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas”.
Es decir, los legisladores dejan de ser de sus partidos, desde el momento que cada uno juró a su cargo.
Y si se lee el artículo 85 del capítulo II, referente a la “Inmunidad de Opinión” y el que textualmente dice: “los integrantes de ambas cámaras gozan de inmunidad por las opiniones que expresen en las sesiones”, significa, que cuando un legislador y en sesión emite un discurso que no agrada a determinados de sus colegas, ni estos y mucho menos el partido, pueden pretender sancionarlo o interrogarlo y que como se ha visto, ha sido el grave error y despropósito cometido recién por el presidente y secretaria general del PRM al intentar castigar al diputado Eugenio Cedeño, que acaba de ser citado por una supuesta fiscalía partidaria, “por sus declaraciones misóginas”.
Ni hablar del otro exceso y violación constitucional perpetrado por la presidencia de la Cámara de Diputados, apartando a Cedeño de ser parte de los debates y discusión sobre el Código Penal, cuando ningún legislador puede experimentar abuso de poder semejante, inducido por un partido que se cree que está por encima del Poder Legislativo.
Todo lo anterior quiere decir, que, en la práctica, los legisladores actuales no están actuando en cumplimiento a la Carta Magna, en materia de la independencia que constitucionalmente tienen y lo que se ve en la actitud de súcubos de los presidentes de ambas cámaras, quienes se muestran como unos detestables matasellos del Poder Ejecutivo dictatorial, que es el poder arbitrario que hasta ahora se les impone y al que obedecen sin chistar.
Consecuentemente y por estas violaciones, los dominicanos y como electores, no tenemos en la práctica, un Poder Legislativo independiente al Poder Ejecutivo y que actúe como su formidable contrapeso, situación que debe ser corregida y estar sujeta a la elevación de una instancia ante el Tribunal Constitucional para que determine al respecto y esto, directamente o de manera inusual, por vía de un requerimiento ante la Suprema Corte de Justicia, que obligue al gobierno actual que encabeza el presidente Luis Abinader, a respetar la independencia del Poder Legislativo y parte del Judicial y a los que constriñe también en sus decisiones, por medio de impedir administrativamente que ambos poderes del Estado tengan libertad de administración de sus presupuestos anuales.
Al mismo tiempo, llama extremadamente la atención, la actitud despreciativa hacia la ley en el ejercicio del Estado de Derecho, que el Poder Ejecutivo patrocine un mecanismo arbitrario de prensa y tal como si existiera un Cuarto Poder del Estado a cargo de linchamientos mediáticos contra todo aquel ciudadano, institución o colectividad que no responda y en este caso, a lo que quiera o desee el presidente Abinader y en su pernicioso afán de imponérsele a la nación y tal como si fuera un poder absoluto.
Lo que hay que advertir, pues encima de que el PRM se robó los resultados de las elecciones municipales del 18 de febrero y las presidenciales y legislativas del 19 de mayo y gracias fundamentalmente a la deserción de sus responsabilidades constitucionales por parte del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) a cuyos miembros, parecería que vendieron vergonzosamente sus conciencias y al justificar el fraude demencial que Abinader y el PRM cometieron contra el libre ejercicio de la escogencia ciudadana.
Obligando a que se razone y porque ya que el nuevo gobierno que se inaugurará el próximo 16 de agosto es uno y por su origen, ilegal e ilegítimo y que se sustenta en el poder arbitrario de la interpretación inconstitucional con fines de imponer una dictadura política de hecho, que necesariamente sea la parte de la ciudadanía responsable cívicamente, la que se le imponga haciendo contrapeso y como ya se está viendo que deberá suceder y por ese interés malsano de Abinader y el PRM de querer abolir la cesantía y sin importarle que con ello se destruya la paz laboral y se aniquile la gobernabilidad y que sería lo que sucederá ante este afán demencial del gobernante y su partido por quedarse con todo y al igual que sus socios del empresariado y al ser parte de su gobierno plutócrata y para conformar el poder dictatorial absoluto que ya se entiende y mucho más, a partir de la ley 1-24.
Se está a tiempo pues, de que todo esto se dilucide desde hoy y por lo menos hasta el 15 de agosto y si es que los dominicanos no queramos llorar lágrimas de sangre y por los abusos de poder que Abinader y el PRM, es tan evidente que pretenden. Debemos tener una oposición política, firme, constitucional y capaz, no la blandengue de ahora y porque los presidentes del PLD como de la FP le cedieron los votos y traicionando a sus partidos y seguidores, al PRM y a Abinader. Danilo, por ajustarle cuentas a Leonel y este, porque solo estaba interesado en que su hijo llegara a senador.
¿Qué podría pasar si los capitostes del PRM, los popis del gobierno y el mismo Abinader se emborrachan de poder ilegal y arbitrario? Uno de estos dos escenarios y cuál de los dos peor: Una poblada de anarquía pura o un gobierno provisional de origen militar, pero fundamentado en la ávida sociedad civil. No podemos pensar que ese venga a ser el trágico destino de la República.
Mientras tanto, solo enfatizamos, en cuanto a que el juramento de un senador y un diputado, así como el de un alcalde y un regidor, constitucionalmente es uno que solo obliga a su detentador y solo ante la República, no ante el partido que le llevó. El olvido, ha originado el Poder Ejecutivo dictatorial. Con Dios. (DAG) 13.07.2024
