El que quiera vislumbrar qué entiende Sánchez por un plan de regeneración no tiene más que observar cómo Conde-Pumpido retuerce el Derecho para ponerlo al servicio de su señor.
La Moncloa se ha encargado estos años de situar a juristas de medio pelo en el Constitucional para que acompañaran a su actual presidente con el objetivo de blanquear los ataques al Estado de Derecho y la separación de poderes.
Una muestra de esa regeneración la tenemos en la mutación constitucional que representa su conversión en un tribunal político que actúa, también, en casación para corregir las sentencias del Tribunal Supremo. Es un modelo de justicia popular al servicio de la agenda de una izquierdista extremista.
Cualquier duda sobre el nivel jurídico y la competencia de Segoviano, Balaguer, Montalbán y Díez es fácil de esclarecer analizando sus currículos y publicaciones.
Por tanto, el modelo judicial en esta regresión del Estado de Derecho que promueve Sánchez pasa por poner la Justicia al servicio de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Hubiera sido más fácil elaborar una de esas leyes chapuceras a las que nos tienen acostumbrados que le otorgara una inmunidad universal y permanente que se extendiera a quien él determinara caprichosamente. El propio presidente podría definir a qué personas, en qué circunstancias y qué materias. Es cierto que sería un disparate, pero al igual que tiene la Fiscalía también tiene a Pumpido.
Por tanto, es constitucional aquello que quiera el presidente del Gobierno como hemos visto con la amnistía. Ni siquiera tiene que disolver el Supremo, ya que basta un pumpidazo para decir que se vulneró la legalidad penal y el derecho a la presunción de inocencia como ha hecho con Griñán y Chaves. Por supuesto, no sería aplicable al novio de Ayuso, así como a cualquier persona o institución que «huela» al PP.
Otro aspecto de la ofensiva pasa por encauzar, dicho irónicamente, la libertad de prensa, controlar a los medios de comunicación y repartir la publicidad para los sanchistas.
Nunca creí que viviríamos un esperpento en el que un líder socialista promovería un plan de regeneración democrática que nadie ha pedido para atropellar el Estado de Derecho con el apoyo de los comunistas de Yolanda Díaz y los bilduetarras de Otegi. Es el mayor ataque que hemos vivido contra la Constitución. Por: Francisco Marhuenda [La Razón]
