La estrategia sanchista es descalificar al juez Peinado por atreverse a investigar las actividades empresariales de la mujer del presidente. Hay unas denuncias que se formularon sin defectos de forma dando paso a una instrucción. En el Estado de Derecho no importa quién las presentó, sino que se ajustaban a lo que establece nuestro ordenamiento.
La Audiencia de Madrid autorizó al magistrado para que siguiera adelante en el procedimiento. Por tanto, la reacción del PSOE, el Gobierno y la izquierda mediática es tan extemporánea como esperpéntica.
Otra cuestión distinta es la legítima labor que hacen los abogados defendiendo a sus clientes. Lo inusual es que Begoña Gómez cuente con esta colección de fervorosos hooligans aficionados al Derecho en su partido y en la izquierda mediática que solo saben descalificar e insultar.
Es la primera vez que sucede, ya que ni vimos ni escuchamos este tipo de reacciones cuando los casos afectaban a dirigentes del PP o miembros de la Familia Real. La prudencia y el respeto de entonces se han convertido ahora en comentarios imprudentes e irrespetuosos. Sánchez debería contener a esta jauría política y mediática porque no favorece su causa y alienta el frentismo.
Me pregunto qué razones podía aducir el juez para archivar una denuncia formulada correctamente y con elementos que era razonable que se investigaran. Paco Camps sufrió una implacable y despiadada cacería utilizando la Justicia para destruirle personal y políticamente. Era inocente.
Hay otros casos en los que los afectados eran culpables. En todos ellos había que dejar trabajar a los jueces instructores, pero ahora no se quiere porque Sánchez y su familia deberían tener, entiendo, una inmunidad universal. Ni siquiera pueden ser investigados.
En este tipo de asuntos que afectan a cargos públicos o sus familias quiero que sean inocentes, porque afectan a la credibilidad y prestigio de las instituciones. El juez ha decidido interrogar a Sánchez como testigo en su condición de marido y no como presidente del Gobierno.
Es una decisión razonable, aunque no le guste al afectado, dentro del procedimiento tras el silencio de Gómez y escuchar a Barrabés. No presupone nada. Es cierto que Sánchez le pidió en 2017 a Rajoy que dimitiera por acudir como testigo. Ni entonces tenía sentido ni lo tiene ahora. En cualquier caso, la obligación de todos es colaborar con la Justicia. Por: Francisco Marhuenda [La Razón]
