El aprobar una amnistía para comprar unos diputados y así conseguir la presidencia del Gobierno es corrupción política. Sánchez se ha comprometido a conceder la soberanía fiscal a Cataluña, en un esquema similar al concierto económico vasco o el convenio navarro, a cambio de que ERC vote a Illa. No hay duda de que es corrupción política.
Es cierto que tenemos una idea de la corrupción unida al político o funcionario que acepta un pago económico. Es muy limitada. El Diccionario de la Lengua Española considera que es, también, la utilización indebida o ilícita de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho de sus gestores. Es, también, un «deterioro de valores, usos o costumbres».
Creo que Sánchez y sus seguidores no se pueden sentir ofendidos cuando se pone de manifiesto que utilizan las instituciones públicas en su beneficio personal y en contra del bien común. En este sentido, si nos acogemos a lo que señala el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico la definición es muy interesante: «comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos, o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria».
A estas alturas tenemos muy claro que hubo una promesa a Puigdemont para que sus diputados apoyaran a Sánchez a cambio de una norma ilegal, ilegítima e inconstitucional. No creo que ningún jurista se pueda tomar muy en serio la decisión que adopte Conde-Pumpido con el apoyo de un exministro socialista, una catedrática reciente y con escasas publicaciones que ha sido alto cargo socialista, una magistrada de lo Social, otra experta en violencia de la mujer y otros progresistas cuya trayectoria habla por sí sola. Nada que ver con los componentes del primer Tribunal Constitucional: Manuel Díez de Velasco, Aurelio Menéndez, Francisco Rubio Llorente, Francisco Tomás y Valiente, Jerónimo Arozamena, Rafael Gómez-Ferrer, Ángel Escudero del Corral, Plácido Fernández, Gloria Begué, Luis Díez-Picazo, Manuel García-Pelayo y Ángel Latorre. Todos eran maestros en sus respectivas disciplinas. Unos eran catedráticos y otros magistrados, pero, desde luego, de un nivel incuestionable. Es cierto que se correspondían, también, a la realidad de una clase política que era excepcional. No hay más que ver las trayectorias de los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales de los gobiernos de Suárez, Calvo-Sotelo o González. He decidido, expresamente, quedarme en ese período. Por tanto, Conde-Pumpido ha conseguido, desgraciadamente, conducir el Tribunal Constitucional a un nivel de descrédito, con las resoluciones que ha adoptado y me temo con las que lleguen en el futuro, que jamás imagine en un magistrado del Tribunal Supremo.
La corrupción política a la que estamos asistiendo, que nada tiene que ver con la económica, responde a los intereses personales de sus protagonistas, que quieren seguir en su cargo u obtener uno nuevo sin importarles del ordenamiento constitucional y atentar contra la igualdad y la solidaridad entre los españoles. Con respecto a la amnistía no me voy a extender, porque existe un rechazo generalizado en el mundo jurídico que saben de Derecho mucho más que los propagandistas de la izquierda política y mediática. El tema del concierto económico para Cataluña es manifiestamente inconstitucional al igual que el frívolo proyecto federalizante que se ha inventado Sánchez para justificar su entrega a los independentistas. La Constitución resolvió satisfactoriamente la organización territorial de España, así como el reconocimiento de los hechos diferenciales. Es lógico que los independentistas no se sientan satisfechos. Lo insólito sería que así fuera, porque su objetivo es la ruptura. No se puede esperar lealtad constitucional en aquellos que quieren acabar con la Constitución y destruir España.
El problema no está en lo que ellos quieren, sino en las cesiones que ha hecho el PSOE y sus consecuencias. No es una casualidad que el origen de esta situación provenga de la decisión socialista de marginar al PP en la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña o más recientemente de pactar con los independentistas, los comunistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. La ruptura del consenso constitucional ha sido una catástrofe, pero Sánchez sigue instalado en esta estrategia frentista basada en el radicalismo y las cesiones. El federalismo es un sistema político minoritario en el mundo que encontramos en democracias plenas como Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India, México y Suiza.
Es una formulación básicamente moderna. No comparto los intentos de remontarlo al sistema político israelita, a las ligas griegas o la estructura social y cultural de los imperios de la Antigüedad. Otro intento es buscar un antecedente en el feudalismo, el sistema de fueros durante la Reconquista que buscaba fomentar la repoblación de los territorios que habían ocupado los musulmanes a sangre y fuego o en la estructura medieval de las Coronas de Castilla y de Aragón. Es algo más coherente utilizar, aunque con matices, la unión dinástica de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, el Imperio Sacro Romano Germánico, las Provincias Unidas y Suiza. Es más acertado arrancar con Estados Unidos que no tenía los lastres del feudalismo y un orden jerárquico preexistente y respondió a la unión igualitaria de unas colonias que se levantaban contra la metrópoli. En este sentido, cabe recordar que el general Washington, comandante en jefe del ejército Continental, promovió que el modelo confederal fuera sustituido por el federal para luchar con mayor eficacia contra los ingleses. La Convención de Filadelfia (1787), bajo su presidencia, redactó una Constitución claramente federal que reemplazó los Artículos de la Confederación. España no necesita las ocurrencias de Sánchez y sí una mayor lealtad constitucional, un respeto a las decisiones de la mayoría de los españoles y un mejor conocimiento sobre el federalismo que es, sobre todo, igualdad y unidad nacional, que es algo que no quieren los independentistas con el apoyo, desgraciadamente, del líder del PSOE. Por: Francisco Marhuenda (La Razón)
