Es lamentable que en este país la mayoría de su gente no sepa conceptualizar, pues si así fuera, haría rato que se entendiera, que ciertas modificaciones o enmiendas que se le han hecho a la Carta Magna y siempre en función de los intereses políticos preponderantes a determinado tiempo, no han sido a lo absoluto a favor de la institucionalidad y sí de determinados intereses creados.
Por ejemplo, el agente o vendedor de productos médicos, Juan Bosch Gaviño, que así era como ejercía en Cuba durante sus años de exiliado allí, al descubrirse como líder político en el exilio, desde que logró su reconocimiento como político exiliado, trató todo el tiempo por ver como su situación de dominicano se legalizaba.
Fuentes bien documentadas en wikipedia, recuerdan, que el personaje, “Juan Bosch nació en la ciudad de La Vega el 30 de junio de 1909. Hijo de la puertorriqueña de ascendencia española Ángela Gaviño Costales, (cuyo padre era gallego, nacido en La Guardia) y de José Bosch Subirats, español de origen catalán, nacido en Tortosa”.
Lo que significa, que el político y futuro presidente por siete meses a partir del 1963, la Constitución vigente no le reconocía como dominicano de origen y tampoco cumplía con el requisito de haber vivido de continuo no menos de cinco años en el territorio nacional.
Encontrándose semejante impedimento constitucional doble y en momentos que en el país había un gobierno de facto hijo de un golpe de estado propiciado por los antiguos trujillistas disfrazados de lleno como “demócratas” en el gobierno del Consejo de Estado, este y presionado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el exilio debió abocarse a quitarle el impedimento.
Pero al hacerlo, no se cuidó el detalle de colocar un párrafo en la parte modificada del estatuto constitucional, de que inmediatamente naciera el nuevo gobierno democrático, la Asamblea Nacional y como asamblea revisora, tenía que ratificar ese cambio y para que de esa manera se encuadrara dentro de lo legal y legítimo.
Al no actuar correctamente, resultó, que, en base a esa enmienda, Bosch llegó al poder bajo una premisa falsa, ilegal e ilegítima y la que tampoco se corrigió cuando en junio de 1966 llegara al poder "legítimo y constitucional", el presidente Joaquín Balaguer para el periodo 1966-1970, pues la Asamblea Nacional Revisora que le acompañó no hizo nada de cambio a este respecto y lo más singular, que nunca las reformas sucesivas tampoco tomaron el dato en cuenta.
En consecuencia y ahora que el presidente Luis Abinader sometió ayer via secretaría del Senado de la República, su propuesta de nueva reforma constitucional, el momento debe ser oportuno para que tal error de escritura y legal fuera corregido dentro de la nueva reforma y para que, de esa manera, los gobiernos posteriores al actual no corran con el mismo estigma de ilegalidad e ilegitimidad, que desde el 1962 al presente, han tenido TODOS los gobiernos.
De lo que hablamos, no es poca cosa. Pues al darse esta fase de ilegalidad e ilegitimidad continua, automáticamente debe entenderse que todas las decisiones administrativas de Estado y de todos los gobiernos en el lapso a que nos referimos, en puro derecho o en pura técnica jurídica, son ilegales e ilegítimos y por lo tanto deben ser borradas de los registros públicos, pues el Estado Dominicano sus decisiones y leyes han sido las propias de un estado delincuente.
De ahí que, si se quiere enmendar semejante error institucional continuo, debe procederse y en el sentido que exponemos y no por fastidiar, sino porque eventualmente y si a la República le sobreviniera un golpe de Estado, este se encontraría fundamentado en una base jurídica constitucional totalmente falsa y lo que paradójicamente le daría características de un nuevo tipo de legalidad y de legitimidad hasta ahora desconocida.
Esta realidad, ¿qué nos dice?, que desde hace 62 años continuos los dominicanos no hemos vivido dentro de un verdadero estado de derecho y en consecuencia, es hora que semejante error continuo y esto lo recalcamos, haya que repararlo.
Mientras tanto, ¿qué es lo que queda?, que como consecuencia de vivir dentro de un entramado corruptor y de corrupción plenos, en todos estos años NUNCA hemos tenido un gobierno genuinamente democrático y sí la sucesión continua de administraciones de gobiernos regidos por parámetros de corrupción institucional, que si los mismos no son modificados por la enmienda que sugerimos, los dominicanos de este siglo, también vivirán dentro del mismo estigma de tener gobiernos no democráticos y sí de presidencia totalitaria y la que de hecho, ha sido el mayor incentivo para la notoria pérdida de institucionalidad y en pareja con el entramado de corrupción a gran escala, que como se comprueba, ha normado la vida nacional y afectado a cuatro generaciones.
Todavía más y si continuamos analizando el hecho desde lo más cierto de la técnica procesal jurídica, tenemos que convenir, que si no se hace la enmienda que señalamos, todo el estatuto jurídico de esta nación se encuentra en veremos e incluyendo los acuerdos internacionales que hayan sido firmados por un Estado Dominicano que hasta ahora no es legal y tampoco legítimo.
Agreguemos el otro dato, que para los efectos son realmente traumáticos: Que todos los hechos y delitos de corrupción desde el Estado son pasibles de ser considerados como que no existieron y de esto suceder, el desbarajuste jurídico que se nos vendría encima sería más que traumático.
Rogamos pues al Congreso Nacional y a los llamados “expertos constitucionalistas”, compuestos por todos esos egos sobredimensionados y quienes nunca han analizado esta realidad que exponemos, a que corrijan la falla jurídica que planteamos, pues de no hacerlo y ya dada la información, perfectamente que podría ocurrir, que el gobierno que recién comienza, fácilmente se le pudiera imputar como inconstitucional y si en dado caso, deviniera una crisis política estructural que demandara su cese.
Ojalá que se entienda del porqué de nuestra justa alarma y al puntualizar, que la reforma constitucional del 1962 realizada por un gobierno de facto, marcó para siempre con la instalación y juramentación de Bosch, la corrupción política institucional hasta el presente y ni hablar de la otra generalizada. Con Dios. (DAG) 20.08.2024
