Somos un país pequeño en población y territorio, aunque ampuloso en división territorial: 32 provincias, 158 municipios y un montón de distritos municipales.
La primera constitución (1844) estableció cinco provincias: Compostela de Azua, Santo Domingo (hoy Distrito Nacional), Santa Cruz del Seibo, Concepción de La Vega y Santiago de los Caballeros.
Durante casi un siglo, entre 1844 y 1932, solo se crearon 7 provincias más, para llegar a 12: Puerto Plata y Samaná (1865); Monte Cristi (1879); Barahona (1881); San Pedro de Macorís (1882); Espaillat (1885); Pacificador, hoy Duarte (1896).
Rafael Trujillo, en su afán de control político, estableció 15 adicionales entre los años 1932 a 1961 para llevarlas a 27; más que las duplicó: San Cristóbal (1932); Dajabón, Peravia, y San Juan de la Maguana (1938); Bahoruco y Elías Piña (1943); La Romana (1945); Independencia y Santiago Rodríguez (1950); Salcedo y Sánchez Ramírez (1952); Pedernales (1958); María Trinidad Sánchez y Valverde (1959); La Altagracia (1961).
Con posterioridad se agregaron cinco, movidas por el gusanillo clientelar, para llegar al número actual de 32: Monseñor Nouel y Monte Plata (1982); Hato Mayor (1994); San José de Ocoa (2000); y Santo Domingo (2001).
Ahora no tenemos tiranía. Y estamos a las puertas de una reforma de la fiscalidad que exigirá mayor racionalidad del gasto público y obligará a los ciudadanos a incrementar su contribución a las arcas públicas. De ahí que para darles legitimidad y aval moral resulte imperativo corregir la estructura burocrática hipertrofiada del Estado.
Dentro del conjunto de reformas propuestas por el presidente Luis Abinader se encuentra la reducción del número de diputados, a lo que convendría agregar el rediseño de la división política territorial y la reconfiguración de las instituciones públicas.
Hay provincias que no tienen razón de ser, con población muy menguada. Podrían refundirse en unidades más grandes. Eso reduciría la matrícula del Senado y le daría representación territorial más equilibrada. También disminuiría la membresía de la Cámara. En contraste, existen otras sobrecargadas de población, con gran extensión territorial, lo que ameritaría una redistribución.
Si se fija la atención en el número de diputados que existe en algunos países y su relación con el tamaño de la población, se observa lo siguiente: Los Estados Unidos tienen 333 millones de habitantes y 435 diputados. España 49 millones de pobladores y 350. Chile 20 millones y 155. Costa Rica 5.2 millones y 57 diputados.
La República Dominicana registra 190 diputados (178 por circunscripciones, 5 nacionales y 7 del exterior), con solo 11.2 millones de pobladores.
En términos comparativos nuestro número de diputados con respecto a la población es desproporcionado. Si utilizáramos el patrón de los Estados Unidos deberíamos tener solo 15 diputados. Si usáramos el de España, 80. Según el de Chile, serían 87. Y si fuere el de Costa Rica llegaríamos a 122 diputados.
El presidente Abinader sugiere (pendiente de conocer la propuesta sometida al Congreso) disminuir la cantidad de representantes de 190 a 137; 53 menos. En concreto, bajar en 68 los electos en las circunscripciones y subir los nacionales en 15.
La reducción que plantea va por buen camino salvo que no parece apropiado aumentar al mismo tiempo en 15 el número de diputados nacionales. Esa parte no luce coherente con el propósito de la reforma.
Lo que sí resulta coherente es disponer que cada provincia pueda elegir un mínimo de un diputado, en vez de dos como reza la Constitución. Y modificar al alza el coeficiente de representación proporcional según el número de votantes para alcanzar un número total que no sobrepase de 120, incluyendo los actuales 5 nacionales y los 7 del exterior. O sea, 108 por circunscripciones nacionales.
Esta elaboración implica tener 70 diputados menos, casi lo mismo que propone el presidente Abinader si se dejaran igual los diputados nacionales (53 más 15 = 68). De esta manera se liberarían recursos suficientes para que la Cámara realice su labor a plenitud y deje de ser un gigante con pies de barro.
En este período de renovación en que sobrevuela la promesa de reformas profundas para mejorar el funcionamiento del Estado y de la sociedad, es propicio apoyar el cambio de más calidad y menos cantidad para tener representantes en el Congreso Nacional que destaquen por sus iniciativas y aportes. Exijámosles, en adición, solvencia intelectual y moral.
Un legislador responsable, reflexivo, dotado de conciencia nacional, herramientas intelectuales sólidas, y recursos institucionales adecuados para efectuar su trabajo, en principio goza de aval para la defensa del ordenamiento democrático y del equilibrio entre los poderes del Estado, lo cual no estará nunca exento de ser demostrado porque en última instancia depende de la catadura de cada ser humano. Por: Eduardo García Michel (Diario Libre)
