Por Ricardo Elías Melgen
Al finalizar el régimen de Trujillo en el año 1961 y con el desarrollo del movimiento obrero, emerge una clase media creciente y un nuevo modelo llena la demanda no cubierta por el sistema de seguro social; los proveedores privados e igualas médicas y los servicios propios de agrupaciones sin fines de lucro. Muchas empresas y sus trabajadores comenzaron hacer doble cotización por la atención médica; el aporte obligatorio que no respondía a sus necesidades y el pago a proveedores privados y aseguradoras, ocasionaba una alta inequidad en el acceso a la salud, pues dependía de la capacidad de pago del individuo, convirtiéndose el sector privado en el principal prestador de servicios, a partir del año 1966 se incrementa el crecimiento de las igualas médicas, entidades privadas, con gestión descentralizada, regidas por contratos privados sin regulación estatal, y financiamiento voluntario por parte del cliente; el sistema de cobro era por capitación, esto es, un pago mensual que cubría las necesidades de salud del afiliado. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, la salud pública no era considerada prioridad gubernamental, las políticas de ajuste estructural promovida por el consenso de Washington llevaron a un sistema público de salud desfinanciado, operando con precariedad, enfrentando una serie de problemas con servicios de baja calidad, concentrados en la capital del país, aglomerados en el tercer nivel de atención y altamente ineficientes, con baja cobertura y falta de recursos. Esta situación ocasionaba costos para los pacientes por la utilización masiva de servicios privados que crecieron rápidamente, con regulaciones mínimas.
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A partir de la década de los 90, por iniciativa y apoyo de organismos internacionales, se inician esfuerzos por solucionar los problemas que presentaba el sistema de salud dominicano, el Gobierno de entonces, reconoce la crisis que afectaba el sistema de salud dominicano y define un conjunto de problemas, retos y recomendaciones para transformar el sector. Estas propuestas alineadas con las ideas presentadas en dos documentos del Banco Mundial, “Invertir en salud” y “Financiación de los servicios de salud en los países en vías de desarrollo” venían promoviéndose en toda la región con apoyo financiero del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, concebía dos etapas; una primera planteaba que la salud era una responsabilidad del individuo a ser resuelta en el mercado y que las intervenciones del gobierno estaban dirigidas solo en la provisión de bienes públicos de salud (promoción de la salud) con un paquete de servicios costo-efectivo para la población pobre, la segunda etapa enfocada en el aseguramiento, con participación subsidiaria del Estado, bajo la lógica de apertura del sector privado en el sector salud. La propuesta orientada hacia la Cobertura Universal de la Salud, el aseguramiento y la separación de funciones, era impulsada por la Fundación Rockefeller, Lancet, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y se instrumentó en distintos países de la región iniciando en Chile y luego Colombia.
La concepción de separar las distintas funciones del sistema de salud era una condición necesaria para crear el mercado de salud y la competencia entre los administradores y entre los prestadores; un modelo a imagen del seguro privado y que se centra en la atención médica del individuo donde el gobierno asume las funciones de seguridad sanitaria y de salud colectiva. Estas reformas de los sistemas sanitarios tienen que ver con la expansión de la teoría de pluralismo estructurado que propone organizar el sistema en cuatro funciones (separación de funciones): Modulación, Financiación, Articulación y Prestación de Servicios (instituciones públicas y privadas) así como el aseguramiento con inscripción competitiva en planes de salud a cambio de una capitación donde cada persona asegurada representa un pago potencial. La ley 100 colombiana (1993) fue presentado como el caso exitoso a seguir para las reformas de los sistemas de salud en la región y garantizar la cobertura universal de la salud. A partir del año 2001 se define el nuevo marco legal para el sistema de salud dominicano, se establece un sistema complejo de instituciones de naturaleza pública, privada y sin fines de lucro, especializadas en funciones específicas, relacionadas con; la rectoría, aseguramiento, financiamiento y provisión de servicios; definiendo un nuevo modelo en el sistema de salud con nuevas formas de organización; la Ley General de Salud (Ley 42-01) y la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Fuente: Hoy
