domingo, septiembre 1, 2024
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Pero ¿Abinader se estará dando cuenta del grave saqueo que el PRM está ejecutando en toda la administración pública?

Tómese el caso de los uniformes escolares, de los zapatos para estudiantes, de los libros y lo que resulta, es más que pavoroso y ante el saqueo que la empleomanía pública está efectuando contra los padres de familia y lo que increíblemente es un despojo, mejor dicho, un robo a gran escala que se está perpetrando y que la prensa mercancía no recoge.

Un polochirt (poloche), por ejemplo, los padres de los alumnos, se los entregan sí, pero primero entregando 400 y 800 pesos por unidad, los pantalones pasan de 500, los zapatos, también los entregan, pero después de pagar entre 800 y mil pesos y las insignias en los polochirts cuestan 200 pesos y que se las cosan en la tela son otros 100 pesos.

En fin, es un mercado persa que en el Gobierno tienen con el asunto de que la “educación es gratuita”. Y la pregunta viene ¿en Educación o el Inabie, no hay supervisores?

Todavía más, hay una tarifa para que los padres puedan inscribir a sus hijos en las escuelas que les corresponda. En resumen, cada padre o madre deben tener no menos de 15 mil pesos para cubrir todo el proceso y lo que realmente no es justo, cuando el presupuesto educativo del 4 % del presupuesto nacional, se supone que esos gastos deberían ser cubiertos.

Entonces, ¿para qué está el gobierno en lo relativo a Educación? Y lo mismo ocurre en otros aspectos de los presupuestos públicos en salud y en subsidios. Por todos los ciudadanos tienen que pagar y entonces viene la sospecha generalizada de, ¿qué hace el gobierno con su presupuesto anual y su ejecución?

Pues hay una sospecha, ¿será que, en materia educativa, en realidad el presupuesto asignado solo está en el papel y en la propaganda, pero no que es un dinero que estás en efectivo para cubrir esas obligaciones?

Necesariamente hay que formularse todas estas preguntas y cualquier otra que surja, pues lo que al final queda, es como si el gobierno se hubiese convertido en una especie de compra y venta y mercado clientelar tan abusivo, que se da la impresión de como si el Estado estuviera tomando por asalto a los ciudadanos.

Ante esta secuencia de ilícitos a gran escala, ¿quién despeja dudas y ofrece las necesarias explicaciones?

He ahí el caso del escandaloso retroceso en el sector eléctrico, donde el gobierno primero despidió a la mayoría de sus técnicos y empleados y sustituyéndolos por compañeros del PRM sin experiencia y nada de preparación y dándose el resultado, que Catalina, ahora resulta que de haber dado un servicio estupendo antes de agosto de 2020 y al grado de que a nivel nacional no habían apagones y sí superávit táctico en materia de energía almacenada  con el que cubrir un consumo extra, a este día, es una empresa deficitaria, que factura menos que en 2023; suben sus gastos y número de empleados y su funcionario principal habla de que los apagones no se detendrán, mientras tira las culpas o pretende desviar la atención tal como si los ciudadanos fuéramos unos idiotas, a un proceso de compra de transformadores y los que en razón de las políticas de los países donde se adquieren, conllevan la natural burocracia y sus plazos de entrega y mucho más si el pedido se atrasó.

Pero ahora  el empresario Celso Marranzini, quien dicho sea de paso, es el principal suplidor de equipos eléctricos a nivel privado y casi teniendo un monopolio, con lo que de hecho tiene un conflicto de intereses, arma un escándalo mediático y con el perverso interés de desviar responsabilidades al funcionario de la principal distribuidora de electricidad y sabiendo perfectamente que el administrador de Edesur o cualquiera otra, sus administradores no pueden realizar ningún pago o transferencia si Marranzini no lo autoriza.

¿Y por qué sucede esta anomalía administrativa?, porque un grupo de intereses privados y con Marranzini a la cabeza, ha logrado que el presidente Abinader autorice la propuesta empresarial de privatizar todo el sistema eléctrico y colocándolo en sus manos y al hacerlo, no solo que le entrega a empresarios privados una infraestructura pública que podrán utilizar sin haber puesto un centavo, sino que al actuar como un rudo monopolio, afectará sensiblemente el costo del kilovatio-hora y en perjuicio de los consumidores

Muchos desconocemos y esto hay que decirlo, ¿qué es lo que le pasa al presidente Abinader?, que parecería que no se da cuenta de la encerrona que sus socios en su gobierno plutocrático le están creando y al grado, de que ya no hay día que sectores populares capitaleños y en más de 50 ciudades, se están tirando a las calles a protestar por los continuos apagones y como expresión del gran descontento popular que es imposible ignorar.

Mientras todo lo anterior ocurre y que está afectando seriamente la gobernabilidad, Abinader, parecería que solo se ocupa de su propuesta de reforma constitucional secreta y en consecuencia, el gobierno comete serios errores de administración con enajenación del patrimonio público y que están generando serios interrogantes entre las fuerzas vivas.

He ahí el caso reciente de más de dos millones de metros cuadrados de playa adquiridos por inversionistas allegados al gobierno y adelantando un primer pago de la mitad del valor que se acordó y pagando el resto en cómodos plazos. Mientras los nuevos dueños, de inmediato logran un préstamo millonario de la banca gubernamental y para desarrollar un proyecto turístico bergantín y sin haber aportado un solo centavo de su peculio propio y que de hecho es una muestra descarada de enriquecimiento en base a activos públicos.

Toda esta colección de hechos tan abusivos como irritantes, al parecer, nadie dentro del gobierno ofrece las explicaciones de lugar y lo que está mal o lo nuevo, que si usted está conduciendo su auto y un agente policial de tránsito le detiene, al pedirle su licencia de conducir, se expone a que el agente le imponga cuantas infracciones quiera y de este modo, al usted ir a renovar su documento, se tiene que encontrar con determinadas infracciones que usted nunca cometió y que sucede porque esa policía de tránsito, el gobierno le aparta un 30 por ciento del valor de la infracción y de ahí la voracidad fiscal que la ahoga.

Es decir, nunca este país había sido manejado por gente de gobierno o autoridad de uniforme tan desalmada como delincuente y entonces viene la pregunta, ¿a quién acudir y para que el gobierno se ajuste a Derecho?

Por eso nos preguntamos: Pero ¿Abinader se estará dando cuenta del grave saqueo que el PRM está ejecutando en toda la administración pública? Con Dios. (DAG) 24.08.2024

 

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