Después de los hechos violentos del 1937, mediante los cuales, una parte de la población dominicana de la época y arraigada en el Cibao Central así como en el Sur corto y San Juan de la Maguana, demandaba de las autoridades que se hiciera algo para frenar la real invasión haitiana que se perpetraba y al grado, de que en esas regiones, circulaba más la moneda haitiana que la nacional y los comercios haitianos abarcaban casi el 25 % de los existentes y para citar un caso, hubo un reflujo en la migración haitiana y hasta llegar la primera parte del año 1962.
Es decir, durante un lapso de 25 años (1937-1962) los haitianos se abstuvieron de pisar, entrar o residir en el territorio nacional y por el temor que les causó la reacción dominicana de rechazo absoluto hacia la abrumadora inmigración que perpetraban y al amparo de la desidia de gobiernos anteriores a Trujillo y en los primeros seis años y medio de la Era de Trujillo.
Desde luego, ello no significó que los haitianos con residencia legal hubiesen experimentado algún tipo de molestia o persecución. Primero, porque el nivel de sentido común y educación de los dominicanos de aquellos tiempos era muy superior a querer efectuar medidas persecutorias irreflexivas y lo que lo demostró el primer censo nacional de población y familia de 1920, que consignó entre 27 a 35 mil ciudadanos haitianos con residencia legal y que benefició a sus familias de padre haitiano y madre dominicana o padres haitianos.
Hoy, a 104 años de aquel censo, esas familias y las que tenían ciudadanos del país transfronterizo, sus descendientes (prácticamente cuatro generaciones) son dominicanos de pleno derecho y como tales, actuando de una manera totalmente integrada al resto de los dominicanos.
Sin embargo, el cambio de paradigma que ha ocurrido desde que en el 1967 llegaron los primeros braceros haitianos bajo contrato migratorio entre los dos países y bajo la firma de los presidentes Duvalier padre y Joaquín Balaguer, eran unos dos mil y quienes engrosaron de inmediato la mano de obra para la industria azucarera y a partir de ese año hubo más ingresos de braceros, quienes con el tiempo se diversificaron en la industria de la construcción.
De aquellos obreros haitianos, no menos de la mitad se quedó en el territorio nacional y prácticamente ocultos en los bateyes cañeros (reductos de semi esclavitud donde mal vivían y bajo control policiaco privado de los ingenios de caña de azúcar). Hablamos y en número redondos, de que en el lapso 1967-1997 esos haitianos se habían traslado a otros lugares y ciudades dominicanas y por el orden y esto, calculado conservadoramente, de no menos 30 mil personas.
Lo anterior quiere decir, que el haitiano bracero de 18 años que entró bajo un contrato de trabajo de los dos estados, al 1997 tenía 48 años y ya con un cuadro familiar propio, que muchas veces estaba formado por padre haitiano con madre e hijos nacidos en el país y quienes entre 1997 y 2012 (15 años) sus hijos y por el paso de ilegal a documentado, eran dominicanos de pleno derecho y tanto por nacimiento como por sangre.
Después del 2013 al 2020 (7 años) hubo una explosión de entrada de haitianos ilegales y para satisfacer la mano de obra de la agroindustria, la construcción, la hotelería y los servicios domésticos y que ocurrió por la compra de voluntades, en las que incurrieron miembros del empresariado y la industria, quienes a su vez propiciaron la corrupción actual dentro de militares, policías e inspectores de migración y quienes en complicidad con sus jefes, han montado el millonario negocio ilegal de tráfico y trata de personas preferentemente haitianos.
A estas alturas la situación se ha salido de control y se tiene, que por culpa de dos gobiernos: PLD y PRM quienes ocuparon el lapso 2004 al 2024 (20 Años) en el territorio nacional y mal contados, se habla de 800 mil ciudadanos haitianos, de los cuales, unos 300 mil está regularizados y 500 mil son ilegales o indocumentados.
Entonces y al darse el despertar nacional, de que, de golpe, los dominicanos tenemos una reedición mayor de lo ocurrido en los años de la década de los años treinta del pasado siglo, que una fuerte mayoría nacional demande y por el alto costo en afectación de presupuestos y recursos públicos que influyen negativamente en la calidad y nivel de vida para los dominicanos, que el gobierno del presidente Abinader iniciara un fuerte accionar de repatriación del haitiano ilegal.
La medida, enfrenta la oposición del actual gobierno haitiano dirigido y compuesto por burócratas de organismos internacionales que son profundamente anti dominicanos y quien -ese gobierno- increíblemente, no acepta que el gobierno dominicano repatrie haitianos ilegales hacia su país, en tanto sectores “progresistas” dominicanos de la pequeña burguesía, también atacan la medida que pretende la deportación masiva de no menos diez mil haitianos ilegales cada treinta días.
Consideramos, que de ese medio millón de indocumentados, por lo menos la mitad tiene más de cinco años viviendo y trabajando en este país y por lo tanto, debería de otorgárseles el estatuto de residentes legales y en cuanto al resto que no tiene ni un año en el territorio nacional debe obligárseles a ser deportados pura y simple y a estos, facilitarles los 20 mil pesos por persona de que hablamos.
Por supuesto en el territorio nacional también hay grupos de profundo odio anti haitiano y como son el Instituto Duartiano y los sectores patrocinadores de seudos “nacionalistas” en torno a la Plaza de la Bandera y quienes estúpidamente, hablan de supuesta “invasión” haitiana, cuando si hay indocumentados, ha sido por la corrupción de las mafias de traficantes de personas y estas compuestas por militares, policías y de migración y la parte del empresariado, todos dominicanos, atosigados por un indecente afán de lucro que patrocina la explotación económica más terrible contra los indocumentados.
Ahora bien, hemos estado sugiriendo, que a los que deben ser repatriados, se les otorgue un subsidio o gracia económica de 20 mil pesos por persona y para que vuelvan a su país con menos aflicción. Hablamos entre 600 y mil millones de pesos, con lo que nos ahorraríamos los casi dos mil millones de pesos, que, por año, las mafias militares, policiales y de inmigración se embolsillan.
Y al sugerirlo, pensamos, que la expulsión pura y simple, no ayuda para que los enemigos de este país en organismos y prensa internacionales cesen sus abusivos y tendenciosos como mentirosos ataques contra nuestro derecho como país soberano de deportar a todo extranjero ilegal.
De ahí, que queriendo ayudar a una solución justa, propongamos la regularización inmediata de 300 mil haitianos con más de cinco años viviendo aquí y la búsqueda de una solución pragmática a los otros 200 mil con menos de un año en el territorio nacional.
Por eso, lo importante, es buscar la solución al problema migratorio creado por nuestros gobiernos y el empresariado básicamente y avivado por esos contrasentidos haitianos, por lo que, tanto son mal agradecidos y al mismo tiempo oportunistas y sus incapaces como incompetentes gobiernos, solo avivando la anti-dominicanidad para mantenerse en el poder. Con Dios. (DAG) 10.10.2024
